Madre de Romario Veloz exige justicia contra todos los involucrados en la muerte de su hijo: «El presidente Sebastián Piñera debe pagar con cárcel por todos los crímenes de lesa humanidad»

Mery Cortez, madre de Romario Veloz, manifestó sentirte «satisfecha y en paz», luego de que se decretara este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva a los soldados conscriptos Carlos Javier Robledo Olguín y José Andrés Arenas Mancilla, imputados por el Ministerio Público en calidad de autores de los delitos consumados de homicidio y un homicidio frustrado.

“Eso no significa que no voy a continuar con mi lucha. Eso continuará y estamos en el segundo paso. Aún faltan que paguen con cárcel los peces gordos”, indicó Cortez en una entrevista a El Desconcierto.

Los ilícitos fueron perpetrados en octubre de 2019, en la ciudad de La Serena, en el contexto de las protestas por la revuelta social, donde murió Veloz, de 23 años de edad,  producto de los disparos efectuados por los militares.

El autor del disparo, Robledo Olguín fue trasladado al complejo penitenciario Huachalume de La Serena, por considerar que la libertad de los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

Por su parte, Faúndez Sepúlveda y Arenas Mancilla fueron trasladados al Regimiento N°21 Coquimbo; mientras que el cabo de Ejército Milovan Alejandro Rojas Barrera quedó con arresto domiciliario total y la prohibición de comunicación con testigos, como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves.

Al respecto, la madre del joven, de nacionalidad ecuatoriana, señaló que “estoy con sentimientos encontrados, porque no hemos logrado entender qué pasó que no quedó en la cárcel de Huachalalume el que disparó al señor que dejó inválido, esa persona está muy mal. Tiene arresto domiciliario y estará muy cómodo en su casa, jugando Play Station, podrá hacer su vida normal y eso no está bien. Mis sentimientos encontrados están por las otras víctimas, pues son tres los que cayeron. Sólo mi hijo perdió la vida, pero las otras víctimas están muy mal”.

Por otra parte, aseveró que continuará exigiendo justicia hasta que los verdaderos responsables de la muerte de su hijo sean detenidos.

En esta línea, recordó que ella presentó una querella contra el general Jorge Morales por difamación, debido a que el general acusó a su hijo que estaba saqueando un mall, aunque las pruebas demostraron lo contrario.

“Faltan más peces gordos todavía. Yo presenté una querella contra el general Jorge Morales por haber dicho que la muerte de Romario había sido producto de los saqueos del mall y gracias a Dios mostraron los videos donde se demostró que no estaba saqueando. Y aunque lo hubiese estado haciendo, no era razón para quitarle la vida a un ser humano”, recalcó durante la entrevista.

“En este país la justicia se hace contra la clase baja y la elite hegemónica sigue impune siempre y a ellos no le tocan ni un pelo. Ellos nunca pagan con cárcel, nunca ha pasado, a no ser que el nuevo gobierno de Gabriel Boric cambie las cosas”, añadió.

Por esta razón, señaló al entonces ministro de Interior, Andrés Chadwick, como «el gran culpable de todas las violaciones sistemáticas a los derechos humanos», así como indicó que «el presidente Sebastián Piñera también deber pagar con cárcel por todos los crímenes de lesa humanidad».

«También, juicio y reparación para todas las víctimas de la revuelta y liberación a los presos del estallido social. Queremos garantías de no repetición”, sentenció.

Mery Cortez no ha cesado de exigir justicia por el asesinato del Romario. En noviembre de 2020, llegó hasta el frontis del Palacio de La Moneda para encadenarse a las vallas papales del lugar para exigir que se encarcelara a los responsables de la muerte de su hijo.

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Uso de la fuerza injustificada

En el fallo, la justicia señaló que, nunca se discutió el estado de Excepción que existía en La Serena durante el estallido social, y que esto suponía presencia militar en la zona.

No obstante, las evidencias que fueron presentadas en la audiencia no muestran antecedente alguno que justifique el uso de la fuerza por parte del personal militar contra civiles, que se encontraban totalmente desarmados.

“Por otra parte –prosigue–, de la evidencia producida en la audiencia no surgió antecedente alguno que permita justificar el uso de la fuerza por parte del personal militar en contra de civiles desarmados, lo que ya es suficiente para entender que la actividad del personal militar no se ajustó a derecho y por el contrario configuró diferentes delitos. Lo anterior se entiende como suficiente justificación en relación con la existencia de los delitos investigados, conforme a la letra a) del artículo 140 del Código Procesal Penal”, refiere el fallo.

Con relación con la existencia de presunciones fundadas de participación o autoría de los imputados por los delitos, el tribunal sostuvo “(…) que no se discute el hecho cierto que todos ellos estuvieron en el sitio del suceso, dando instrucciones como oficial al mando, en el caso del señor Faúndez, y como tiradores en uso de fusiles militares provistos mayormente con municiones de guerra en el caso del resto de los imputados. No se discute tampoco que las víctimas, en ese contexto, resultaron gravemente heridas y una fallecida”.

Respecto de las acciones desplegados por el capitán Faúndez Sepúlveda, “(…) de las declaraciones expuestas en la audiencia se puede colegir que dio las órdenes de disparo en cada caso, infringiendo claramente cada vez la normativa de uso de la fuerza, puesto que no existían actos o intentos hostiles por parte de los civiles presentes, ni se vio en ningún momento comprometida la seguridad del personal militar, por lo que además infringió la prohibición de hacer uso de las armas de fuego y apuntarlas directamente a las personas, ordenando abrir fuego, sin agotar previamente medios racionales, legítimos y justificados, en vista de una amenaza que en toda ocasión y de la prueba observada se desprende que no existía; puede entenderse de esa manera, que el accionar del imputado Sr. Faúndez promovió las acciones de sus subordinados”, afirmó el juez.