Los mortales errores de las Fuerzas Armadas de Chile

A pesar del holgado presupuesto que tienen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, siguen presentando casos que ponen en evidencia deficiencias en su desempeño. Todavía no terminan de dar explicaciones en el caso Antuco, frente al terremoto y tsunami de 2012 y la caída del casa 212 en la isla Juan Fernández.

Si el terremoto del 27 de febrero de 2010 fue un tropiezo mortal en la historia de la institucionalidad chilena y el accidente del avión en la isla Juan Fernández -con su carga emotiva mediática- una muestra de deficiencias abrumadoras, la campaña suicida de Antuco en 2005 podría considerarse una estocada directa al corazón de la nación: la evidencia de la desprotección a la que pueden estar sometidos los miles de jóvenes que año a año copan voluntariamente el Servicio Militar Obligatorio (SMO).

En los últimos quince años, Chile gastó cerca de 5 mil millones de dólares en adquisiciones bélicas, la más alta de América Latina. ¿De qué sirvieron tanques, buques, submarinos, aviones de combate y fusiles sofisticados cuando la tierra desató su ira sobre gran parte del país, si ni siquiera hubo pilotos de la Fuerza Aérea (Fach) a disposición de la presidenta Michelle Bachelet cuando los requirió esa noche? ¿Qué utilidad efectiva prestó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada si tanto la actuación de su personal como su instrumental fue deficiente? ¿De qué sirvió que el único sistema de comunicación que resistió el terremoto fuese el Torrente del Ejército si sólo sirve para comunicar a los regimientos? ¿Dónde queda la buena reputación de los pilotos de la Fach si una de las posibles causas del accidente de Juan Fernández es la incompetencia de quien comandaba la nave? ¿Qué utilidad tiene gastar miles de millones de dólares si las Fuerzas Armadas presentan seguidilla de errores y deficiencias ante desastres naturales y operaciones en que deberían actuar con excelencia profesional? ¿Qué hubiera pasado con esos elementos si en vez de terremoto, tsunami, entrenamiento en la montaña y caída de un avión se hubiese tratado de una agresión militar externa?

BOTAS CON SANGRE

Un estudio de la socióloga Carolina Stefoni, editado por Flacso en 2000, señaló que entre 1991 y 1999 ocurrieron 20 suicidios de conscriptos del Servicio Militar, casi el 90% con armas de fuego institucionales. Paralelamente, otros tantos murieron en ejercicios militares en los últimos diez años.

Sin embargo, uno de los hechos más graves que recuerde el Ejército en tiempos de paz, ocurrió en 2005 con la muerte de 44 conscriptos y un suboficial durante la instrucción que se ordenó en los faldeos del Volcán Antuco, cerca de Los Ángeles.

Tal como señalara en su investigación el ministro en visita, Juan Arab, dicha tragedia fue «resultado de un accionar imprudente, descuidado y con infracción reglamentaria, especialmente la que impone al superior velar por el bienestar del subalterno».

Los jóvenes fueron enviados a la montaña sólo con cuatro semanas de instrucción y con un equipo muy inferior a la calidad de los oficiales. En aquella jornada se desestimó el pronóstico meteorológico. Luego, el mayor Patricio Cereceda ordenó marchar a los soldados, no cumpliendo con las reglas del Ejército y desoyendo los reparos de subalternos. Uno de los oficiales, pudiendo devolverse, continuó la marcha con los soldados mojados hasta la cintura; y otro optó por no quedarse en un refugio, lo que hubiese evitado la muerte de varios soldados más. “Los llevamos para que aprendan a ser hombres”, fue la respuesta de un oficial según contó la madre de un conscripto, para explicar el brutal entrenamiento.

A juicio de Alihuen Antileo, director del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad (Cedes) de la Universidad Arcis, todavía existe una herencia dictatorial en las prácticas militares. “El empleo de métodos violentos al interior de los cuarteles, que denigraban a los soldados y buscaban una disciplina ciega, dejaron una cultura indolente al respeto por la integridad de los soldados que, además, provienen de los sectores más modestos de la sociedad”, señaló.

Tres oficiales y dos suboficiales fueron dados de baja, mientras Luis Pineda y Cereceda fueron formalizados por cuasidelito de homicidio. Sólo el ex mayor fue condenado a 5 años de presidio, pero se encuentra en libertad desde 2011. Ninguna responsabilidad fue atribuida al ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.

HAY TSUNAMI, NO HAY TSUNAMI

En el terremoto y tsunami de 2010 quedó clara la descoordinación e ineficiencia de toda la institucionalidad frente a un desastre natural, aun existiendo protocolos de acción.

