El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas revisa el nivel de respeto de estos derechos en Chile para comprobar si se está implementando correctamente -o no- el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Diferentes ONG’s defienden que el nivel de desigualdad y discriminación en el sistema de educación de Chile supone una grave violación de los derechos a la educación y a la no discriminación que protege el Pacto.
Durante este martes y miércoles el Comité revisará los registros en materia de derechos económicos, sociales y culturales de Chile, Kirguistán, Venezuela, Mongolia, Tailandia, Irlanda y Uganda.
Chile es uno de los 164 Estados que ratificaron el Pacto Internacional de Derchos Economómicos, Sociales y Culturales (Pidesc) y como tal, la ONU le solicita informes regulares en relación a cómo se está implementando el Pacto en el país.
El Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) es un cuerpo con funciones de vigilancia formado por 18 expertos y expertas internacionales independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los Estados firmantes de dicho Pacto.
Este lunes, el Comité escuchó a diferentes organizaciones no gubernamentales sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Chile. Entre las ONG’s consultadas se encuentran Corporación Opción, Iniciativa Global para los derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observatorio Ciudadano y Observatorio de Persona Indígenas.
En sus declaraciones sobre la situación de Chile, Opción Cooperación -Corporacion Opcion- expresó que la discriminación por motivos de orientación sexual es frecuente en Chile, que comienza en el sector educativo y que continúa en el laboral. «Gays, lesbianas, bisexuales y transexuales fueron a menudo excluidos del empleo por su condición sexual«, expresa la ONG según publica la página oficial ONU Derechos Humanos.
La Iniciativa Global para los derechos Económicos, Sociales y Culturales, mostró su preocupación a su vez por «la desigualdad y discriminación socio-económica que genera el sistema educativo privatizado, al que asisten más del 60% de estudiantes«. Esta organización defiende ante el comité de la ONU que «la discriminación en el sistema de educación en Chile constituye una grave violación de los derechos a la educación ya la no discriminación protegidos por el Pacto«.
El Observatorio Ciudadano recordó durante su intervención que la Constitución vigente en Chile surgió en el año 1980 durante la dictadura militar, y que ésta «no se preocupó por proteger los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho a la libre determinación«.
Por su parte, el Observatorio de Personas Indígenas -Indigenous Persons Observatory- denunció que Chile aún no reconoce constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas: «Los pueblos indígenas sufren tasas desproporcionadas de pobreza y alfabetización, mientras que las políticas públicas restringen el espacio para que las lenguas indígenas (…) Chile debe reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y adaptar su legislación a tal efecto«, defiende la organización.
El Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas revisará estos días los informes presentados por Chile sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, y decidirá si Chile está implementando correctamente -o no- el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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