«Los pueblos originarios queremos una mayor participación en la justicia»

Se trata del caso que derivó en el golpe de Estado y la destitución del presidente de aquel país, Fernando Lugo. Por su parte, Eduardo Hualpa recordó sus años en la facultad cuando durante siete años “jamás escuché hablar de los derechos indígenas” y dio cuenta de que “las estructuras de discriminación permanecen intactas” y los indígenas “son en el mejor de los casos, ciudadanos de segunda”.

Hualpa fue quien el año pasado patrocinó a una comunidad que logró un fallo favorable en la Corte Suprema por un conflicto de tierras en Chubut. Explicó que existen “jueces, fiscales y defensores que no se abren, no escuchan, que no entienden” porque “el error cultural es del sistema hegemónico”.

Ejemplificó este concepto recordando que “el planteo de que los mapuches no son argentinos es un planteo vigente” y con eso “se niega su existencia de derechos” lo que es el modo “más violento de racismo” y recordó que “las grandes reformas se hacen a espaldas de los pueblos indígenas”.

Sandra Serrano, especialista en derecho internacional, habló mediante videoconferencia y sostuvo que “la consulta previa es en el fondo un elemento político, de igualdad política” porque “el acceso a la justicia es uno de los problemas más graves” y “no podemos hablarlo si no lo vinculamos con el derecho a la igualdad”.

Los conflictos por el territorio

CELS y REDAF están en pleno proceso de culminación de un informe donde se analizan unos 18 casos judiciales con conflictos por territorios. Durante las jornadas se dieron a conocer algunos datos macro también sobre la zona chaqueña, con 857 conflictos donde en el “87 por ciento la condición de los campesinos es sólo de posesión pacífica y continuada”.

“En la mayoría de los casos se usa el ´delito de usurpación’ para solucionar conflictos territoriales”, dijo Camilo Galindo, uno de los que participó por parte del Cels en la elaboración del informe, y detalló que la justicia “funciona más rápidamente cuando el derecho lo activan los empresarios”.

Luego apuntó contra las sentencias donde “está invisible el control de convencionalidad y no tienen incorporado el concepto de territorio” y donde “la tierra es un asunto provincial y por eso le corresponde a la provincia”. Esto último en clara referencia a una serie de fallos de la Corte Suprema donde se expresó que no era “competencia originaria” del máximo tribunal.

Gastón Chillier, Secretario Ejecutivo del Cels, sostuvo que “el caso de la comunidad ‘La Primavera’ muestra la dinámica de estos casos y el rol de la Justicia” puesto que “la cara del Poder Judicial es el sistema penal” y “en general garantiza el derecho cuestionable de los privados con órdenes de desalojo” y “criminaliza a los dirigentes”. Ejemplificó con el caso del qarashe Félix Díaz que “tiene tres causas penales en la provincia” aunque “la causa por la muerte del integrante de la comunidad -durante la represión de 2010- cerró”. Y agregó que son los “tenedores o empresas” las que “reclaman tierras ocupadas ancestralmente por comunidades indígenas y campesinas”.

Fuente: infojusnoticias.gov.ar