Lorena Pizarro por millonarias pensiones de DIPRECA y CAPREDENA: “Aquí se compraron silencios”

La noche de este domingo 23 de julio un reportaje de Informe Especial de TVN constató una serie de irregularidades en la asignación y otorgamiento de pensiones en DIPRECA, CAPREDENA y Gendarmería. Con ello, el espacio vino a complementar los datos referidos a las abultadas jubilaciones de 70 ex funcionarios de las Fuerzas Armadas -51 acogidos a la cuestionada figura del retiro por “inutilidad de segunda clase”- surgidos en el informe final de una Comisión Investigadora creada en la Cámara de Diputados para ello.

Por ejemplo, los hechos demuestran que Augusto Pinochet Hiriart- hijo del dictador- ha recibido unos $400 millones en casi 40 años por supuestamente haber sufrido un accidente en 1979. Asimismo, el ex agente de la CNI, Emilio Neira, condenado por la Operación Albania, recibe una pensión $2.605.979 por sufrir -según él- ‘estrés post traumático’. Es decir, “resultan beneficiados por haberse dedicado a torturar”, tal como indicó en su momento el presidente de la mencionada comisión fiscalizadora, el diputado Leonardo Soto (PS).

Construcción injusta de país

Si bien los hechos no son nuevos -el informe se aprobó de manera unánime por 71 votos el 15 de junio pasado-, la emisión del reportaje de la estación pública reveló los serios cuestionamientos surgidos desde Contraloría hacia las llamadas «Pensiones por Inutilidad de Segunda Clase». Este es un beneficio establecido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que reciben los miembros del sistema de previsión estatal por sufrir un accidente en acto de servicio, por enfermedades profesionales o por padecer una enfermedad invalidante de carácter permanente.

Se supone que estas dolencias impiden la capacidad de trabajo y la posibilidad de ganarse el sustento en ocupaciones privadas. Sin embargo -de acuerdo a la información proporcionada- las personas acreedoras de los beneficios no son reevaluadas en su enfermedad, pueden solicitarlo aún después del retiro, sus montos son heredables e incluyen el secreto del diagnóstico médico que las justifica.

“Esto demuestra la vigencia y la justeza de nuestra lucha contra la impunidad que la dictadura nos heredó. Cualquier gobierno que acepta seguir sus derroteros bajo las lógicas dictatoriales y profundas injusticias nos da rabia, más aún al evidenciar y conocer estos aprovechamientos y faltas de ética”, señaló en conversación con El Ciudadano la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

La histórica dirigenta -hoy candidata a diputada por las comunas de Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Cerrillos, Til Til, Lampa y Colina- declaró que “reportajes como éstos vuelven a golpear el rostro de un país donde la inmensa mayoría están condenados a la pobreza». Junto con ello recordó que «la miseria en que tienen viviendo a los jubilados y jubiladas de Chile es herencia de la dictadura”.

En ese sentido, Lorena Pizarro acusa que la entrega de estos beneficios tendría que ver con una «operación de encubrimiento» en el marco de un «pacto de silencio» al interior de las ramas castrenses.

«Es una operación de las Fuerzas Armadas que compra o asegura el silencio de los violadores de derechos humanos mediante estas pensiones. Nadie se puede explicar el continuar perpetuando el genocidio y las desapariciones si no es a través del silencio de quienes tienen la información. Pensiones millonarias y que no se justifican: aquí se compraron silencios, siguen ancladas las Fuerzas Armadas al terrorismo de Estado”, señaló al respecto la dirigenta.

Durante lo 27 años de dictadura cívico-militar, las Fuerzas Armadas se aseguraron de no ser tocadas por las injusticias y pobreza del sistema de AFP ideado por José Piñera. Por ello, a juicio de Pizarro, “quienes violaban de manera permanente los derechos humanos hoy no pueden seguir asegurando los pactos de silencio y golpeando la mesa». «Con las palabras de (general de Ejército, Humberto) Oviedo, reflotando las lógicas de obediencia debida, tenemos que darnos cuenta que la dictadura nos dejó la impunidad como una herencia de una construcción injusta de país. Esto es sólo una prueba más de aquello”, añadió la dirigenta.

Si bien las pensiones están ajustadas a los aspectos reglamentarios, la evidente colusión y falta de ética -desnudadas por las instancias fiscalizadoras del Estado- demuestran que son necesarias las iniciativas que terminen con el sistema de privilegios de las Fuerzas Armadas, más aún tomando en cuenta que las jubilaciones de CAPREDENA son financiadas en un 93% con aporte estatal.