Londres 38: Presidente de la Corte Suprema promueve libertad de criminales de lesa humanidad

Hugo Dolmestch

En medio de una polémica entrevista con La Tercera, Hugo Dolmetsch, presidente de la Corte Suprema, señaló que «el derecho humano de las víctimas se cumplió», ya que los victimarios fueron condenados; y que «ahora viene el derecho humano de los condenados«.

Sus afirmaciones fueron rechazadas por Londres 38, espacio que fue utilizado como centro de detención, tortura y exterminio por los agentes de la dictadura militar, y que hoy se constituye como una organización de trabajo por la memoria y los Derechos Humanos.

Por ello, a través de su web, publicaron una nota donde dan a conocer su postura ante los dichos del Dolmetsch, asegurando que «la primera afirmación del ministro no corresponde a la realidad. Se ha vuelto un lugar común afirmar que en Chile se hizo verdad y justicia pero con ello se oculta la impunidad existente: la inmensa mayoría de los casos de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, denunciados durante la dictadura, fueron cerrados o amnistiados por los tribunales sin que se realizaran investigaciones efectivas. En los procesos reabiertos durante los últimos 25 años, los jueces se han limitado a establecer judicialmente el paso de las víctimas por los centros de detención y tortura sin determinar la suerte corrida por estas, las circunstancias y responsables».

Además, argumentaron que después de más de 40 años de los hechos, de los 1.993 casos de personas detenidas y desaparecidas, apenas han sido encontrados e identificados los restos de 148 víctimas. En tanto, sólo los 117 de los 1.371 ex agentes procesados, acusados y condenados cumple prisión efectiva.

«En consecuencia, lo que afirma el presidente de la Corte suprema es manifiestamente falso: el derecho de las víctimas -y de la sociedad–, a la verdad y a la justicia, no se ha respetado«, argumentaron.

Desde Londres 38 recordaron que en Chile no ha habido espacio para la justicia ni la sanción ante los delitos de lesa humanidad, debido a un verdadero sistema de encubrimiento e impunidad.

«Ello contradice lo establecido por el derecho internacional respecto a la obligación de los estados de adoptar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de crímenes cometidos por agentes del Estado, esclarecer lo ocurrido, y en los casos de desaparición forzada, determinar el paradero de las víctimas, entregar sus restos a los familiares, y castigar a los responsables. Por el contrario, la impunidad respecto de estos crímenes encuentra continuidad bajo los gobiernos civiles en tres casos de desaparición forzada, de responsabilidad de agentes del Estado, se trata de José Huenante, detenido en 2005, en Puerto Montt, José Vergara en 2015, en Alto Hospicio y de Hugo Arispe, en 2001, en Arica», enfatizaron.

MEDIDAS PARA AVANZAR EN VERDAD Y JUSTICIA

Desde Londres 38 también rebatieron la afirmación de Domestch donde éste señala que «ahora viene el derecho humano de los condenados», asegurando que «equivale a desconocer que, a diferencia de sus víctimas, sus derechos sí han sido respetados puesto que han tenido acceso a defensa, no han sido objeto de tortura ni malos tratos, y cumplen condenas en general bajas en recintos carcelarios especiales. Sin mencionar que durante cuatro décadas permanecieron en la impunidad y que, salvo contadas excepciones, la mayoría de ellos ha obstruido el establecimiento de la verdad, mentido reiteradamente, evadido la acción de la justicia e, incluso, algunos se mantienen prófugos sin que los organismos policiales los hayan detenido».

Por ello, enfatizaron que es necesario avanzar en medidas decisivas para la consagración de la verdad y justicia, aprobando, entre otras iniciativas, la propuesta que busca sumar una indicación al proyecto de ley sobre libertad condicional que excluye del beneficio a criminales condenados por violaciones a los DD.HH.

A la vez, también exigen la designación de más jueces con dedicación exclusiva a estas causas, ya que el número de causas por ministros no da abasto. Desde Londres 38 también piden apoyo a la labor de seguimiento de las causas judiciales que realiza el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Entre otros requisitos, se encuentra la implementación de una política activa del Ejecutivo para hacer exigible la información que aún poseen miembros y ex agentes de los organismos de inteligencia y seguridad, así como la desclasificación y apertura de archivos hoy fuera del alcance de la ciudadanía.

«Solo un avance efectivo en torno a estas medidas dará credibilidad a las declaraciones de diversas autoridades respecto a la deuda histórica en materia de verdad y justicia», finalizaron.