Los detalles son numerosos y pueden conocerse en investigaciones periodísticas y en el informe de la Comisión parlamentaria que estableció las responsabilidades institucionales tras el terremoto. Además, la Fiscal Solange Huerta busca establecer las responsabilidades penales al respecto.

Vale destacar que, lamentablemente, la Armada no corrigió los errores que cometió el 2005 cuando el rumor de un falso tsunami generó el caos y la muerte de dos personas en la Región del Bio Bio. Esa vez, funcionarios navales de Talcahuano malinterpretaron un fax del Shoa y alertaron a sus familiares sobre un supuesto tsunami. El rumor se extendió rápidamente. Ya esa vez se dio cuenta de la falta de planificación y competencia del personal naval ante emergencias.

En el caso del 27/F se lamentaron más que dos muertes por errores civiles y militares: falló desde la interpretación de mensajes (inconcebible en casos de desastres) hasta el instrumental mareográfico y el mando técnico, a cargo del Shoa, de acuerdo al Plan Nacional de Protección Civil. En una fatal cadena de errores, unos dicen que hicieron lo correcto y los otros lo desmienten (como en el caso del jefe de la Armada de Talcahuano, Roberto Machiavello, y el Intendente Tohá o entre el Shoa y la Oficina Nacional de Emergencia, ambos casos respecto a la existencia o no de tsunami).

Lo cierto es que el propio protocolo frente a emergencias falló. Por un lado, la Onemi pudiendo hacerlo, no activó el Plan Accemar, que no necesita de la información del Shoa para evacuar. Por otro, los marinos siguieron las instrucciones del manual que asegura que si el epicentro es en tierra, no hay tsunami, lo que es desmentido por expertos y contradecía las informaciones llegadas esa noche desde el Pacific Tsunami Warning Center. En cuanto a las comunicaciones, todas colapsaron salvo los sistemas más antiguos, no pudiendo dar alerta a las zonas más afectadas (sólo 8 de las 69 unidades navales la recibieron, aunque luego se cancelara). Machiavello, por su parte, se preocupó más de su personal que de alertar a la población civil e incluso su personal en Talcahuano evacuó la base naval.

“Si extrapolamos el 27/F a un eventual riesgo bélico, se da cuenta de una alta vulnerabilidad en términos defensivos y la poca capacidad de reacción. Eso pone en entredicho la formación en que por años ha invertido la sociedad chilena en sus FFAA”, afirmó el diputado Gabriel Silber.

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, en febrero quedó clara la incapacidad de las Fuerzas Armadas para reaccionar de manera conveniente ante un desastre natural extendido y de gran impacto, con debilidades mortales e inmensas y sin un plan nacional de asistencia a la población. Todavía hay que esperar la aplicación del estado de emergencia, una concepción además más represiva que de ayuda institucional.

EL VIAJE QUE NO DEBÍA HACERSE

Pese a las primeras versiones oficiales, el Comandante en Jefe de la Fach, Jorge Rojas, reconoció que era el teniente Juan Pablo Mallea quien piloteaba el avión Casa 212 que se estrelló en septiembre del año pasado y costó la vida de 21 personas. Luego se supo por documentos oficiales que éste era considerado por sus instructores como un «pésimo estudiante» que «no se sabe las tablas de multiplicar y que no le daba el maní», y un rumor señaló que logró continuar sus estudios por la influencia de su padrastro, el coronel José Montaner. Además, la Fach deberá aclarar si es cierto que la Teniente Fernández, la otra oficial fallecida, había pedido la revisión de sus condiciones como piloto tras un incidente ocurrido en julio en que Mallea casi estrelló el avión contra un cerro en la misma isla.

Héctor Díaz, papá de Galia Díaz, una de las fallecidas, afirmó convencido que la Fach quería cuidar su imagen a toda costa, ya que en un primer momento consideró que el accidente habría ocurrido por causas fortuitas. Jaime Moraga, abogado de una de las familias de una víctima, duda sobre la elección del avión para esa misión (los Casa, conocidos como “los Hércules de los pobres”, tienen alta tasa de accidentes), y sobre la cantidad de combustible que cargaba la nave, habiendo disponible otra que tenía capacidad para combustible adicional. Además, no hay explicaciones sobre quién autorizó el viaje, dado la crítica situación climática que había hecho suspender los vuelos a las dos líneas civiles que viajan a la isla hace décadas. “Hay responsabilidad del alto mando, decir que sólo el piloto tiene la culpa es injusto ya que él fue puesto en una situación que excedía sus capacidades profesionales”, señaló.

Quedan otras interrogantes: Por qué se obliga a los pasajeros a firmar un documento que libera a la Fach de las responsabilidades en caso de accidente; por qué se cambia el plan de vuelo a última hora; cuál era el nivel de mantención del avión (“secreto militar” para la Fach); así como las circunstancias de la muerte de un uniformado alcanzado por una hélice en Juan Fernández los días de los operativos por la caída del Casa.

