Los forados de la historia

Silenciosamente, entre el 8 y 10 de febrero pasado, la Armada demolió el edificio de la antigua Academia de Guerra Naval (AGN), ubicado al final de la calle Pedro León Gallo, en una colina que baja al mar, en el barrio de Playa Ancha. Allí se configuró el golpe de Estado. Allí fungió el cuartel central del almirante Toribio Merino durante el 11 de septiembre. La locación también fue conocida por los centenares que fueron detenidos en los días posteriores. Al edificio fueron trasladados obreros, estudiantes, profesores, mujeres y jóvenes; militantes y simpatizantes de partidos de izquierda. Allí fueron vejados y torturados. Miguel Woodward, el sacerdote que había abrazado la causa de los pobladores, era uno de ellos. Tras ser sometido a tormentos en la Universidad Técnica Federico Santa María, fue trasladado a la AGN desde donde salió agónico hasta el buque-escuela Esmeralda. Luego fue desaparecido.

En el mapa de los sitios donde operó el terrorismo de Estado en Valparaíso, la AGN, junto al adyacente cuartel Silva Palma, relumbran como infames faros. “Tenía que dejar alimentos a los detenidos en la Academia. Hacíamos varias triquiñuelas para averiguar quiénes estaban ahí porque no se podía hablar”, rememora hoy Ricardo Tobar, cabo segundo, y uno de los marinos que intentó impedir la conjura golpista al interior de la Armada. No militaba en ningún partido de la UP pero simpatizaba con el MIR. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por la FACH, en Quintero. Fue torturado y sometido a Consejo de Guerra. Desde hace años, es uno de los voceros de los Marinos Constitucionalistas y Antigolpistas, una de las agrupaciones que denunciaron el subrepticio derribo del alguna vez llamado -macabramente- “Palacio de la Risa”.

“Desde que entré a la marina, en 1964, (Allende) fue el único presidente que dijo algo por el perraje. Nos subió el sueldo. Entonces era la conciencia de clase la que jugaba a nuestro favor. El 90% o más somos hijos de obreros”, recuerda. El mayor de 7 hermanos, y oriundo del barrio de Miraflores Alto, en Viña del Mar, había ingresado con 15 años a una institución que podía darle, como cuenta hoy, una solución rápida a la escasez. “Fue la jugada de mis padres para que tuviéramos buena educación. Por edad no podía llegar a la universidad, así que era la posibilidad”.

Con sus compañeros percibió ya, a fines de los 60, el talante reaccionario de la oficialidad naval, institución conocida por su clasismo. “Cuando salió Allende, las arengas que hacían los oficiales empezaron contra el gobierno”, dice. En su unidad, la Escuela de Armamento de Las Salinas, también observó la inquietante presencia de marines y asesores militares estadounidenses.

– ¿Usted sospechaba que se incubaba en la Armada ese nivel de encarnizamiento en la represión?

“Absolutamente no. Sí sabíamos que el entrenamiento para los buzos tácticos era totalmente brutal. Tenían que descuartizar un animal doméstico… Algo propio de los gurkhas. La Infantería de Marina sí practicaba la brutalidad. Muchos se salían porque no se identificaban con lo que pasaba allí. Al (almirante Eugenio) Codina, cuando nos reunimos con él (en 2009), le preguntamos en qué parte de la instrucción naval se enseñaba a dar golpes de Estado”.

– ¿Cómo se transformaba un conscripto en una máquina de matar y torturar y, más aún, desconectado de su origen?

“Es muy fácil: El embrutecimiento. Una persona que entró medianamente al colegio, que no tuvo la capacidad de crecer como persona, era más fácil encuadrarla en el sistema de ellos. El mando siempre tiene la razón. También va a depender la guía primera que tengan, que son los padres”, contesta.

Tobar cree que el objetivo de la demolición de la AGN no sólo es el borrado de la memoria si no complementarios intereses inmobiliarios. “¿Quién o quiénes dieron la orden?”, pregunta. Recuerda cuando, a principios de los 90, echaron abajo el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo. Hoy en ese predio se aprecian edificios. “Cuando iban a vender Las Salinas a la inmobiliaria del grupo Luksic ¿quién le permite a la Armada, que forma parte del Estado, vender cosas del Estado?. Los ex presos estamos pidiendo, desde siempre, verdad, justicia y reparación. Dentro está la de mantener los sitios de memoria”.

