La justicia del todo vale

A diez años de la puesta en marcha del Sistema Procesal Penal, los múltiples desaciertos pasan inadvertidos o se disimulan, pese al corte mediático del actual modelo. Por ello, la tarea de los fiscales en su afán por mostrar resultados, ha contribuido a poner en entredicho la imagen y la honra de inocentes, que han padecido los efectos de una forma de impartir justicia que padece de miopía.

La inculpación policial, judicial y mediática del obrero Cristián López Rocha, de 36 años, como “el violador de la bicicleta”, en Ñuñoa, o el inadvertido caso del reportero gráfico Maurice Hiriart, a quien la policía le “reventó” su casa una fría madrugada de mayo último, buscando a un joven y avezado ladrón que fijó domicilio con su dirección, en La Florida, son parte de una larga lista de chambonadas y papelones cometidos por el Ministerio Público (MP) y las policías, desde la puesta en marcha del Sistema Procesal Penal (SPP), hace diez años.

Son, además, prueba de que las aspiraciones del debate para implementar la reforma al sistema jurídico chileno, allá por los ‘90, siguen siendo un tema no resuelto, particularmente en lo que respecta al accionar policial dentro del SPP.

“Es complejo, porque tenemos que enfrentar distintas formas de actuar. Hay tantos procedimientos, como fiscalías y su relación con las policías. Eso evidencia, luego de casos como el de Cristián López, la necesidad de mayor coordinación entre el órgano que dirige la investigación y quienes la ejecutan”, advierte Paula Vial, jefa nacional de la Defensoría Penal Pública, contraparte de la Fiscalía en el nuevo modelo judicial.

EL MOLESTO SILENCIO FISCAL

Cumplida una década del actual sistema, el Ministerio Público no cuenta con equipos científicos especializados y autónomos para investigar. Eso está en manos de la policía, lo que ha generado más de un entuerto para perseguir delitos. El MP sólo tiene facultad para delegar e instruir esa labor a las policías, pero no tiene las herramientas para fiscalizar el cumplimiento de esa tarea, conforme a derecho y respeto a la legalidad.

Ésa ha sido una discusión insalvable al interior del órgano persecutor, y una queja cotidiana muy reservada entre los fiscales, dado que en muchas ocasiones los resultados de las indagaciones responden a la pura presunción policial, a lo que el policía vio o a lo que creyó ver. Y también a la presión por muestras de eficacia.

“Eso no le sirve a los jueces de garantía, no tiene peso jurídico, no es científico. La mayoría de los fiscales formalizan cargos sólo con base en los informes policiales que reciben, muchas veces, minutos antes de las audiencias, y hacen tremendos papelones ante los jueces. Eso tiene muy molestos a varios de ellos, aunque no se dice públicamente”, dice un funcionario de la fiscalía que pide no revelar la unidad donde se desempeña.

EFICACIA A COMO DE LUGAR

El camino hacia la justicia moderna arrastra una pugna por la eficacia. Una lucha interna y constante que involucra, como dice un funcionario, a “reyes y reyecillos” (fiscalías nacionales con las regionales), desde Arica a Punta Arenas.

En la Novena Región, donde debutó el sistema el 2000, es pan de cada día, aunque los costos parecen mínimos para la Fiscalía Regional. No así para los comuneros mapuche, chivos expiatorios de este modelo. A ello se suma una innegable animadversión contra ellos por parte de algunos fiscales. Sergio Moya no tuvo reparos en decirle a Patricia Troncoso, “La Chepa”, cómo iban las cosas en el caso Poluco-Pidenco, por el que la mujer fue condenada junto a otros comuneros, a 10 años de cárcel: “Yo sé que eres inocente, Chepa, pero ya sabes, a alguien hay que condenar”, le dijo del otro lado del calabozo del centro de justicia temuquense, relató la comunera.

El llamado “caso Chamichaco” es otro de los tantos que dejó en evidencia ese estilo de perseguir y la premura por figurar al precio que sea. A principios de 2008 y durante largos meses de investigación, cuatro jóvenes fueron acusados de quemar dos camiones en la ruta 5 Sur, en horas en que el comunero Matías Catrileo era velado en Temuco. Tres de los imputados participaban del velatorio y otro trabajaba en el norte. El día del juicio, casi a fines de 2009, el fiscal sólo contaba con el mismo y único testigo: El conductor de uno de los camiones.

