Los paramilitares colombianos mataron a unas 30.500 personas entre 1985 y 2003

Unos 4.112 paramilitares de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya desmovilizados han cometido al menos 30.470 asesinatos y han hecho desaparecer a otras 2.520 personas entre 1985 y 2003, según han reconocido los propios implicados en declaraciones prestadas ante la Justicia. La Fiscalía colombiana por su parte ha recibido denuncias documentadas de unos 11.797 homicidios en este periodo, según un nuevo informe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hecho público este martes.

Estos paramilitares desmovilizados han reconocido ante la Justicia haber cometido 1.085 masacres, haber desaparecido a 2.520 personas de manera forzosa, haber reclutado a 1.437 menores, haber impuesto 1.326 desplazamientos forzados, 1.642 extorsiones y otros 1.033 secuestros, según datos de la Fiscalía.

La Fiscalía ha logrado verificar 485 masacres hasta diciembre pasado, así como 1.093 reclutamientos de menores, 1.412 desapariciones, 747 episodios de desplazamientos masivos, 623 extorsiones y 392 secuestros.

Unos 32.000 paramilitares han abandonado las armas y muchos de ellos disfrutan beneficios judiciales en virtud de la Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 dentro del plan del Gobierno de Álvaro Uribe para favorecer la desmovilización y la reconciliación nacional a cambio de su desarme y la confesión de crímenes a través de las denominadas ‘versiones libres’. La ley fija una pena máxima de ocho años de prisión para paramilitares que se entregaron o que confiesen sus crímenes.

FALTA DE COOPERACIÓN JUDICIAL

Sin embargo, la falta de un acuerdo bilateral en materia de cooperación judicial entre Estados Unidos, país al que han sido extraditados numerosos paramilitares para su procesamiento en este país por delitos de narcotráfico, y Colombia está entorpeciendo los procesos para que éstos declaren por sus crímenes más graves.

Sólo ocho de los 15 paramilitares extraditados a Estados Unidos en 2008 han continuando testificando sobre su responsabilidad en homicidios, desapariciones y secuestros desde Estados Unidos, mientras que, según el Laboratorio Internacional de Derechos Humanos de Berkeley (IHRLC, por sus siglas en inglés), al menos 18 de los 30 paramilitares extraditados en los últimos años a Estados Unidos brindan testimonios públicos.

Precisamente, con el objetivo de mejorar esta cooperación, viajó este mes a Washington el presidente del Tribunal Supremo colombiano, Augusto Ibáñez.

El Supremo colombiano ha intentado sin éxito obtener declaraciones de algunos de los ex comandantes paramilitares como Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como ‘Don Berna’, solicitadas a la Justicia estadounidense desde octubre del año pasado.

Ninguno de los paramilitares extraditados a Estados Unidos han sido condenados hasta la fecha, según recuerda el IHRLC. «Las extradiciones pueden haber acabado (confirmado) los nexos de los procesados con el comercio de estupefacientes, pero hicieron poco para desmantelar las estructuras paramilitares responsables del narcotráfico y la violencia generalizada», lamenta la ONG.

A su juicio, sus testimonios ofrecen «una oportunidad única para romper con el ciclo de impunidad» por su capacidad para «proveer información crítica en los casos de violaciones a los Derechos Humanos».

NEXO ENTRE POLÍTICA Y PARAMILITARISMO

Además de los casos abiertos por la Fiscalía colombiana para esclarecer asesinatos, secuestros y desapariciones de miembros de las AUC, la Fiscalía también tiene abiertos 276 instrucciones contra funcionarios públicos por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

Algunos de los testimonios de paramilitares dejan más que meridianamente clara estas relaciones como en el caso del ex jefe paramilitar y presunto narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, quien este martes inculpó en una confesión libre ante la Fiscalía colombiana al coronel del Ejército ya retirado Héctor Alejandro Cabuya De León, de ordenar la desaparición y asesinato de más de 100 personas en la región de Llanos Orientales presentadas como delincuentes caídos en combate. Cabuya De León fue comandante del Batallón de Infantería 21 Vargas, en el departamento de Meta.

Además, precisó que muchos de estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos», cometidas en el este del país se perpetraron de manera conjunta entre paramilitares y militares regulares «y el Ejército los presentó como subversivos muertos en combates», testificó.

Al explicar cómo reclutaban a las personas que iban a asesinar extrajudicialmente, el ex paramilitar explicó que en ocasiones se identificaba a las víctimas en lugares como discotecas o en la calle. También, dijo, «recogían gente en la vía y la convertían en falsos positivos».

Para dejar constancia de la relación entre fuerzas regulares y paramilitares, ‘Don Mario’ aseguró que, todos los meses, entregaba unos 120 millones de pesos (unos 45,6 millones de euros) para pagar a los miembros del Ejército que colaboraban con las AUC en el este del país, precisando nombres y ubicaciones en las que se abonaba la compensación.

IMPLICAN AL ACTUAL EMBAJADOR EN REPÚBLICA DOMINICANA

Asimismo, ‘Don Mario’ reconoció que entregó personalmente 500 millones de pesos (unos 190 millones de euros) al ex comandante del Ejército y actual embajador de Colombia en República Dominicana, general Mario Montoya Uribe, por orden expresa del jefe del Frente Centauros de las AUC, Miguel Arroyave, algo que rechazó ayer el propio Montoya.

‘Don Mario’ aseguró que el dinero fue entregado al general a través de la mediación de Yesid Nieto, supuesto hombre de confianza  del ex comandante del Ejército, precisó que el dinero iba a ser utilizado para combatir al grupo disidente de AUC conocido como ‘Los Buitrago’ en la región de Casanare y admitió que el bloque de Centauros impulsaba acciones de este tipo con apoyo de un avión fantasma de las Fuerza Aérea colombiana.

Fuente: Europa Press