Por tal motivo, señala, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han presentado una acción para impedir la demolición del cuartel Silva Palma, que ven como un acto más dentro de una narración, hasta el momento impune.

“Los vestigios del pasado reciente siempre han incomodado a las FFAA y se han encargado de hacer prevalecer su visión histórica de la dictadura”, señala Alejandra López, historiadora, quien desarrolla hoy un Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su tesina versa sobre el derecho a la memoria y los procesos de memorialización. “Es de la mayor relevancia ético-moral que los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad, sean rescatados por quienes sufrieron ahí prisión política y tortura. Son ellos, los testigos-sobrevivientes. Quienes más que ellos, son los llamados a liderar iniciativas de rescate de la memoria histórica reciente”.

CARRERAS INTERRUMPIDAS

En septiembre de 1973, Jorge Rojas era estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), tenía 20 años y era cercano al PS. Fue detenido en octubre, al intentar inscribir los ramos del segundo semestre. Efectivos navales habían ocupado el recinto universitario desde las primeras horas del golpe de estado. Un listado puesto en la entrada les indicaba qué estudiantes debían ser apresados. Tras algunas horas fue subido a un camión, junto a otros jóvenes. Algunos viajaron sentados en el piso y otros acostados “para no ser vistos en el cruce de la ciudad”, recuerda. El destino era la Academia de Guerra Naval.

Las torturas físicas y psicológicas comenzaron desde que el grupo descendió desde el vehículo. Fueron encapuchados, y al momento de subir al tristemente célebre cuarto piso, “se pasaba una suerte de ‘callejon negro’ con golpes de culata, puntapies y puños”, recuerda Rojas. “Eran dos grandes salas. La primera, donde se llegaba en espera del interrogatorio, y la segunda, más pequeña, donde uno pasaba después. En la primera era habitual que llegara algún oficial ‘malo’ y ordenara largos períodos en posición inmóvil, que inducían calambres y otros malestares; quien cambiaba de posición era pateado. La rutina de encarcelamiento era continua. No había hora de levantarse o comida. Sólo algunas veces al día se podía ir al baño, en grupo y encapuchado”.

Ricardo Tobar, del grupo de Marinos Constitucionalistas Antigolpistas

El baño también estaba en el cuarto piso, que aseaban los mismos prisioneros. “(Había) cero posibilidad de higiene personal, ni siquiera bucal. Alguna vez trajeron un recipiente con arroz y papas incomibles. Los interrogatorios eran en cualquier momento del día pero preferentemente de noche. Las luces estaban prendidas permanentemente y dormir era un suplicio pues llamaban todo el tiempo a alguien a interrogar. Yo fui interrogado tipo 4 de la mañana. Me sacaron con una capucha olor a vómito y un ‘cosaco’ (infante de marina) me iba torciendo el brazo. Casi al llegar al lugar de interrogatorio, recibí un fuerte golpe en la cabeza. No sé si fui golpeado o se me hizo golpear con un palo atravesado. Las preguntas estaban dirigidas, fundamentalmente, a actividades políticas realizadas y conminación a delación. Todo el interrogatorio transcurrió encapuchado por lo que nunca vi el entorno y las personas que participaban”, describe.

Durante los 4 a 5 días que permaneció detenido, Rojas pudo reconocer a otros estudiantes, un profesor de la Universidad de Chile y un sacerdote. “Hubo un marinero que, en algún momento, ofreció si alguien quería avisar a alguien afuera. Me acerqué y di un teléfono de un familiar que fue contactado indicándole que estaba en la AGN. Eso sirvió para que me hicieran llegar una frazada que me ayudó de manta y colchón”. El gesto humanitario no era común: “Había otros marinos, que llegaban a rostro cubierto, imponiendo castigos a todos, sin motivos aparentes”, cuenta.