“El Ministerio Público se ha separado del mandato legal de actuar con el principio de objetividad, es decir, investigar con igual celo las circunstancias que agravan, atenúan o exculpan de responsabilidad penal. Se desentiende del derecho a presunción de inocencia de toda persona”, dice el abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular.

CAMINO A LA FAMA

El profundo estilo mediático del sistema jurídico, ha marcado la idea  de transparencia, rapidez y eficacia. El todo vale, es ley. Allí, se ha perdido el norte y la rigurosidad indagatoria. Esa impronta de estos años viene de la cuna. La imagen del entonces Fiscal Regional, Xavier Armendáriz, recorriendo las grises salas del Centro de Justicia, en los primeros días de la implementación del sistema en la Región Metropolitana (2005), ilustra los tumbos que hasta hoy marcan al sistema.

“Existe una fuerte competencia entre las fiscalías regionales y/o locales, por figurar. El fiscal que más sale en la tele, pavimenta el camino por donde irá su carrera. Pero también hay una práctica que se ha hecho común: Los persecutores casi no concurren a las comisarías a imputar detenidos. Muchas veces instruyen o reciben información vía teléfono, salvo que sea un caso donde habrá prensa”, agrega el funcionario del MP.

En el inicio de la nueva forma de justicia las tesis probatorias de los persecutores se caían solas. Las formalizaciones no surtían los resultados esperados, en general por las reiteradas ilegalidades cometidas en las detenciones y el desconocimiento de procedimientos. Ello, al menos, permitió al MP comprender que el andamiaje sobre el que comenzaba a levantarse requería urgentes ajustes.

Pero el problema ha persistido y el desempeño de los persecutores se fue volviendo un chiste, como el de aquel payaso callejero formalizado por un delito menor, que llegó a la audiencia tal cual se había pintado y vestido para trabajar en la locomoción colectiva. O como un imputado por lesiones al que se le impuso la medida cautelar de no acercarse a menos de 100 metros de la víctima, cuya vivienda quedaba en el mismo pasaje -sin salida- por donde el acusado salía a trabajar. A un hombre se le acusaba de violación de su conviviente, luego de que, despechado, la agrediera porque ésta lo llamó por otro nombre mientras tenían sexo.

“Mi defendido puede ser formalizado por lesiones menores, porque, en efecto, agredió a la víctima. Pero no puede ser imputado por violación, dado que, mientras tenían sexo de forma voluntaria -pues eran convivientes-, ella le dijo: ¡No me lo saquís, Roberto!, en circunstancias de que mi defendido se llama Juan Carlos… El delito no es la violación, usía”, refirió el defensor. Además de risas en la sala, incluido el juez, la formalización fue corregida y se descartó la prisión preventiva.

EL VIOLADOR… ¿Y LA BICICLETA?

Ese estilo del modelo jurídico explicaría eso de “la puerta giratoria”, tan aludido durante la pasada campaña electoral. O las permanentes (aunque ya no tan en boga) críticas a un sistema “garantista”, ”inmaduro”, tan engorroso como el antiguo y lleno de errores. Como el que afectó a Cristián López Rocha (en la foto), acusado en junio pasado por el fiscal Francisco Lanas de un delito que no cometió, sin más pruebas que la “presunción” policial, de la que se hizo eco cierta prensa.

“Todos los policías me decían que tenía que confesar. Un capitán del OS-9 me dijo: ´Yo nunca me equivoco`. Me sacaron engañado a constatar lesiones y sólo fue para mostrarme a la prensa. ´¡Tenís que agachar la cabeza!`, me dijo un paco, pero no lo hice porque no cometí ningún delito. Allí les dije algo que es cierto, que no tengo bicicleta”, relata López Rocha.

“Estos casos obligan a ser muy cuidadosos y responsables. Si bien es normal que exista una versión periodística, una policial y una judicial, lo relevante es que éstas deben coincidir. Pesa mucho la necesidad de contar con herramientas adecuadas para que esas verdades que se conjugan, no dañen la honra de las personas, como ocurrió con el señor (Cristián) López.” señala Paula Vial.

Por ahora, ese error en el caso Cristián López Rocha no se asume. Salvo por el mediático anuncio del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien encargó un estudio para “perfeccionar” ciertos procedimientos, luego de lo ocurrido con el obrero ñuñoíno.

