En dicho comunicado, dan a conocer que el pasado 6 de diciembre de 2011, el Estado mexicano ha impuesto el terror y la barbarie como norma al pueblo nahua de Santa María Ostula, recordando uno de los logros en 2009, tras recuperar 1,200 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos «pequeños propietarios» y en las cuales fundaron el poblado de San Diego Xayakalan.
Mencionaron que “tras la muerte de Don Trino, esta violencia permitió el saqueo de maderas preciosas y minerales de los territorios comunitarios indígenas y campesinos de la región, sobre todo en los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila”.
“El hostigamiento, la represión y la violencia generalizada operada desde los órganos del Estado y los grupos narcoparamilitares, han buscado debilitar la organización y defensa de la madre tierra, lo que ha costado decenas de vidas y varios desaparecidos. También es parte de esa estrategia la agresión del Ejército Mexicano ocurrida el día 19 de julio del 2015, cuando militares abrieron fuego en contra de comuneros de Ostula en el municipio de Aquila y asesinaron al niño Hidelberto Reyes García, de 12 años de edad”, enfatizaron.
Así mismo, dieron a conocer que “en estos momentos la comunidad de Santa María Ostula mantiene un bloqueo en la carretera costera para exigir que el gobierno cumpla su palabra de atender las exigencias de paz, justicia y seguridad; comenzando por la liberación inmediata y sin condiciones del comandante Cemeí Verdía”.
Posteriormente denunciaron que “…se está dispuesto a defender la vida colectiva, hoy exigimos alto a la guerra, justicia para el pueblo de Ostula, justicia para Don Trino y castigo para sus asesinos, castigo para los responsables de los 34 comuneros asesinados hasta el día de hoy y presentación con vida de los 6 desaparecidos”.
Finalmente, en el comunicado se presentaron 5 puntos en los que exigieron para la comunidad de Santa María Ostula lo siguiente:
- Libertad inmediata de Cemeí Verdía Zepeda y cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en contra de otros integrantes de la policía comunitaria y de los grupos de autodefensa de la región.
- Castigo a los culpables del asesinato del niño Hidelberto Reyes y reparación integral del daño a la familia y la comunidad por la agresión del 19 de julio de 2015.
- Desmilitarización de la región de la Costa-Sierra de Michoacán.
- Respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la policía comunitaria de los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.
- Desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan en la región y de la estructura política y económica que los sostiene.
Por Ricardo Ortiz
El Ciudadano
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