Las violaciones a los DDHH del gobierno de Sebastián Piñera

Esta guerra declarada por el régimen de Piñera (en contra de un enemigo interno: el pueblo movilizado por justicia social), con un amplio despliegue represivo en defensa de los intereses de los grupos económicos del modelo neoliberal, arrojó las siguientes cifras de violaciones generalizadas a los derechos humanos:

El Instituto Nacional de DDHH (INDH) informaba que para el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares. De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH presentó a esa fecha 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas 5 por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas. Fiscalía Nacional reportó 31 muertos en el contexto de protestas según sus registros a fines de enero del 2020.

El lunes 28 de septiembre del 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019 alcanzando un total de 8.575 víctimas.

Importante recordar que, mientras se violaron Derechos Humanos de numerosas personas en el marco de protestas sociales de octubre de 2019 en adelante, el gobierno de Sebastián Piñera ha realizado diversos esfuerzos para liberar a criminales que han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, como fueron los indultos a fines de julio del   2020 a Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman quienes habían sido recluidos en 2017 y 2018, respectivamente.

Tampoco se puede olvidar el asesinato de Camilo Catrillanca y diversos actos represivos contra comunidades mapuche, incluso, la pasividad y complicidad del gobierno para que se cometieran diversas acciones racistas en agosto del 2020, en pleno estado de excepción por pandemia en comunas de la araucanía.