En tres semanas más el Ministerio Público debería oficializar ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el fin de la investigación del llamado caso Asipes, concerniente a los aportes económicos de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío.
Las explicaciones sobre el cierre del caso Asipes, sin formalizaciones, serán entregadas el próximo 6 de octubre por la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena.
De este modo, resultarán absueltos más de 50 imputados, un hecho que fue rechazado por el fiscal Emiliano Arias, quien fue el primero en tomar la investigación, así como por dirigente spolíticos.
Para Arias la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott, quien separó Asipes de la causa madre, el caso Corpesca, afectó el destino de la investigación.
“El nuevo fiscal nacional (en referencia a Abbott) decidió separar todo lo que se investigaba en conjunto y de esa manera se selló el destino procesal de la causa”, sostuvo en entrevista con The Clinic.
“Una vez que se me asignó Corpesca, y luego de un primer análisis que hicimos en conjunto con las policías, pudimos constatar el mismo mecanismo de aportes en algunas pesqueras del sur, Asipes y otras de la zona austral -Fipes-, coherente al mismo tipo de mecanismo de Corpesca”, agregó.
“Ante indicios de comisión de ilícitos asociados al financiamiento ilegal de la política, abrí estas investigaciones de manera de investigar con un mismo equipo del Ministerio Público y policial, el mismo fenómeno, que era el financiamiento ilegal de la política de parte de algunas organizaciones de la industria pesquera. Pero cambió la época y la forma de investigar y de entender la investigación al cambiar el fiscal nacional”, añadió.
Después de Arias, el caso Asipes pasó a Julio Contardo, quien pasó de la Fiscalía del Bío Bío al Maule, y ahora Marcela Cartagena, quien derivó la causa a la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, las diligencias a partir de 2018.
Desde el Partido Socialista a Renovación Nacional coincidieron en el negativo efecto que tiene el cierre del caso sin lograr responsables, ya que a pesar de las pruebas recopiladas tras cuatro años de pesquisas, la Fsicalía no acreditara que los aportes de los industriales pesqueros a políticos del Bío Bío configuran los delitos de cohecho y soborno.
Condenaron que las acciones de los responsables de Asipes y las empresas que aportaron millones de pesos a parlamentarios, ex diputados y funcionarios de Gobierno, quedarán impunes.
«Lamentamos la situación, y por lo tanto este tiempo de espera en donde por una parte teniendo elementos para hacer un control más exhaustivo de las responsabilidades y posteriormente tener sanciones esto no se dio«, condenó el diputado socialista Gastón Saavedra.
El diputado Leonidas Romero de (RN) indicó que este tipo de situaciones minan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y sus personas.
«Cuando nos enteramos por la prensa de que no hay responsables, que no hay culpables, y que por lo tanto se cierra la investigación, sentimos pena y rabia. Pena porque estamos decepcionando a los chilenos en general y rabia porque la justicia no hace su pega«, dijo a Radio Bío Bío.
Por su parte, el ex intendente y actual diputado del PS, Jaime Tohá, denunció que con su proceder, el Ministerio Público confirma que en Chile hay dos tipos de justicia.
“No se hace más que confirmar que pareciese que hay un trato diferente para los delitos de cuello y corbata, y los del ciudadano común“, señaló.
En contraposición, desde la UDI equiparon la resolución de la Fiscalía a una absolución para varios de sus militante como Jacqueline Van Rysselberghe, Sergio Bobadilla y Jorge Ulloa, que fueron relacionados con el caso.
Con información de El Mostrador y Bío Bío Chile.
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