No obstante que una prueba de ADN demostró su inocencia, el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, respaldó el trabajo de su gente. “Error, ninguno, porque siempre se habló que la persona había sido sindicada como posible autor, nunca como autor en definitiva”, dijo a la prensa. Eso aunque “extraoficialmente, se dijo que el detenido portaba un arma blanca con la que intimidaba a sus víctimas”, como consignó El Mercurio, en referencia a López Rocha.

Este último, ha comenzado la tarea de recuperarse, empeñado en que los responsables paguen por ello. “Si se equivocan, que paguen. Esto ya no puede seguir pasando. No pueden seguir mandando a inocentes a la cárcel. Tienen que ser profesionales, porque la vida no es un juego. Clamo por el derecho a presunción de inocencia y apunto a la Justicia, porque desde allí lanzaron la piedra y ahora esconden la mano”, sentencia López.

BUSCANDO A RAMÓN

El reportero gráfico Maurice Hiriart es casado con una profesora. Viven junto a tres pequeños hijos en una propiedad de La Florida que compraron hace siete años. La madrugada del 26 de mayo, a las 5:30, personal del OS-9 y del Gope de Carabineros llegó hasta su casa en busca de Ramón Cortés Moscoso, de 21 años, investigado por varios delitos, incluido el robo de un cajero automático perpetrado en julio de 2009, en Providencia. Los policías ingresaron a la propiedad a punta de gritos y armas.

“Desperté y me asomé a la ventana. Les dije: ¡No rompan, que yo les abro! Pero reventaron la puerta y entró un grupo de choque rompiendo todo. Nos golpearon, sacaron a mis hijos pequeños de la cama a punta de metralleta, a mí me apuntaron en la cabeza. Mi esposa les pedía explicaciones, pero nos gritaban que nos calláramos”, relata Hiriart.

Desde que compraron la vivienda comenzaron a recibir citaciones judiciales a nombre de Ramón Cortés Moscoso. “Cada vez que llegaban esas notificaciones nosotros les decíamos que habíamos comprado la casa. La última vez que llegó una notificación, en febrero de este año, nos informaban que el caso había sido sobreseído, porque no habían pruebas, etcétera”, narra el profesional.

Semanas antes del allanamiento del 26 de mayo, Hiriart y su familia recibieron la visita de un nuevo receptor judicial, quien les informó sobre una nueva investigación contra Cortés Moscoso. Las visitas las habían realizado, alternadamente, Carabineros, la PDI y desde la Fiscalía. A todos, Hiriart les enseñó la escritura, además de insistirles en que la persona no vivía allí.

“Por vecinos supimos que este señor, cuando era niño, vivió alguna vez en esta casa, entre el 2000 y el 2001. Él ahora tiene 21 años y lo detuvieron en julio del año pasado”, relata Hiriart.

Según averiguó Hiriat, el joven ladrón está en prisión preventiva. Pese a ello, el 8° Juzgado de Garantía emitió una orden de detención, a petición del fiscal Patricio Caroca, “pero ni el fiscal se preocupó de verificar si Cortés vivía aquí. Simplemente recibieron la orden, llegaron, entraron y rompieron todo”, agrega.

El operativo policial estuvo a cargo del capitán Salvador Escoda, del OS 9. Del “exceso” en el procedimiento está al tanto el coronel Rodrigo Soto, prefecto de la Zona Cordillera, quien ordenó una investigación interna que, hasta ahora, se ha limitado a la reparación de las dos puertas destruidas. De la Fiscalía, “ni luces de una disculpa”, dice el fotógrafo.

“Aquí hay dos errores graves: El fiscal no reunió todos los antecedentes necesarios para estar seguro de que el señor Cortés Moscoso vive aquí. Y Carabineros, tampoco hizo su trabajo de investigar y trasmitirle información exacta al persecutor. Sólo vieron su pantalla, donde, claro, sale la dirección que dio este muchacho”, relata el fotógrafo, visiblemente molesto.

Hiriart y su familia están hoy bajo tratamiento psicológico e intentando seguir adelante. “Lo más difícil ha sido con los niños, que no duermen bien y se asustan en la calle cuando ven a un carabinero. Mi padre es un funcionario jubilado de la institución, ¿Cómo les explico, ahora, que su abuelo no es malo?, se pregunta.

Al cierre de esta edición, Hiriart se contactó telefónicamente para advertir que había unos detectives llamando a la puerta de su casa. Y que el día lunes 5 de julio último, había sido el turno de Carabineros. Venían preguntando por un tal Ramón Cortés.

Por Marcelo Garay Vergara

El Ciudadano N°84