La ofensiva del gobierno y los medios para aprobar la Ley Hinzpeter

Luego de la última marcha estudiantil, el gobierno aprovechó las imágenes de violencia repetidas casi todo el fin de semana por los medios masivos para reiniciar la ofensiva en el Parlamento en pos de aprobar la Ley Hinzpeter. La discusión en el Parlamento se pospuso para el 18 de julio y, de aprobarse la legislación, activistas de Greenpeace que intervengan un edificio público, estudiantes que se toman un colegio o pasajeros del Transantiago que ocupan la calle porque no pasa un bus arriesgan penas de hasta 3 años de prisión.

A la par que Meganoticias repetía varias veces las imágenes de una bomba molotov lanzada a las ruedas de un camión de Gendarmería, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, acusaba que “Gabriel Boric hizo un llamado previo a protestar con enojo y creo que lo logró”. Al mismo tiempo que el noticiario de la tarde del Canal 13 la única alusión a la marcha estudiantil que sacó a más de 100 mil personas a la calle el día anterior era un despacho desde tribunales luego de que los jueces absolvieran a la gran mayoría de los detenidos, el ministro Hinzpeter llamaba a la oposición a aprobar el proyecto de ley. Con el imaginario público abonado por los medios masivos, el gobierno aprovechó de reiniciar la ofensiva para aprobar la polémica ley.

Los dimes y diretes de los parlamentarios exhibidos por la prensa durante el fin de semana se concentraron en acusar cierta impunidad de quienes fueron detenidos durante las marchas realizadas el 28 de junio, que sólo en Santiago reunieron a más de 120 mil personas, y en centrarse en el aumento de la punición a quienes porten o arrojen una bomba molotov o tiren una piedra a un carabinero.

Centrado en aquellos aspectos del proyecto de ley, los medios, ya sea por ignorancia o por prestar ropa a la campaña de Hinzpeter, invisibilizaron oscuros aspectos que persigue el gobierno, que es el de convertir en delito acciones de ejercicio ciudadano y de protesta cuando la institucionalidad ya no da respuestas, como el tomarse el colegio, interrumpir una calle o tomarse un centro productivo.

Así cualquier acción de desorden público sería objeto de punición, acciones que son usadas por los movimientos sociales para reivindicar serían de aprobarse la legislación delitos y castigados con penas de cárcel.

“Esto constituye un nuevo intento de criminalizar la movilización social, la protesta y la acción política de la ciudadanía”- opina el abogado de derechos humanos y diputado, Hugo Gutiérrez.

La redacción del proyecto de ley hace responsables de los destrozos a la propiedad pública y privada que puedan ocurrir en una movilización social a “autores e incitadores” de la protesta, o sea, a los voceros o dirigentes que las convoquen.

Tantos jóvenes que tapan su rostro cuando se enfrentan a la policía en una ciudad atiborrada de cámaras de vigilancias es la pesadilla del gobierno. Por su parte, los medios repiten el guión acostumbrado de piedras o palos lanzados a la policía, la misma imagen de los estudiantes franceses del recordado mayo del ’68, de quienes se rebelaron en las calles en las primeras protestas contra Pinochet o de los jóvenes egipcios en la celebrada primavera árabe.

QUE DICE EL PROYECTO DE LEY

La Ley Hinzpeter es disfrazada por los medios entrevistando a un dueño de restorán con aura de ‘emprendedor’ el día después de la marcha estudiantil o de la vecina que veía asustada como unos jóvenes en una protesta anterior destrozaban vehículos cuyo costo ni para ella era accesible.

“El gobierno de Piñera busca impactar a la opinión pública, confundiendo su juicio, haciendo aparecer la expresión política y social de la calle como una agresión a las personas y sus bienes. Este es el sentido de la operación política que recoge el proyecto de ley propuesto. Hinzpeter nos dice que cada vez que hay movilización en la calle “las personas se ven afectadas”, “personas comunes y corrientes”, “vecinos de los barrios”; entonces se reivindica la necesidad de proteger el orden público”- comenta Gutiérrez.

Respecto de los sancionados la Ley Hinzpeter apunta a criminalizar cualquier convocatoria de protesta social. Bajo el título Modificación del tipo penal de desórdenes públicos, dice que “se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves”.

Entre los hecho graves descritos están interrumpir algún servicio público, donde se incluye el de transporte. O sea, los usuarios del Transantiago que se toman la calle luego de esperar más de una hora algún bus para llegar a sus trabajos, como ocurre habitualmente, serían sancionados con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años de prisión.

