La investigación busca dar cuenta de la violencia ejercida por el Estado en dicha población, y evidenciar la falta de planificación de las intervenciones policiales.
Este 2016 se cumplieron 15 años de la primera intervención de fuerzas policiales realizada en la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Esta significó, entre otras cosas, que Carabineros se instalara con puestos permanentes en los márgenes del barrio hasta el día de hoy, lo que aumentó la estigmatización y violencia presentes en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en el país.
En ese marco, el Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Legua Emergencia presentó en la UDP, una investigación sobre los abusos policiales que se han producido desde la primera intervención en 2001. El estudio -que se encuentra en su fase preliminar y se ha llevado a cabo en conjunto con la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UDP, y con el apoyo de la Embajada de Alemania- se basa en los testimonios de vecinos de la población, quienes desde 2010 han ido denunciando las prácticas abusivas a las que han sido sometidos por los funcionarios de la policía uniformada y PDI.
Dichas denuncias -entre las que se encuentran controles de identidad y detenciones injustificados, allanamientos de morada con uso de bombas lacrimógenas y daño del inmueble, violencia verbal y física hacia los pobladores y desnudamientos públicos, algunos de ellos con acoso sexual incluido- fueron recogidas por el Comité y varias de ellas llevadas a tribunales, donde en la mayoría de los casos fallaron en contra de los afectados alegando falta de pruebas, datos presentes en la investigación.
Al respecto, el abogado miembro del Comité, Pascual Cortés, señaló que el objetivo del informe es “develar un patrón de violencia policial y junto con eso mostrar una serie de falencias institucionales reflejadas por este llamado “plan de intervención policial”, que en realidad ha sido una ocupación policial sin un diseño claro y sin rendición de cuentas. Una de esas falencias es el ordenamiento jurídico de nuestro país que permite este control autónomo de las policías”.
Por su parte, el también abogado e investigador, Gonzalo García-Campo, afirmó que “los casos de abusos de Carabineros se suelen tratar como excesos de funcionarios puntuales que se salen de un marco legal, pero nosotros creemos que esto obedece a factores estructurales. Creemos que la investigación puede cooperar en mostrar esta realidad que sucede en un barrio estigmatizado e invisibilizado”.