Tras ese período, fue dejado en libertad y amenazado si hacía público lo experienciado. Fue expulsado de la universidad. Pudo viajar a Bélgica dónde terminaría sus estudios de Ingeniería Civil. Sólo tras el fin de la dictadura, Jorge Rojas testimonió ante la comisión Valech. “Es lamentable la demolición de la AGN. Siguiendo esta línea, la Armada debería hundir la Esmeralda que fue, igualmente, centro de detención y torturas”, dice hoy con ironía. “Tal como en Europa, (acá) deberían preservarse los campos de concentración para la memoria histórica”.

UNA POLÍTICA AUSENTE

En 2016, fue publicado “El Golpe llegó a golpearnos” (RIL Editores). Su autor es Carlos Carstens Soto, otro estudiante de la UTFSM y militante, en ese entonces, del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER). El libro narra el paso de su autor por aulas secundarias y universitarias, dando cuenta de la intensa vida política y cultural porteña a inicios de los años 70. Como contracara, abunda en el fin violento de dicho proceso. Carstens fue detenido en septiembre de 1974 por efectivos navales y conducido al cuartel Silva Palma, donde fue torturado. Luego, junto a otros estudiantes, permaneció encarcelado por meses en la cárcel porteña. Igualmente fue expulsado de la universidad. Tras algún tiempo, se exilió en Inglaterra donde concluyó sus estudios de ingeniería electrónica. “Testimoniar era un deber y una necesidad. Me obligué con dolor y rabia a repasar esa historia que había ocultado por cuatro décadas pero que no había olvidado.

Frente a lo acontecido con la AGN señala: “El rescate de la memoria histórica tiene como objetivo basal el mantener el lema “para que nunca más”. Su preservación tendría que contemplar estrategias y acciones destinadas a difundir su historia a través de la educación, testimonios, cultura, y documentos relevantes tal de evitar la desaparición de estos lugares. La preservación debe ser una política de estado, ya que requiere recursos para fomentar una campaña que contemple estrategias y acciones específicas destinadas a contrarrestar su total desaparición”.

En su opinión, lo perpetrado por la Armada tiene consonancia con acciones que nunca han reconocido ni mucho menos pedido perdón: “(Se) aplica una acción sistematizada frente a ciertos reconocidos centro de detención y torturas como lo han sido Puchuncaví, Colliguay, la base aeronaval de El Belloto, y ahora la AGN, entre tantos”.

Si bien, desde 1990 a 2009 han existido 31 políticas públicas de distinta índole, que “efectivamente habla que sí ha habido un esfuerzo al respecto”, para Alejandra López ha sido la sociedad civil organizada “quienes han exigido la recuperación de los sitios de memoria y ha sido acompañada con distintos énfasis por instituciones de gobierno y expuestas a las siempre presentes trabas burocráticas”.

Como un par de datos complementarios, que explaya la magnitud de la faena, es necesario mencionar la presencia actual del monumento a Toribio Merino, en los jardines del Museo de Historia Naval, en Playa Ancha. Por otro lado, en la parte alta del cerro Placeres, una población aún lleva por nombre el de Juan Naylor, cómplice de actos tan graves como los descritos.

LA RESPONSABILIDAD

Tras pasar por el denominado campo de detención “Isla Riesco”, en Colliguay, al interior de Quilpué, Ricardo Tobar recaló en “Melinka”, el nombre que la Armada tenía para el reclusorio donde, hasta septiembre de 1973, se emplazó un balneario popular (ver El Ciudadano n° 205), en Puchuncaví, 36 kilómetros al norte de Valparaíso. Junto a otros cautivos, fue obligado levantar alambradas y torres de vigilancia en los alrededores de las cabañas con forma de A. El centro estaba a cargo de la infantería de marina. Su aspecto traía a la memoria, sin muchos esfuerzos, los campos de concentración nazis.

En abril de 1975 fueron trasladados allí Rodrigo del Villar y Miguel Montesinos, militantes del MIR. Ambos habían pasado ya por el cuartel Terranova (Villa Grimaldi), Cuatro Álamos y Tres Álamos. Su cautiverio duraría hasta 1976. “El campo tenía capacidad como para 300 personas y, por lo menos, el tiempo en que estuvimos nosotros, siempre estuvo lleno. Además, hubo rotativa de gente”, relata Montesinos, un arquitecto que, tras recuperar su libertad, permaneció en Chile.

