La organización del mundo militar para apoyar a los condenados en Punta Peuco

La llegada de un nuevo 11 de septiembre –a 44 años del golpe de Estado– trajo consigo una serie de polémicas que rondaron un tema en específico: el cierre de Punta Peuco y el traslado de los internos de ese penal a un recinto sin el mismo acondicionamiento, en Colina.

Un hecho que modificó los tiempos, e incluso frenó algún tipo de decisión por parte del poder Ejecutivo, fue la carta que firmaron 16 ex altos cargos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre los que se contaba a Jorge Arancibia, Enrique Larrañaga y Edmundo González (ex comandantes en jefe de la Armada), Eduardo Gordon (ex general director de Carabineros) y Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba (ex comandantes en jefe del Ejército).

En este documento acusaron que el cierre de Punta Peuco significaba «entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición».

Ante tal maniobra de presión a nivel comunicacional, solo quedaba comenzar a indagar en el tipo de organización con el que cuenta el mundo militar para abogar por supuestos derechos con los que contarían los reos que fueron juzgados por las más atroces violaciones a los derechos humanos.

ONGs e institutos

La información la publicó el diario electrónico El Mostrador durante la mañana de este miércoles. En el artículo se caracteriza a Jure, una ONG de Desarrollo, Justicia y Reconciliación creada por militares en retiro y que recibe aportes de distintas fuentes, en las que se contaría a ex funcionarios de la DINA y CNI.

Jure afirma que todavía existen 539 personas del Ejército con causas judiciales pendientes y asociadas a la dictadura. De estas, un 67% son atendidas por sus abogados exclusivos, en los que figuran profesionales de la talla de Mario Correa Bascuñán, secretario general de la Pontificia Universidad Católica.

Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006. Foto: Radio Universidad de Chile

Entre los donantes de mayor conocimiento público destaca Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006 y ahora investigado por su complicidad en las actividades de la Caravana de la Muerte durante su paso por La Serena, posterior al golpe cívico-militar, episodio que perpetró 15 homicidios.

Otra entidad que vela por los intereses de los internos de Punta Peuco es Facir. Esta, acorde a la información de El Mostrador, trabaja desde 2015 pero se constituyó oficialmente en julio de 2016. De este modo, comenzaron a hacer hincapié en temas de salud, pensiones y DD.HH. de militares en retiro, incluso para dejar estos beneficios amarrados mediante una ley.

«Estamos preocupados, a través de determinados parlamentarios, para establecer ciertos proyectos de ley», afirmó a El Mostrador Pedro Beas, miembro de la organización. Y complementó: «En este instante tenemos diferentes canales, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán, Baldo Prokurica, son personas que están trabajando directamente con nosotros, y en el tema de DD.HH. hablamos con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe».

Por último, se encuentra el polémico Instituto O’Higginiano, que ocupó las instalaciones del cuartel de tortura y exterminio Londres 38. Incluso, la propiedad les fue transferida por un decreto con la firma de Augusto Pinochet el 29 de noviembre de ese año.

La misión de esta entidad es -de acuerdo a lo que postulan- «promover por todos los medios a su alcance, y, en especial, mediante la investigación, extensión, docencia y publicidad, el conocimiento de la vida, valores y obras del Libertador americano Don Bernardo O’Higgins, Capitán General del Ejército de Chile».

El instituto ha pasado por complicaciones financieras luego de que el Estado dejara de entregarles aportes, lo que los obligó a terminar en un domicilio ubicado en calle Antonio Varas. En el traslado de un lado hacia el otro, el Ejército aportó con un camión para facilitar la mudanza.