Mauricio Daza y control preventivo de identidad: «Da pie a toda clase de abusos»

Este miércoles 27 de enero la Comisión de Constitución del Senado terminó la discusión de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, aprobando el cuestionado control preventivo de identidad. La norma faculta a Carabineros a pedirles la identificación a todos los mayores de 14 años y a trasladarlos a una comisaría en caso de que éstos se nieguen, pudiendo permanecer hasta cuatro horas retenidos los mayores de 18 años y una los menores de esa edad.

A favor de la iniciativa votaron Pedro Araya (ex DC y ex PRI), Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI) y Felipe Harboe (PPD), siendo el único voto en contra el de Alfonso De Urresti (PS). Junto con ello –y anunciada festivamente por el senador Espina a través de su cuenta de Twitter- se aprobó la pena de cárcel para quien agreda a un policía, aunque no existan señales visibles de la supuesta agresión.

Agenda corta: aprobamos pena d carcel al q agrede físicamente a un policía aunque no deje señales visibles d lesión pic.twitter.com/IMiIj0Zroj

— Alberto Espina (@albertoespina) enero 26, 2016

Conversamos sobre este polémico proyecto con Mauricio Daza, Magister en Derecho Penal y Procesal Penal, y abogado de Ciudadano Inteligente, querellante en el Caso Penta.

¿Qué le parece la aprobación del “control preventivo de identidad”?  

Se trata de una medida populista que no va en la dirección de hacerse cargo de los problemas reales que inciden en el fenómeno de la delincuencia. El control de identidad que se ha aprobado es una medida que le otorga facultades a las mismas personas que hasta el momento no han obtenido resultados que sean consistentes en el desarrollo de la labor de persecución criminal. Además, se trata de una medida que se establece sin ningún tipo de control para el caso de abusos o sanción, en el evento que se establezca que se ha ocupado esta vía como una forma de presionar indebidamente a una persona, o simplemente se ejerce de una manera que no es la que corresponde a los derechos fundamentales de las personas. Todo bajo una promesa falsa de mayor seguridad y que no aborda los problemas de fondo vinculados con la delincuencia.

De hecho, en las indicaciones se establece que en caso de que una persona se niegue a presentar su identidad, esta identificación se realizará “por medios distintos de los ya señalados”. ¿Esto podría dejar la puerta abierta para que se realicen interrogatorios en donde se ejerza violencia por parte de los policías?

Obviamente se trata de una norma que ha sido establecida en términos tales que da pie a toda clase de abusos. Lo más grave es que no se establece paralelamente ningún mecanismo de control o sanción efectiva para esos eventuales abusos, por lo tanto desde esa perspectiva estamos frente a una normativa que atenta de manera grave los derechos y garantías básicas de los ciudadanos, a cambio de nada, porque –insisto- esto no va a beneficiar de manera alguna el combate en contra de la delincuencia. Por lo tanto, estamos frente a una medida que transforma un problema serio, profundo, que exige por parte de los parlamentarios medidas que sean consistentes, en un mero insumo electoral.

¿Y cuál es su parecer respecto a la aprobación de la pena de cárcel para quienes agredan físicamente a policías, aunque no queden señales visibles de la lesión?

Estamos frente a una norma aberrante que no es propia de un estado de derecho en forma. Que se pretenda establecer una sanción penal en un contexto en que no se exige probar la lesión que sería la gatillante de esta condena, atenta en contra de las bases fundamentales no solamente del derecho penal chileno, sino que del derecho penal contemporáneo. Esta aberración solamente se explica en que los parlamentarios que han estado detrás de ella pretenden levantar con este tipo de medidas un discurso electoral en que aparezcan como respondiendo a un clamor ciudadano que se manifiesta ante una percepción de impunidad frente a la delincuencia. Sin embargo, se trata de una actividad populista que se concreta pisoteando los derechos de los ciudadanos. Acá estamos frente a un Congreso que no da el ancho para los efectos de tomar medidas serias, en un debate consistente respecto de un problema grave y urgente como es la delincuencia; solo medidas parche y populistas que lejos de garantizar los derechos de las personas, los pisotean. Finalmente, ante esta legislación, más que tenerle miedo a los delincuentes comunes, deberíamos cuidarnos de nuestros parlamentarios.

Por Daniel Labbé Yáñez