Marinos acusados del asesinato del comunero mapuche Yordan Llempi quedaron sin medidas cautelares

La Corte de Apelaciones de Concepción dejó sin medidas cautelares a los infantes de marina involucrados en el crimen del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán en noviembre en la comuna de Cañete, en medio del Estado de Excepción decretado por el entonces presidente Sebastián Piñera en el Wallmapú.

Ante la decisión de la corte, los marinos – que responden a los nombres de Luis Videla y Ricardo Seguel – esperarán los resultados de la investigación, sin medida cautelar y en libertad.

Cabe recordar que, el teniente segundo de la Armada Videla está siendo investigado por dar la orden de disparar el tiro que le quitó la vida a Llempi durante el Estado de Excepción, mientras que el cabo segundo Seguel es señalado por el Ministerio Público como el presunto autor material del disparo.

El fallo de la corte se dio por mayoría de los ministros de la Sexta Sala del tribunal de alzada penquista, quienes rechazaron la apelación de la Fiscalía y mantener lo que había decretado el Juzgado de Garantía de Cañete: que los hechos imputados no ameritan la prisión preventiva de los uniformados e incluso que respecto del oficial los antecedentes no dan cuenta de la comisión del delito de homicidio, refiere BioBío.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señalaron que esperarán ir a juicio y lograr un fallo condenatorio.

Por su parte, la defensa de los marinos – quienes fueron detenidos hace un mes tras una orden de la Fiscalía de Bio Bío – esperará al fin de las investigaciones para solicitar el sobreseimiento.

El Juzgado de Garantía de Cañete dio un plazo de cuatro meses para la investigación al fiscal Nelson Vigueras, el cual se cumplirá el 6 de octubre próximo, refiere Resumen.

Llempi fue asesinado durante la acción bélica de infantes de marina y unidades militarizadas de Carabineros; mientras que al menos tres personas, incluido un menor de edad, resultaron heridas por disparos.

El comunero recibió impactos de bala cuando se encontraba en el patio de su casa. Según el relato de la familia, funcionarios dispararon sin motivos a los vehículos particulares y de transporte público que pasaban por la carretera.

La muerte del joven de 23 años, fue repudiada por diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos el INDH, quienes pidieron de forma urgente una reconstitución de los hechos.