La Contraloría General de la República advirtió falencias en la subcontratación que realizó un estudio de abogados que designó la Municipalidad de Las Condes de para llevar a cabo una auditoría, que descartó irregularidades en la compra de un inmueble para la construcción de un Cesfam, por lo que instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en el caso.
Contraloría cuestionó la manera en que la administración de la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) llevó adelante la contratación del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (AZ) para la realización de una auditoria privada en el cual se advirtieron faltas administrativas, la cual determinó que no “existiría delito” en la compra de las 10 casas y un terreno para construir el nuevo recinto de salud.
Por tal motivo, los concejales Catalina San Martin (ex-Evópoli), Catalina Ugarte (Republicanos), Isidora Alcalde (RD), Patricio Bopp (ex-UDI), Leonardo Prat (Republicanos) y Sergio Melnick (Republicanos) recurrieron a al ente contralor cuestionando el informe y la manera en la que el municipio realizó la contratación del estudio de abogados, consignó La Tercera
La Dirección de Control de la Municipalidad de Las Condes se suscribió a los cuestionamientos y planteó que el informe de la auditoría privada “no aporta nuevos antecedentes e incluso podría afectar los procesos administrativos o judiciales que se están llevando a cabo, dado que se limita a emitir juicios de valo
La denuncia presentada por los concejales solicitaba a la Contraloría determinar la procedencia de la contratación a través de trato directo de AZ, ya que el estudio de abogado subcontrató a otros profesionales para la realización dela auditoría. Además pidieron que determinara si se requería o no un acuerdo del Concejo Municipal por la contratación.
Sobre el trato directo con AZ, la administración de la alcaldesa UDI, Daniela Peñaloza argumentó que “se trata de una contratación de una asesoría legal, cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio, por lo que no pueden ser sometidas a una licitación, y se refieren a aspectos claves y estrategias, fundamentales para el cumplimiento de las funciones de esta entidad pública”, refirió el citado medio.
Sin embargo, la Contraloría determinó que los documentos presentados por Las Condes no fundamentan la argumentación.
“Para los efectos de acreditar las facultades del citado estudio jurídico no es suficiente la mera apreciación efectuada por el administrador municipal, por lo que, en la especie, no se ha demostrado documentadamente la concurrencia de la causal invocada, en términos que los servicios contratados no puedan someterse a una licitación”, indicó el ente.
Los otros dos alegatos presentados por los concejales, sobre la falta de contrato y de acuerdo con el Concejo Municipal, Contraloría no presentó reparos. Respecto a lo último, señala que no corresponde debido a que el costo de 883 UF de la contratación no alcanzaba el monto que debe ser votado por los concejales.
No obstante, cuestionó que el estudio AZ haya subcontratado a su vez a Gómez, Pallavicini y García Abogados para llevar a cabo la auditoría y señaló que considerando la misma normativa citada por el municipio para justificar el trato directo, “la ejecución de tales prestaciones con la intervención directa de terceros, como aconteció en la especie, resulta incompatible con dicha fundamentación”.
Por tal motivo, el ente contralor instruyó que la Municipalidad de Las Condes elabore un proceso disciplinario “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en la aludida situación”, y estableció un plazo de 15 días para llevarlo a cabo.
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