La misma letra C del proyecto incluye como “desórdenes públicos penalmente relevantes”, a quienes ocupen una vivienda, un colegio o universidad, industrias, o si alteran “la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.

PROHIBIR ENTRAR AL CENTRO

Este miércoles la Comisión de seguridad Ciudadana aplazó la discusión del proyecto para el 18 de julio próximo, luego de acoger 8 indicaciones de diputados UDI.

Entre las propuestas de los diputados oficialistas hay algunas que merecen ser explicitas, no sólo por lo sancionador sino que sobre todo sobre su aplicación. El diputado UDI, Arturo Squella, dijo que “queremos que se permita a los jueces poder tomar medidas cautelares en un juicio, como por ejemplo que personas que reiteradamente participen en estas marchas solamente para realizar actos de violencia, pueda ser prohibido su ingreso al centro de Santiago”, dijo Letelier.

En tanto, el diputado de RN, Cristian Monckeberg, centra sus esfuerzos en penalizar andar encapuchado. “Si mi delito tiene una pena de 541 días a tres años, si estaba encapuchado cometiéndolo, bueno, la sanción va a ser un grado más, es decir, de tres años y un día a cinco años”- propone.

Por su parte, Carlos Montes diputado PS, advirtió que de aprobarse la normativa, Chile se arriesga a recibir una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El diputado Gabriel Sílber, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuenta que “como Concertación solicitamos un plazo de 2 semanas para conocer a fondo el proyecto de ley. Vamos a consultar a juristas y asesores”. Sílber advierte que el articulo que hace responsables a quienes convocan a una manifestación de los virtuales destrozos que puedan ocasionarse durante su transcurso “no resiste ningún análisis jurídico, conculca el derecho de reunión y a la libertad de expresión”.

¿LA CULPA DE LOS JUECES?

Cualquier día después de la marcha estudiantil una fuente obligada es el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien el viernes reciente dijo que “algunos jueces garantistas no se mojan en Chile”, apuntando con ello a los jueces tras la absolución de la mayoría de los detenidos en la protesta del día anterior.

“Yo he visto que le entregan antecedentes a los jueces, pero ellos piden pruebas insólitas”, aseguró Zalaquett en radio Concierto agregando que “algunos jueces garantistas no se mojan en Chile, les entregan pruebas y le faltan pantalones”.

Sus juicios fueron apoyados por los medios exhibiendo a los jóvenes absueltos en tribunales y enfatizando que sólo 2 detenidos quedaron en prisión preventiva.  Claro que los medios ni siquiera se preocupan de revisar si es que efectivamente los detenidos por carabineros son los que provocan los daños.

Un juez que pide reserva de su nombre, debido a que “no podemos defendernos  públicamente porque tenemos prohibición de hablar” sale al paso de la puesta en discurso de la prensa. A su juicio “somos un chivo expiatorio. La prensa tiene que  informar correctamente a la ciudadanía, la prensa no es una opinión publica es la opinión publicada o, mejor dicho, la ficción de ciertos grupos de interés”.

El magistrado explica que la libertad de la mayoría de los detenidos en las protestas es porque carabineros no entregan las pruebas suficientes que permitan incriminarlos. “Los jueces cuando tenemos todos los antecedentes necesarios aplicamos la ley. Si alguien lanza una molotov y se acusa con pruebas suficientes de que esa persona fue, no se aplica la libertad”- sostiene.

El juez acusa que de fondo hay una falencia de carabineros en aportar pruebas concretas para quitarle la libertad a alguien. “Lo que pasa es que ni el Ministerio Público ni carabineros entregan los antecedentes suficientes para incriminar a una persona”.

Luego agrega que “los jueces no son responsables de que otras instituciones hagan mal la pega. No es nuestra función perseguir a delincuentes, esa es responsabilidad del Ministerio Público y de las policías. Nosotros estamos para ver si la persona acusada cometió el ilícito o no. No tenemos responsabilidades en seguridad ciudadana. Los jueces no somos policías”.

Respecto del rol de la prensa en este imaginario, Sílber comenta que “obviamente se han reducido las demandas ciudadanas a una caricatura, pasamos de una demanda de educación pública gratuita a un debate sobre seguridad pública. Así se pone a través de los medios a la oposición entre la espada y la pared. Es un reduccionismo informativo que parece que la prensa, la mayoría de los medios, han abonado y cooperado para que se instale”.

MARCHA CONTRA LA LEY HINZPETER

Para este viernes 6 de Julio de 2012 a las 18:30 hrs. en Alameda con Ahumada (Santiago) está convocada una marcha en rechazo a la ofensiva de Hinzpeter y los medios.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

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