Este lunes, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él, por considerar que su libertad representa «un peligro para la seguridad de la sociedad».
Aguilera fue imputado como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. En septiembre del año 2021.
El abogado defensor de la ex autoridad, Mario Vargas, había solicitado que se modificara la prisión preventiva por un arresto domiciliario total, más arraigo, argumentando que Aguilera tiene una “irreprochable conducta anterior” y es “una persona de 60 años”.
Sin embargó, la jueza Lucía Giannini desestimó estos alegatos e indicó que no han variado las condiciones desde que el ex alcalde fuera formalizado, por lo que decidió mantenerlo en prisión preventiva. Asimismo, sostuvo que sigue siendo “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
“Ha sido formalizado por tres ilícitos (…) Acá evidentemente hay que tener en cuenta la pena que arriesga por estos ilícitos, principalmente por el lavado de activos”, sostuvo Giannini durante la audiencia, citada por CNN Chile.
Procedimiento abreviado para Miguel Ángel Aguilera
En la audiencia de este lunes, se revisó la posibilidad de proceder con un procedimiento abreviado, algo que finalmente se discutirá el próximo 25 de julio.
Este procedimiento abreviado podría darse en caso de que Miguel Ángel Aguilera acepte su responsabilidad en los dos casos de soborno que se le han imputado, y se acuerde una condena de 819 días, siete años sin ejercer cargos públicos y una multa de casi $20 millones.
La decisión de efectuar esta audiencia se tomó luego que en el módulo de la cárcel Santiago 1 donde la exautoridad comunal se encuentra en prisión preventiva está en cuarentena preventiva por un caso de Covid-19 desde el 4 de julio.
Aguilera está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero de 2013 hasta septiembre de 2017; cohecho, entre 2014 y 2016; y lavado de dinero, entre febrero de 2013 y mayo de 2017.
Durante su formalización el año pasado, el fiscal Víctor Nuñez de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que «los depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas acumulan un incremento patrimonial injustificado que asciende a 263.818.500 entre enero del año 2013 a septiembre del año 2017».
En concreto, el ex edil está siendo investigado por más de $263 millones de enriquecimiento ilícito y $17 millones por cohecho y lavado de activos entre 2013 y 2017, delitos ocurridos durante su administración municipal.
Asimismo, se le sindica como cercano a organizaciones dedicadas al narcotráfico y como el responsable de corrupción en el marco de licitaciones otorgadas por el municipio que actualmente es liderado por el alcalde y querellante en la causa, Gustavo Toro (DC).