Mapuches: Demandas históricas y contemporáneas de un pueblo en lucha

Mientras Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical cumplen, al día del veredicto de la Corte Suprema sobre la nulidad de su juicio, 81 días de huelga de hambre; el pueblo mapuche sigue luchando por sus derechos. Sus demandas atañen tanto a una lucha histórica por la recuperación de territorios ancestrales, todavía en peligro debido a proyectos de infraestructura energética y económicos, como a demandas políticas y culturales.

Ayer, jueves 2 de junio, los comuneros mapuches Héctor Llaitul y Jonathan Huillical fueron trasladados al Hospital de Victoria donde ya se encuentran Ramón Llanquileo y José Huenuche. Están pendiente del veredicto que la Corte Suprema debía emitir hoy, a las 11:00 de la mañana.

Los mapuches, literalmente gente de la tierra en mapudungún, habitaban originalmente desde la cuenca del rio Copiapó hasta Chiloé continental e isleño y desde el Pacífico hasta el Atlántico.

Las relaciones entre las autoridades y estos “primeros guerrilleros de América Latina” siempre fueron complicadas. Tras haber resistido tres siglos a los invasores españoles, y antes lo hicieron con el Imperio Inca, gracias a la solidez y unidad de su estructura social basada en el lof [la comunidad], padecieron las políticas de asimilación forzadas del siglo XIX.

Sufrieron discriminaciones cultural y más recientemente las invasiones de las empresas forestales, la criminalización por parte de la prensa y del Estado.

Frente a estas persecuciones, las luchas del pueblo de la tierra no decayeron. Más allá de  enarbolar la bandera de sus demandas territoriales históricas combaten por el reconocimiento de sus derechos políticos y culturales.

ARAUCO TIENE UNA PENA ANTIGUA

El Estado chileno se construyó, imponiéndose sobre los territorios del pueblo mapuche y repartiendo las tierras entre los colones latifundistas y extranjeros. Entre 1859 y 1882, la incursión militar en este territorio, mal llamada  “pacificación de la Araucanía”, desplazó una gran cantidad de sus pobladores.

Se legalizaron estas usurpaciones entre 1883 y 1930, cuando se asignaron las parcelas  a caciques, mediante títulos de propiedad: Los que se conecen en la historia de Chile como “títulos de merced”.

Estos predios fueron utilizados en mayoría para el desarrollo del cultivo del trigo, lo que degradó y erosionó los suelos. Hoy en día los herederos de esos títulos, que usurpó el Estado, son quienes defienden el derecho a una propiedad que ha sido adquirida de manera ilegítima en el pasado. Cosa que no ha sido negado por los gobiernos recientes, ni al actual, pero que al mismo tiempo criminaliza y estigmatiza a quienes reclaman la devolución.

Es el Estado quien debe resarcir a quienes pagaron por una tierra que les vendió sin ser su legítimo dueño. La espera del pueblo mapuche se ha extendido por alrededr de cien años.

OCUPACIÓN DE LAS TIERRAS MAPUCHES POR EL MERCADO: LA HERENCIA DE LA DICTADURA

Durante la dictadura de Pinochet, la asimilación del pueblo Mapuche se acentuó. El Estado ya no desempeñó un papel destacable en el proceso sino que fue el mercado a través de la conquista neo liberal de sus territorios.

El decreto de Ley N° 701, de 1974, impulsó la creación de la gran industria forestal y de la celulosa, utilizando para ello los antiguos territorios trigueros, explicó Eduardo Mella Seguel en su libro Los Mapuches ante la justicia.

Entre 1976 y 1979, seis empresas de la Corfo (Corporación de Fomento)  pasaron a manos de privados. A la sazón, muchas de estas parcelas reivindicadas como tierras antiguas y ocupadas fueron adquiridas por empresas forestales, lo que perjudicó aún más los intereses del pueblo mapuche. Actualmente, el 60% de estas sociedades pertenecen a las familias Matte y Angelini.

Según el anuario 2009 del Instituto Nacional de Estadísticas, las forestales son dueñas de 2. 767.625,9 de hectáreas a lo largo del país. De este total, más de la mitad es territorio mapuche: La Región del Bío Bío, con 1.227.787,6 hectáreas; La Araucanía, con 572.184,4 hectáreas y Los Lagos con 1,79545 hectáreas.

En los últimos años, el Estado, mediante la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), inició una política de restitución de las tierras ancestrales. No obstante, el avance de las forestales en territorio mapuche no perdió terreno.