SECRETILLOS

El holgado presupuesto con el que cuentan las Fuerzas Armadas para la compra de material bélico proviene de la Ley 13.196, o Ley Reservada del Cobre (LRC), que dispone el 10% de las ventas de Codelco para la adquisición de material bélico y las instalaciones donde se guarden o reparen estos pertrechos. Repartidas en partes iguales entre las tres ramas, una cuarta cuenta acoge el superávit producto del alto precio del cobre y que, según estimaciones, llegaría a los 3 mil millones de dólares, dos mil millones más de que lo se gastaría en la reforma de educación.

Una de las características de dicha Ley es que el destino de los recursos es secreto. Y como no son recursos que van en el Presupuesto General de la Nación, no son aprobados por el Congreso ni fiscalizadas por Contraloría.

Este secretismo, que incluye hasta el número de lacrimógenas lanzadas por Carabineros, ha sido criticado por años. Por lo mismo, hace unos días se aprobó la derogación de la LRC. Una vez en vigencia, hay seis meses para que el saldo existente pase a un Fondo de Contingencia Estratégico.

La nueva iniciativa mantiene el financiamiento anual en la Ley de Presupuestos, tal como es hoy. Para capacidades estratégicas, se crea un sistema compuesto por un presupuesto a cuatro años y un Fondo de Contingencia para enfrentar situaciones extraordinarias.

A la vez se establece un presupuesto de cuatro años, que permita financiar tanto las inversiones de equipamiento bélico y su infraestructura asociada, como la operación y sostenimiento de esas inversiones.

Por último, se plantea la existencia de controles y de información a disposición de las instituciones pertinentes, significativamente más amplia que la que es posible en la actualidad, pero compatible con la reserva de las materias a controlar e informar.

Pero Silber se refiere a otro punto crítico: “Desde el poder civil debemos tener capacidad analítica profesional que pueda analizar las decisiones respecto a las oportunidades de compra. Hoy las FFAA son jueces y parte”, afirmó, iluminando otro tema complejo: la corrupción expresada en coimas y comisiones.

Recordado es el caso de los aviones Mirage comprados a la Fuerza Aérea de Bélgica en 1994, donde buena parte del alto mando de la Fach recibió jugosas “comisiones” (sobornos) por comprar, a través de terceros, unas máquinas que estaban tiradas en los hangares belgas y que protagonizaron más de la mitad de los accidentes de la Fach entre 1999 y 2006, poniendo en riesgo de la vida de los pilotos y civiles, salpicando con sospechas al Ministerio de Defensa y La Moneda.

Aunque por ley las platas de la Ley Reservada del Cobre sólo pueden destinarse a material bélico, en 2007 el entonces ministro de Defensa, José Goñi, aprobó el financiamiento de los nuevos edificios de la Fach y el Ejército, que sumó 95 millones de dólares, y 300 millones de pesos para la puesta a punto de cuatro pisos en los que se trasladaría el Ministerio de Defensa en calle Zenteno luego del incendio del Gabriela Mistral.

Hace pocos días y en otro ámbito, tras 18 años desde la presentación de la denuncia por el fraude y estafa al Fisco en el Hospital Militar, la Corte Suprema dictó condena en contra de doce personas –funcionarios y altos mandos del Ejército- que entre 1991 y 1994 generaron pérdidas de 450 millones de pesos al Estado comprando insumos y elementos médicos que nunca llegaron a las bodegas del recinto hospitalario.

DÓNDE FOCALIZARSE

Para el director del Cedes, una de las conclusiones que pueden extraerse del 27/F es que las catástrofes naturales deben ser incorporadas por las FFAA como uno de los escenarios secundarios más probables y que ellas debieran abordar y participar en la construcción de un sistema de Seguridad Humana.

Sin embargo, hoy eso está lejos de ser una realidad. Silber señaló que si bien se han mejorado algunos protocolos internos, la situación no es muy distinta en cuanto a coordinación y sistemas de comunicación. “Los últimos eventos revelaron los mismos errores. En uno de los últimos sismos fuertes hubo tres alertas distintas de tsunami en la VII región, a uno se les dijo que si, a otros que no”, afirmó.

Por tanto, cabe preguntarse si el Estado chileno ha focalizado correctamente las prioridades de las FFAA y si éstas están realmente interesadas en jugar a la guerra o atender las amenazas que los tiempos actuales evidencian como urgentes. Esperemos que los hechos no nos hagan responder esa interrogante con los bototos manchados de sangre.

 Por Cristóbal Cornejo

Publicado en El Ciudadano nº127, segunda quincena de junio 2012