La nueva visión en Derechos Humanos del gobierno de Macri

“Primera vez en treinta años de democracia que un funcionario nacional recibe a la ONG de las víctimas del terrorismo”, destacó Victoria Villarruel, presidenta del denominado Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el cual trabaja desde 2006 para lograr el juzgamiento de los militantes de organizaciones armadas que sobrevivieron al terrorismo de Estado.

Dicho mensaje estaba destinado a Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, quien ayer la recibió junto a un grupo de familiares de personas asesinadas en la década del 70. «“Charlamos mucho”, informó Villarruel y calificó a la reunión como «muy productiva”.

“De la mano de Cambiemos se ha producido un verdadero cambio”, celebró Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino Larrabure, quien fuera asesinado durante su secuestro en manos del Ejéricto Revolucioinario del Puebo (ERP) en 1975. “Un especial gracias también a Mauricio Macri y todo su equipo que posibilitaron este cambio de paradigma”, destacó.

Sin embargo, queriendo alejarse un poco de esa postura, el actual Secretario de Derechos Humanos declaró al diario Página /12: “Fue una reunión pedida por ellos y nuestra política, igual que en la gestión en la ciudad, es recibir a todos los que piden audiencia. Veníamos de una polémica porque me criticaron cuando repudié la liberación de militares en Entre Ríos y La Pampa, por lo cual les planteé de entrada la decisión y el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos en el proceso de lesa humanidad y en el cumplimiento de las penas. No me muevo ni un ápice de ahí”.

“No pidieron nada en concreto, sólo me presentaron un libro, me comentaron sobre la charla que dieron con (Elisa) Carrió y (Graciela) Fernández Meijide, y plantearon que para ellos es un problema la invisibilización de los casos de civiles asesinados. Agradecieron el hecho de ser recibidos porque nunca habían sido atendidos. Pero no se asumió ningún compromiso, en absoluto», subrayó Avruj.

Cabe recordar que los delitos cometidos por civiles y organizaciones guerrilleras no entran en la misma categoría de delito que los cometidos por el Estado durante la década del 70. Estos últimos son considerados de lesa humanidad justamente por dicha condición: ser perpetuados por parte del Estado contra su población, los cuales los vuelve impercriptibles.

Así, a pesar de las declaraciones de Avruj, este gesto político deja mucha tela que cortar, sobre todo si se tiene en cuenta el conflicto que se mantiene con el Archivo Nacional de la Memoria, al cual intenta realizarle modificaciones y despidos que cambiarían sustancialmente su funcionamiento.

¿Cumplirá Macri y su gobierno su promesa de no cambiar la política de Derechos Humanos instrumentada por el kirchnerismo durante estos años?