Una serie de fallos del Tribunal Constitucional que contradicen la pena de cárcel efectiva de un año establecida en la «ley Emilia», motivó a un grupo de senadores a patrocinar un proyecto de acuerdo donde formulan diversas observaciones al TC.
El marco de este «impasse» se produce en el momento en que el Tribunal Constitucional acoge una serie de recursos de inaplicabilidad sobre una norma clave -y emblemática- de la Ley de Tránsito: el cumplimiento de cárcel efectiva por un año -antes de optar a beneficios de libertad- para los conductores que, en estado de ebriedad, hayan causado lesiones gravísimas o la muerte.
El texto propuesto por los senadores le recuerda al Tribunal Constitucional que dicha normativa “será aplicable lo previsto en la ley N° 18.216, conforme a las reglas generales. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere condenado”, informa Radio Bío Bío.
Asimismo, los parlamentarios enfatizan que “la citada norma ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por distintos recurrentes, los cuales han argumentado su colisión con una serie de garantías constitucionales contenidas por la Constitución Política de la República, como también en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile”.
Los senadores patrocinantes fueron Lily Pérez (Amplitud), Carolina Goic (DC), Ena Von Baer (UDI), Pedro Araya (IND), Francisco Chahuán (RN), Alberto Espina (RN), José García Ruminot (RN), Guido Girardi (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Hernán Larraín (UDI), Juan Pablo Letelier (PPD), Carlos Montes (PS), Iván Moreira (UDI), Alejandro Navarro (PAIS), Manuel José Ossandón (IND), Jaime Quintana (PPD), Fulvio Rossi (ex-PS), Eugenio Tuma (PPD) y Andrés Zaldívar (DC).
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, el TC debe poner el requerimiento en conocimiento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Presidente de la República, quienes, si lo estiman pertinente, podrán formular observaciones y presentar antecedentes, dentro del plazo de 20 días.
Los fallos
21 de los 24 recursos que desde diciembre han reclamado la inaplicabilidad de «Ley Emilia», asegurando que la exigencia de prisión efectiva atenta contra la igualdad ante la ley, fueron declarados admisibles por el Tribunal Constitucional (TC). El argumento: se considera que la prisión por un año como pena para quienes, conduciendo en estado de ebriedad, causen lesiones graves o la muerte de otras personas, resulta desproporcionada e inequitativa respecto de personas condenadas incluso por delitos de mayor gravedad.
El TC agrega que para cumplir los fines de reinserción social y de protección de la víctima, se pueden fijar regímenes alternativos, como las restricciones a la licencia de conducir.
Estos requerimientos fueron presentados a raíz de una resolución por un caso que data de 2014 en San Antonio, donde el Tribunal Constitucional estableció que «en un Estado democrático, las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso».
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