Mañana en la Cámara de Diputados, se debatirá la ley que permitiría despenalizar el aborto por las tres causales
- Peligro vital de lamadre
- Inviabilidad fetal
- Violación
Pese a que este proyecto de ley es considerado por activistas, Ongs e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos sólo como un primer paso en la búsqueda de las libertades que las mujeres deberían tener respecto a decidir sobre el propio cuerpo, varios grupos conservadores se han negado sistemáticamente a revertir la criminalización absoluta de este derecho.
Chile está reconociendo por fin la necesidad de ajustar su legislación a las normas internacionales de derechos humanos, lo que constituye un positivo primer paso en la buena dirección. Sin embargo, se ha generado un intenso debate en el país, respecto a lo que se planteará mañana en el Congreso:
Claudia Dides, presidenta de Miles Chile, ha declarado frente a las múltiples quejas de los opositores que reclaman no haber sido lo suficientemente escuchados, que “ha habido suficiente tiempo para debatir, escuchar y exponer y que ahora es tiempo de legislar”
Se manifestó al respecto también María Antonieta Saa, presidenta del directorio Miles Chile, quien hizo hincapié en la idea de que el hecho de que no exista legislación respecto al aborto, no significa que éstos no se realicen y que es un hecho que «en nuestro país todo el mundo sabe que las personas más adineradas pueden acceder a un aborto discreto y seguro, pagando caro, pero el hecho de hablarlo puede provocar muchos problemas»
“Al prever la despenalización del aborto, Chile demuestra que está dispuesto a respetar y proteger el derecho de las mujeres y las niñas a la vida y a no sufrir discriminación”, ha señalado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América.
En un país donde donde existe aún el conservadurismo y la Iglesia Católica plantea abiertamente llamados para decidir sobre temas sociales, como la despenalización del aborto, existen declaraciones por parte de obispos que invitan a defender la vida o campañas en que estudiantes de colegios católicos se manifiestan rotundamente en contra del aborto.
Una asociación anti aborto conocida como “Informaborto”, ha planteado campañas muy duras, mostrando en distintos puntos de la ciudad imágenes con mucha sangre con fotografías de no nacidos. Ello, junto con perseguir a los integrantes de la comisión de la Cámara que presentan el proyecto de ley.
En tanto, los diputados Patricio Melero, (UDI) y Nicolás Monckenberg (RN) cuestionaron la constitucionalidad y admisibilidad de la misma, en tanto consideran que no se ha oído a todas las organizaciones.
En el contexto del debate parlamentario por este proyecto, esta semana la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió una carta de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América del Sur, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS, en la cual se felicita la discusión parlamentaria y se llama la atención sobre los tratados internacionales que Chile ha ratificado.
En particular, se refiere a la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y a las recomendaciones que, sucesivamente, se han realizado para que se legisle en la materia y no se criminalice a las mujeres cuando abortan, incluso cuando tal práctica no sea legal.
A tener en cuenta
Las cifras de interrupciones de embarazo en Chile se estiman entre 120.000 y 160.000 por año, lo que significaría una de las tasas de aborto ilegal más altas de Latinoamérica.
Chile es uno de los cinco países latinoamericanos donde la prohibición del aborto es absoluta. Los otros son República Dominicana, Nicaragua, Honduras y el Salvador.
No obstante, puede que el proceso no sea fácil: el Congreso Nacional chileno ha rechazado reiteradamente proyectos de ley anteriores que permitían el aborto en determinadas circunstancias.
“El gobierno chileno tiene que cumplir con estos positivos anuncios y convertir sus planes en ley lo antes posible. Mientras tanto, esta progresista medida ha de servir de llamada de atención a los gobiernos de El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana para que sigan el ejemplo de Chile y pongan en marcha planes para proteger los derechos de las mujeres en sus respectivos países”, ha añadido Erika Guevara Rosas.
Durante el proceso, Chile ha aceptado también la recomendación de abordar la cuestión del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, particularmente en manifestaciones públicas, así como la de revocar el Decreto Ley de Amnistía de 1978 y reformar la ley de justicia militar para excluir a los civiles de su jurisdicción y alinearla con el derecho internacional de los derechos humanos.