RESTITUCIÓN DE LAS TIERRAS Y DERECHOS CULTURALES

En 2010 se estimó en 19 millones de dólares el monto destinado al Fondo de Tierras de la Conadi– que corresponden aproximadamente al 0,31% del presupuesto anual del 2007 – para la adquisición de 120 mil hectáreas de tierras para los pueblos indígenas, informó José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano.

Sin embargo, la restitución de estas tierras por la Conadi se hizo asignando las tierras con títulos individuales de propiedad. Tal titulación rompe el esquema tradicional de uso de la tierra, enemistando las comunidades unas contra otras.

El lonko Domingo Marileo, presidente de la Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda, explicó que “el Gobierno entrega las tierras de manera privada y personal, lo hace con una filosofía que no es la nuestra, lo que atenta a los principios mapuches y contradice nuestras costumbres de vida”.

Sandra Marín, de la Conadi explicó que la entrega, en el caso de ampliación del territorio, como en el caso de recuperación de deuda histórica, se hace a una personalidad jurídica que puede ser individual como comunitaria. Los títulos entregados dependen del tipo de postulación, individual o comunitaria.

Sin embargo, explicó que en el caso de ampliación de territorio por concurso comunitario, la comunidad elige donde quiere comprar pero la apelación del territorio no puede ser “indígena”, lo que complica la entrega porque el sistema les obliga a dividirse. O sea, una comunidad basada históricamente en la Novena Región puede comprar en la Décima u Octava.  “Hay un desprendimiento de sus anteriores territorios, se desprenden sus familias”, comentó Marín.

La misma cosa ocurre por la recuperación de sus territorios. Si una comunidad no logra recuperar su predio ancestral, tiene que buscar otra alternativa en una zona más lejana.

Además, las iniciativas gubernamentales no abordan los problemas de relación de los indígenas con los poderes públicos y sus derechos culturales.  Por lo tanto, existe un impacto social de las plantaciones forestales: La escasez de agua, el deterioro de los ecosistemas comunitarios que conllevaron dificultades para los mapuches a seguir con sus prácticas culturales tradicionales. Los  y las machis ya no encuentran los remedios que solían recoger en los alrededores de sus comunidades, por ejemplo.

Marileo expresó que las forestales “no solo han invadido un territorio que le corresponde al pueblo mapuche sino también atropellaron a la Madre Tierra, al recurso de libertad de la alimentación, al trabajo. Todos somos sometidos a estas sociedades, condicionados, sin ninguna otra alternativa que trabajar ellas.[…] Buscan avasallarnos en nuestra autonomía”.

Hoy en día, los mapuches no solo reivindican sus tierras expoliadas sino derechos al medio ambientales, políticos, culturales explicó Mella Seguel.

UNA LUCHA POLÍTICA

Vigente desde el 15 de septiembre 2009, tras su ratificación por el Estado, el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) obliga a “desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con mira a proteger los derechos de estos pueblos”.

Sin embargo, Amnistía Internacional, en su Informe 2010 sobre “El Estado de los Derechos Humanos en el mundo”, denuncia la falta de respeto a las garantías de los pueblos originarios.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), por su parte subrayó que “la no aplicación del convenio ha significado una permanente violación a los derechos humanos y pérdida de derechos fundamentales de los pueblos originarios”.

El coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Observatorio Ciudadano, Pedro Moriman, también recalcó la falta de canales de participación de estos pueblos al nivel regional.

El 27 de enero pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, lanzó el “Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas” sin ningún intercambio con los pueblos concernidos. Según Aylwin, “se trata de un tema crítico, toda vez que existe una larga historia de imposición de estas áreas sin el consentimiento, y muchas veces contra la voluntad de estas comunidades”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en su informe anual 2010, destacó que “la necesidad de revisar la legislación y estatutos especiales, específicamente la competencia de la justicia militar y la ley antiterrorista (LAT), advirtiéndose que ésta se ha aplicado preferentemente a este sector de la población nacional”.

En efecto, más allá de los pinos y eucaliptos de las forestales, el pueblo mapuche sufre una criminalización y un racismo abierto en la aplicación de la LAT. Los cuatro comuneros en huelga de hambre desde ya casi tres meses requieren el derecho a un juicio justo, sin doble procesamiento y aplicación de la LAT, según coinciden las fuentes consultadas y el Estado chileno sigue en deuda para ponerse al día con los compromisos que ha adquirido en el ámbito internacional y con representantes del pueblo mapuche.

La Corte Suprema, hoy, viernes 3 de junio, debe pronunciarse sobre si es válido usar testigos protegidos (anónimos) para un juicio que determina la vida de cuatro personas u ofrecerá garantías para un debido proceso.

Por Mélissa Quillier
El Ciudadano