Explosiones, incendios, balaceras, asesinatos, motines carcelarios y una ola de atentados han desatado el terror en varias ciudades de Ecuador. Hasta ahora, las autoridades responsabilizan de los hechos a grupos «narcodelincuentes».
Los hechos de violencia, que hasta ahora han dejado cinco policías muertos y varias personas heridas, se han recrudecido desde inicios de semana en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, todas ubicadas en puntos estratégicos para el negocio del narcotráfico y el contrabando de armas, reseña RT.
Desde Guayas, al suroeste del país, el crimen organizado tiene acceso para distribuir drogas y armas a través del Pacífico hacia Centroamérica, EE.UU. y el cono suramericano. En Esmeraldas, al noroeste ecuatoriano, tienen puerto hacia Colombia, centro y norte de América; mientras que en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro del país, hay paso al interior de Ecuador y su capital, Quito.
La repuesta del Gobierno de Guillermo Lasso ha sido decretar un régimen de estado de excepción en las tres provincias, que va acompañado de un toque de queda entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. La medida comenzó a regir el martes en Guayas y Esmeraldas, y el viernes se sumó a Santo Domingo de los Tsáchilas, luego que se registraran atentados con carros bombas cerca de gasolineras.
«Es algo que por primera vez sucede en la historia de la República del Ecuador, las mafias de narcotraficantes pretenden apoderarse del Estado ecuatoriano», lamentó Lasso, que señaló a «la delincuencia organizada trasnacional» como responsable de los «actos de sabotaje y terrorismo» que, para su Gobierno, son «una declaratoria de guerra abierta».
Para enfrentar esta «guerra» desatada con más de 18 atentados terroristas contra sedes policiales, objetos civiles y un centro de salud, Lasso instaló un puesto de mando unificado para dirigir la contingencia y activó a 1.400 uniformados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para detener al crimen organizado.
Allanamientos en Ecuador
Desde que se decretó el estado de excepción, la fuerza pública ha realizado una serie de allanamientos en las zonas de conflicto, incluyendo los centros penitenciarios. El objetivo es dar con los cabecillas de los grupos delictivos que operan desde la prisión, así como otros delincuentes vinculados a la criminalidad.
A mediados de la semana pasada, Lasso informó que con los procedimientos de seguridad ya se había logrado la captura de más de 50 personas, presuntamente vinculadas a distintos hechos delictivos. Además, las autoridades han reportado la incautación de lotes de armas cortas y largas, drogas, municiones y explosivos.
Una de las situaciones más tensas se registró en la Penitenciaría del Litoral, en Guayas, una de la más violentas del país, donde —desde el pasado martes en la noche— se registró un motín que se extendió hasta el jueves en la tarde, y que dejó a 12 militares heridos después de dos días de enfrentamientos contra reclusos, que se negaron a que la fuerza pública los requisara.
Tras tomar control de la cárcel, la Fuerza Armada ha mantenido en la zona periférica un intenso patrullaje que incluye el río Daule, cercano a la penitenciaría.
Mientras tanto, el Gobierno asegura que ha logrado recuperar el control de los centros carcelarios en los que han intervenido las autoridades para «acabar» con los «cuarteles generales del crimen», instalados en esos sitios de reclusión.
«Se están quedando sin amigos ni palancas, y pretenden sembrar miedo (…) los narcodelinuentes que sepan que no nos temblará la mano», zanjó el mandatario, quien decidió suspender las vacaciones que tenía previstas en EE.UU.
¿Aliados de los carteles mexicanos?
La ola de violencia se inició después de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) empezara a trasladar presos hacia distintos centros penitenciarios, con el argumento de reducir el hacinamiento, mejorar la infraestructura y la condiciones de seguridad.
Estos traslados habrían inquietado a los grupos criminales, según explicó el Gobierno, porque implicaban cortar con el control que ejercían los cabecillas de la actividad delictiva desde los centros penitenciarios.
Tras los hechos, comenzaron a circular panfletos en Ecuador, que se viralizaron en redes, donde presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación amenazaba al Gobierno de Lasso.
El CJNG advertía que si llegaban a tocar a su «gente» dentro de los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría del Litoral, utilizarían todo su poder logístico, armamento bélico y tropas para desatar la violencia armada.
En ese mismo texto, acusaron al director del SNAI, Guillermo Rodríguez, de estar presuntamente relacionado con «Fito y Huevo», líderes de ‘Los Choneros’, un grupo criminal que estaría asociado a sus rivales del Cartel de Sinaloa. Además, advirtieron que perpetrarían más atentados contra todo tipo de objetivos civiles y estatales.
Según la prensa mexicana, ‘Los Choneros’ son conocidos como la banda narcotraficante más grande de Ecuador y serían los encargados de transportar la cocaína del Cartel de Sinaloa.
Por su parte, el CJNG se habría asociado con las bandas de ‘Los Lobos’, ‘Los Tiguerones’, ‘Los Chone Killers’, y ‘Latin Kings’, de acuerdo a reportes de la prensa ecuatoriana. La sociedad se habría iniciado en 2021, a través de la organización criminal «Cartel Nueva Generación«, para intentar controlar los corredores de droga en el país andino.
Sin embargo, en mayo pasado, estas mismas cuatro bandas delictivas anunciaron que darían un primer paso hacia la pacificación voluntaria, pero luego, en octubre, fue atacada la sede de la televisora RTS, al norte de Guayaquil, y se lanzaron en la calle panfletos contra el Diario La Extra, firmados por ‘La Nueva Generación’.
En la carta amenazaban de muerte a los vendedores de periódicos y agencias de distribución que pusieran en circulación el rotativo. De igual forma, prometieron darle «muerte» al director nacional de ese medio por «mal informar».
De momento, el Gobierno de Lasso no ha confirmado las versiones de los presuntos vínculos que tendrían los cárteles mexicanos con las bandas criminales ecuatorianas, aunque sí consideran que se trata de «delincuencia organizada trasnacional».
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