Más del 70% de procesados por drogas en Argentina son por consumo

La Asociación Civil Intercambios, Argentina, presentó un estudio que analiza la aplicación de la ley 23.737 desde su sanción hasta 2006. La investigación traza un perfil del detenido en la mayoría de las causas: joven, con tenencias menores a 5 gramos y sin armas de fuego. “No se persigue el narcotráfico sino los pequeños ilegalismos”, concluyen los investigadores.

A veinte años de entrada en vigencia de la ley de estupefacientes 23.737, la Asociación Civil Intercambios, especializada políticas de drogas, presenta un análisis de la aplicación de la ley entre 1991 y 2006. La investigación revela un incremento de las causas penales, que pasaron de ser 14.232 en 1999 a 26.552 en 2006. La tasa promedio no llega a 1,4 personas involucradas por causa y, en el 87% de los casos, se inician por tenencia de hasta 5 gramos de marihuana o cocaína incautada a varones jóvenes de entre 20 y 30 años de edad en la vía pública.  La efectividad de las políticas de drogas en la región, la despenalización de la tenencia para consumo personal y las reformas legislativas en debate serán temas centrales de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas, que se realiza el 6 y 7 de agosto en Buenos Aires.

Realizado por Intercambios en asociación con la Universidad de Buenos Aires, el estudio revela que el accionar policial y judicial se ha dedicado en estas dos décadas a la persecución de la tenencia para consumo personal o microtráfico, pero no a delitos tales como el lavado de dinero, el ingreso de precursores químicos, la comercialización de medicamentos sin prescripción tipificados en la ley de estupefacientes.

“En promedio, el 70% de las causas han sido por tenencia para consumo personal, 20% por tenencia simple y sólo el 10 por ciento restante por causas de narcotráfico. Pero de ese 10% los datos existentes no permiten identificar cuántas causas son a pequeños dealers de los barrios y cuántas corresponden a grandes causas de tráfico internacional”, explica el abogado Alejandro Corda, autor de la investigación junto al sociólogo Pablo Frisch.

El estudio cruza los datos disponibles del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación y el sistema informático del Fuero Federal Penal de la ciudad de Buenos Aires. A partir de la información disponible sobre la Ciudad de Buenos Aires (1991, 1993 y 1996) y la provincia de Buenos Aires (2001-2002 y 2006), establece continuidades, contradicciones y rupturas en la aplicación de la ley de estupefacientes en sus dos décadas de existencia.

Algunas conclusiones del estudio son:

– Se incrementaron las causas por ley de estupefacientes. En vigencia desde 1990, la aplicación de la ley tuvo un incremento global del 72,5% entre 1999 y 2006. Se pasó de 14.232  causas en 1999 a 26.552 en 2006, según datos del SNIC.

– Un fenómeno urbano, la aplicación de la ley se incrementó en ciudad de Buenos Aires un 17,8%, provincia de Buenos Aires un 79,4%, y el resto del país en su conjunto en un 250%, con especial protagonismo de Santa Fe y Córdoba.

– Fuerzas de seguridad inician el 90% de las causas, que detienen a personas en la vía pública con menos de 10 gramos de marihuana o cocaína, que en más del 80% de los casos no tenían armas ni estaban cometiendo otro delito.

– Perfil constante a través del tiempo de los detenidos por tenencia: En el 92% de los casos son varones jóvenes, de entre 20 y 30 años pero muy especialmente de entre 16 y 23 años de edad, argentinos, solteros, sin antecedentes penales, ni encarcelamientos anteriores. La mayoría de estas causas fueron consideradas tenencias para consumo y fueron cerradas por los juzgados, con distintos criterios. Pese a ello los criterios son dispares y todavía persisten interpretaciones jurisprudenciales de la década del noventa avalando la criminalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

– Falta de coordinación entre agencias de policía y agencias de justicia. Existe cierta falta de coordinación y criterios encontrados en la aplicación de la ley.

– No se combate al narcotráfico sino los pequeños ilegalismos. Mientras desde el plano discursivo se sostiene que se “combate al narcotráfico”, la respuesta institucional opera sobre los eslabones más débiles (consumidores, pequeñas conductas de tráfico), lo que produce una “ilusión” represiva. Esta persecución de consumidores y pequeños traficantes parecería propiciar condiciones adecuadas para la liberalización de delitos tales como el lavado de dinero, el ingreso de precursores químicos, la comercialización de medicamentos sin prescripción y otros tantos delitos tipificados en la ley de estupefacientes que, sin embargo, no son perseguidos ni reprimidos.

– Falta de monitoreo y datos sistemáticos. La aplicación de políticas penales de control de la oferta y la demanda de drogas sin monitoreo de la realidad da cuenta de un marcado déficit en la producción de investigación por parte del Estado. La escasa información se produce de manera descoordinada y discontinua, lo cual implica una serie de inconvenientes y obstáculos al evaluar la eficacia y los efectos reales de dichas políticas.

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