Rodrigo del Villar vivió hasta 1991 en Suecia, tras ser expulsado en 1976. Sin embargo, a inicios en 1983 regresó hasta Puchuncaví donde tomó fotografías del predio ya abandonado. A inicios de los 90, junto a Miguel Montesinos, formó parte del grupo que preservó Villa Grimaldi, en Peñalolén. “Uno tiene una responsabilidad”, señala. “El hecho de haber vivido esa experiencia, con compañeros asesinados o hechos mierda por la tortura, te deja algo: Es importante que no se olvide. En Villa Grimaldi realizamos visitas guiadas a colegios, a universidades. Los jóvenes podían conversar con 2 personas que habían estado allí, y eso les cambiaba el switch. Hubo muchos testimonios de estudiantes que nos dejaron tras las visitas”.

“El mejor legado que podemos dejar aquellos que sufrimos este gran golpe, son estos sitios de memoria. Este país tiene el problema que la memoria es tan frágil…”, acota Montesinos.

Ambos venían visitando, durante años, lo que fue “Melinka”. Constataron la progresiva desaparición de evidencias. Primero la demolición de las cabañas y la torre, en un terreno de propiedad municipal. Las alambradas y la antena de radio fueron retiradas. El terreno fue socavado. Los restos de una cabaña con forma de A, probablemente la última, fueron trasladados a una escuela en Maitencillo. Hace poco más de un año, durante las excavaciones para la construcción de un jardín infantil, en un sector del predio, aparecieron restos de herramientas. En algunos puntos se aprecian, hoy, ciertos vestigios como los agujeros para los baños, retazos del piso de algunas dependencias, incluso el empedrado artesanal que algunos presos dispusieron a la entrada de sus cabañas/celdas.

En 2014, junto a otras personas, Del Villar y Montesinos constituyeron la Corporación de Cultura y Memoria de Puchuncaví. “Queremos replicar lo hecho en Villa Grimaldi. El interés nuestro es que todo el mundo sepa lo que pasó. No queremos un sitio donde nos sigamos contando el cuento entre las mismas personas. Creemos que hay otras instancias para eso. No convertirlos en trincheras, que provoca reticencia en otras personas”, señala el arquitecto.

Recorremos el terreno. Del Villar y Montesinos indican algunos puntos, como la antigua entrada al campo, los límites de la “tierra de nadie”, es decir, el espacio entre alambradas, el depósito de agua adyacente, aún en funcionamiento, todo un símbolo; al fondo, un frondoso árbol nativo, mudo testigo de décadas. “La propuesta nuestra es un centro cultural que sea usado por la gente de Maitencillo, Puchuncaví y Ventanas. No los veraneantes sino quienes viven acá. Donde haya talleres de música, pintura, artes, y temas medioambientales que es algo muy sentido”, abunda Montesinos. “No solamente estar pensando en que fue un campo de prisioneros. Para eso va a estar el museo, con fotos, artesanías, testimonios. Pero también mirar para adelante”.

Han realizado un plano que reconstruye, con los testimonios de antiguos prisioneros, las dependencias del campo de detención. Un anteproyecto de su propuesta de centro cultural puede revisarse desde su página en facebook.

Como corporación han efectuado encuentros con organizaciones locales, entre estas el Museo de Puchuncaví, pero tras gestiones con 3 administraciones edilicias no han obtenido respuesta a su solicitud de comodato del predio. “Un alcalde nos dijo: ‘Pongamos una piedra’… En 40 años más nadie se va a acordar. Lo más probable es que se destruya”, objeta Rodrigo del Villar. Esa indolencia, a su juicio, tiene consonancia con que los derechos humanos no son tema: “Desde 1997 a 2004, fue el auge de los DDHH en este país. Luego comenzó a decaer. No me refiero a la gente de la UDI y RN sino a gente que estuvo detenida y que tiene cargos importantes como diputados y senadores. El tema se les transformó en un problema. Es cosa de ver los movimientos de ex presos solicitando que, por favor, se les retribuya por el drama que se les hizo, y lo siguen viviendo”.

Felipe Montalva

El Ciudadano

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