El Tribunal Superior de Australia, la máxima instancia judicial del país, dio hoy luz verde a que se realice una encuesta postal no vinculante sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
De ganar el sí en el sondeo, el Gobierno conservador permitirá a sus diputados que propongan antes de Navidad la reforma de la Ley de Matrimonios de 1961, la cual fue enmendada en 2004 para precisar que esta unión es exclusiva entre un hombre y una mujer.
Pero si gana el no, el Gobierno dejará la reforma de lado, aunque los laboristas, en la oposición, han prometido que, de ganar las elecciones generales previstas para 2019, organizarán un debate en el Parlamento en los primeros cien días de su mandato.
El panel de siete magistrados del Superior desestimó de manera unánime el recurso contra la iniciativa gubernamental presentado por activistas LGTBIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y «queers»).
Los demandantes habían recurrido, a falta de otras posibilidades, contra la constitucionalidad del fondo destinado por el Ejecutivo del primer ministro Malcolm Turnbull para financiar el «plebiscito postal».
La juez Susan Kiefel dijo que los 122 millones de dólares locales (97 millones de dólares o 81,5 millones de euros) aprobados para la encuesta entran dentro de la potestad del Gobierno, porque «la sección 10 (de la Constitución), en su propia construcción, autoriza al ministro de Finanzas a hacer la partida».
El fiscal general, George Brandis, resumió el fallo a la prensa congregada ante el Senado al decir que «la decisión del tribunal implica que ahora no hay impedimento legal para que se proceda con el voto postal».
La Oficina Australiana de Estadísticas empezará el 12 de septiembre a repartir a unos 16 millones de ciudadanos una papeleta con la siguiente pregunta: «¿Debería cambiarse la ley para permitir a las parejas del mismo sexo se casen?».
Los participantes dispondrán hasta el 7 de noviembre para devolver la respuesta y el resultado se anunciará el 15 de ese mes.
El fallo judicial ha generado reacciones mixtas por parte de los rechazan o aceptan el matrimonio entre homosexuales, quienes temen el impacto de las campañas de odio y acoso contra la comunidad LGTBI, especialmente de grupos neonazis que han distribuido material homofóbico.
Turnbull felicitó a la justicia y animó «a todos los australianos a votar en esta encuesta», y adelantó que tanto él como su esposa, Lucy, votarán a favor.
Otra parte de los conservadores apoyará el no, como el ex primer ministro Tony Abbott, cuya hermana es lesbiana.
La senadora Janet Rice, del Partido Verde y quien formó parte de los demandantes, se mostró muy decepcionada por el fallo, «especialmente de cara a las personas que han sido dañadas por la campaña mentirosa del ‘no'».
«Es una vergüenza que el Gobierno haya elegido someter un asunto de derechos humanos a una encuesta», adujo Rice.
El arzobispo de Sídney, Anthony Fischer, defendió el «plebiscito postal» porque las bodas gais tienen «consecuencias para todos los australianos, así que es justo que todos los australianos opinen».
Aunque la encuesta todavía no ha empezado, la campaña ya está en marcha y se espera que se intensifique en los próximos días.
El director ejecutivo de la Campaña de Igualdad, Tiernan Brady, dijo que van a por todas para ganar «un voto a favor del valor, la dignidad y el estatus de los miembros de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y la gente del país los apoya».
El portavoz de la Coalición por el Matrimonio, Lyle Shelton, vinculado al Lobby Cristiano Australiano, prometio por su parte «una campaña respetuosa» centrada en las consecuencias de la eventual legalización.
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