Ley antiterrorista acecha a menores de edad mapuche

Niños y niñas mapuche son víctimas de la Ley Antiterrorista.

Modificada en un primer trámite en 2010, la Ley Antiterrorista en su aplicación a menores de edad fue nuevamente reformada el 7 de junio. Hasta la fecha, fueron cinco los casos de jóvenes procesados por tal legislación, todos mapuche. Un sexto caso se añade al listado: Desde abril, un adolescente temuquense está encausado por esta norma que atenta contra el debido proceso.

El 7 de junio, la Cámara de Diputados despachó un proyecto, ingresado el 15 de marzo a la Sala, que excluye las conductas ejecutadas por menores de edad del procesamiento bajo la Ley 18.314, conocida como Antiterrorista (LAT).

La iniciativa contó con el voto a favor de 86 diputados, 4 abstenciones, y uno en contra, de Cristian Letelier (Unión Demócrata Independiente, UDI). El texto será remitido al Presidente de la República para ser promulgado como Ley.

Hasta la fecha, a pesar del compromiso gubernamental de octubre del año pasado, tras la huelga de hambre cumplida por 33 comuneros mapuche, entre los que estaban Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical, que cumplieron 87 días de ayuno este año, la LAT se sigue aplicando a adolescentes e infantes mapuche.

La Fundación Anide, la Red de ONGs de Infancia y Juventud (ROIJ Chile), y el Observatorio Ciudadano, entre otras, denuncian situaciones en las cuales se vulneraron los derechos de los pichikeche (niños mapuche, en mapudungún).

Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial Reynal, en cuenta pública de la gestión institucional 2010 de la Defensoría Penal Pública, denunció “el abuso de la prisión preventiva en adultos y de la internación provisoria en menores de edad […]”.

PROMESAS GUBERNAMENTALES INCUMPLIDAS

Modificada en octubre de 2010, la LAT sufrió cambios parciales según indicó el Balance Anual 2010 del Observatorio Parlamentario.

Consuelo Labra, abogada del Observatorio Ciudadano, explicó que la composición de la primera modificación de la LAT con respecto a la exclusión de los menores “quedó mal hecha ya que era amplia y ambigua, así el Ministerio Público hizo interpretaciones acomodadizas del mensaje”.

Con estas diversas apreciaciones se aplicaron dos estatutos jurídicos a los menores, el referido a responsabilidad juvenil en cuanto a la penalidad (Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Nº 20.084), y la legislación sobre terrorismo (LAT, N° 18.314) en materia de procedimiento y medidas cautelares.

Ello ha permitido incluso la formalización de niños por conductas terroristas, con la consiguiente vulneración a las garantías judiciales de un debido proceso, como es el tipo de investigación que se puede hacer bajo el amparo de esta ley especial y la mantención de la prisión preventiva a menores de edad. Si las penas se basan en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, los menores de edad pueden ser procesados por la LAT.

Carlos Muñoz, vocero de ROIJ Chile, explicó que las condiciones preventivas implicadas por la LAT, como los arrestos domiciliarios, contradicen las disposiciones del Derecho Internacional de los Derechos del Niño, porque un niño no puede gozar de su derecho a estudiar, por ejemplo.

Hernán Vergara, presidente de Amnistía internacional-Chile, señaló que “el Estado incumple normas y tratados internacionales con respecto al debido cuidado con que todos los niños deben tener en su condición de tal”.

La reforma despachada pretende corregir ese problema interpretativo, ambigüedad que permitió la imputación por LAT de un sexto caso de un menor de edad, en abril de este año.

Vergara destacó que el problema es encontrarse con una ley híbrida. “Se está constantemente parchando la LAT, cuando hay que tomar el problema de esta legislación en su totalidad”.

El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, resaltó la importancia de esta corrección ya que permite cumplir los compromisos internacionales de Chile. Pero se apuró en añadir que “todo aquel mayor de edad que se sirva de un menor para cometer un delito terrorista va a sufrir una pena más severa que las penas comunes”.

ADOLESCENTE DE TEMUCUICUI IMPUTADO POR LAT

El 6 de junio, los diputados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Aguiló (ex Partido Socialista, PS) y Hugo Gutiérrez (Partido Comunista, PC), viajaron a Temuco a visitar la comunidad de Temucuicui para conocer el –sexto- caso del menor acusado bajo la LAT. El adolescente no pudo viajar el 11 de mayo a la Cámara de Diputados para entregar su declaración, ya que el Juzgado de Garantía no modificó la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo regional.

“Creemos que el espíritu de la legislación que aprobamos en su oportunidad, modificando la legislación antiterrorista era para que no tuviese oportunidad de aplicarse a menores de edad, lamentablemente, el Ministerio Público así no lo ha entendido y en consecuencia, creemos que era oportuno ir a entrevistarnos con este menor, más aún cuando él había pedido en reiteradas ocasiones venir a la Comisión de Derechos Humanos”, explicó Gutiérrez.

El menor mapuche (17 años), de iniciales J.P.Q.M., miembro de la Comunidad de Temucuicui, fue detenido el pasado 29 de abril por carabineros de la Prefectura de Malleco.

Le pesan medidas cautelares tras ser imputado por los delitos de asociación ilícita terrorista, robo con intimidación, incendio y homicidio frustrado, en el asalto del peaje de la localidad de Quino, el 10 octubre de 2009, junto a otros ocho mapuche.

La investigación, que duró desde el 15 de octubre de 2010, por parte del Ministerio Público, se materializaría en la acusación del juicio del 13 de junio -cuando esta edición estaba en imprenta- en el Juzgado de Garantía de Victoria.

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SIN HUELGA PERO LA LUCHA CONTINÚA

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Henuche y Jonathan Huillical, depusieron el 10 de junio un ayuno de 87 días, con el compromiso de la creación de una Comisión permanente de Defensa de los Derechos del Pueblo Mapuche. Bajaron entre 20 y 26 kilos y sufrieron compromiso orgánico y desnutrición severa.

Fueron condenados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete a entre 20 y 25 años de cárcel, por el ataque al fiscal Mario Elgueta y por un asalto con intimidación del latifundista José Santos Jorquera, luego de una investigación que usó mecanismos de la LAT, como los testigos anónimos.

El recurso de nulidad revisado por la Corte Suprema, no anuló el juicio sino que emitió una sentencia de reemplazo. Deberán cumplir en total entre 8 años y un día y 14 años y un día de cárcel.

Otros capítulos de la lucha mapuche están por escribirse para que no se aplique más la LAT, por la defensa de sus derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia sin discriminación.

Por Melissa Quillier

Publicado en El Ciudadano Nº 104, segunda quincena junio 2011