Las estables relaciones entre Colombia y Guatemala se han visto sacudidas en las últimas horas tras el respaldo del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente al anuncio de la Justicia guatemalteca de iniciar acciones legales en su contra por supuestos actos ilegales relacionados con el caso Odebrecht.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, informó que emprenderá medidas contra de Velásquez, quien se desempeñó entre 2013 y 2019 como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) en Guatemala, un organismo independiente perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuya acción en en ese país fue acordada con el Gobierno.
Velásquez es señalado de haber establecido de manera ilegal «acuerdos de colaboración eficaz» con tres exdirectivos brasileños de la constructora Odebrecht, que habría cometido sobornos en Guatemala, reseña RT.
El mandatario colombiano mostró su rechazo al anuncio de la Justicia guatemalteca, a través de las redes, e informó que llamaría a consultas a su embajadora ante el país centroamericano, Victoria González Ariza.
En reciprocidad, la nación centroamericano hizo lo mismo con su embajadora Reagan Vega Santizo, según publicó en su página web el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco.
La reacciones de Petro
Petro fue tajante en su primer trino y dijo que «jamás» aceptará la «orden de captura» contra su ministro. Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó a su par a la «cordura» y expresó que el hecho de que la Fiscalía investigue a Velásquez, no implica que sea una «persecución penal».
El líder del Pacto Histórico aseveró que su ministro «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga».
Hasta ahora, la FECI no ha informado sobre una orden de aprehensión contra el ministro de Petro. En sus declaraciones, Curruchiche afirmó que Velásquez, ganador en 2018 premio Right Livelihood Award o ‘Nobel Alternativo’ por su lucha contra la corrupción, debe responder por sus actos «ilegales, arbitrarios y abusivos«. Estas investigaciones también incluyen a la abogada colombiana Luz Adriana Camargo Garzón, exfuncionaria de CICIG.
Quienes sí tienen orden de captura, según informó, son el presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Juan Pablo Carrasco de Groote; la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria general de ese organismo, Mayra Johana Véliz López y el exmandatario de CICIG, Luis David Gaitán Arana.
Petro, en declaraciones a los medios al arribar a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial, alegó que su Gobierno no permitirá que los intereses de sectores ligados al poder arremetan contra Velásquez, quien, en su opinión, tuvo una gestión «con transparencia y honestidad» mientras estuvo en el organismo adscrito a la ONU.
El mandatario colombiano dijo que tampoco tolerará que el actual miembro de su Gabinete, «sea atacado, perseguido y acorralado por su lucha contra la impunidad», tras ratificar que lo mantendrá en el cargo.
«Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar a hombres justos, nosotros no tenemos nada que hacer con Guatemala», advirtió el mandatario.
Durante el paso de Velásquez por la CICIG quedaron al descubiertovarios escándalos de corrupción, recoge Prensa Libre, entre ellos el del expresidente Otto Pérez, acusado de liderar una estructura de defraudación en aduanas. Por este delito, el exmandatario fue condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
Otros señalamientos
En su cuenta de Twitter, el presidente del país suramericano también retuiteó dos trinos del periodista colombiano Jorge Espinosa, en los que se recuerda que el fiscal Curruchiche fue sancionado por EE.UU. por supuesta obstrucción de «investigaciones sobre actos de corrupción al interrumpir casos de alto perfil contra funcionarios».
En otra interacción, se divulga que la jueza que supuestamente autorizó el procedimiento contra Velásquez, cuyo nombre no se conoce de manera oficial, es Carol Patricia Flores, quien «fue investigada por la CICIG, acusada de delitos graves».
Sobre esta última, la Red de Información contra la Impunidad en Guatemala publicó en un tuit que la funcionaria perdió la inmunidad en 2015, por su presunta vinculación con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Según información de La Hora, se conoció que la jurista habría ocultado un valor patrimonial debido a que poseía una lujosa vivienda, valorada en 350.000 dólares, que supuestamente habría adquirido por 10.000 dólares.
Asimismo, en 2011 habría beneficiado al exdirector del Sistema Penitenciario y actual presidente Giammattei, al cerrar el proceso penal en su contra por la supuesta ejecución extrajudicial dentro del caso Pavón, en 2006.
La denuncia contra Velásquez
Como prueba de las acusaciones, el fiscal guatemalteco enseñó dos correos electrónicos presuntamente escritos por la abogada Camargo. En uno de ellos, la jurista colombiana pedía que se cambiaran algunos aspectos de los «acuerdos de colaboración eficaz», a petición de la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana y de Velásquez.
En otra comunicación electrónica, el entonces titular de la CICIG y otros funcionarios se habrían mostrado conformes con que se establecieran «acuerdos de colaboración eficaz» con los directivos brasileños de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, Luiz Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeon, detenidos en Brasil por su presunta participación en el caso Lava Jato.
«Lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht», aseveró Curruchiche, al referirse al titular de Defensa colombiano.
En una entrevista a Blu Radio, el fiscal guatemalteco agregó que considera que Velásquez pudo haber cometido losdelitos de «asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración«. Sin embargo, aclaró que aún no tiene conocimiento de si el extitular del CICIG habría recibido dinero y expresó que este proceso no corresponde a «una revancha política».
Frente a estos señalamientos, Velásquez respondió en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter que no ha recibido ninguna notificación de las autoridades de Guatemala, y que tiene la «tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal».
En otro trino agradeció al mandatario colombiano por «sus expresiones de solidaridad y confianza» y manifestó que conoce «al monstruo», al que ha visto «muy de cerca», y al que ha combatido «desde diferentes trincheras».
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