Lorena Fries explicó que el Relator “ha interpretado con mejores palabras que nosotros en el Instituto algunas rémoras que todavía quedan de la dictadura y que tienen que ver justamente con el tratamiento que se le da a la protesta en Chile”. En este sentido, destacó que “no estamos en dictadura, no se requieren procedimientos brutales o que lleven a lesionados o incluso a atentados contra la vida en las manifestaciones. Es más, el derecho a manifestación es parte de una columna vertebral en términos de participación en democracia”, dijo.
Según lo indicado por Fries, el Relator se refirió a los trabajadores, los estudiantes y el pueblo mapuche como los “tres grupos que son extremadamente vulnerables en Chile” porque “son los que menos tienen acceso a hacerse oír respecto de sus puntos de vista”, dijo.
La directora habló también sobre otras cuestiones como el Decreto 1086: “No es una ley, es una herencia de la dictadura. No nos hace bien tener legislación que todavía está anclada en una visión de sociedad donde las demostraciones eran una amenaza para el país. El decreto 1086 debiera ser modificado y debiera ser objeto de una regulación por ley, donde todos los ciudadanos a través de los parlamentarios y de su concurrencia al Congreso pudiéramos ponernos de acuerdo en cómo y en qué situaciones estaríamos dispuestos a restringir el derecho a reunión o a manifestarse pacíficamente”.
Sobre el control preventivo de identidad que se contempla en el proyecto de ley corta Anti-Delincuencia, Fries reiteró que no es aceptable esa legislación: En ese sentido nos preocupa que, más que ser una herramienta supuestamente eficaz para el control del delito, se convierta en una restricción al derecho a reunión y también que va a recaer obviamente sobre los sectores ya estigmatizados frente a la opinión pública. No nos cansaremos. No somos los únicos que lo hemos dicho, lo ha dicho la Policía de Investigaciones, lo ha dicho la Corte Suprema. Creemos que no es compatible esa normativa con los DDHH”, espetó.