Mayor aumento de victimización en cuatro años golpea políticas de seguridad del Ministerio del Interior

El aumento del índice de victimización entregado por la reciente encuesta de Paz Ciudadana y Adimark, develan que, a pesar de un estar bajo el programa de seguridad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se está lejos de ganar la famosa “batalla a la delincuencia”. Mientras tanto, el General Director de Carabineros culpa a las movilizaciones estudiantiles y los noticiarios de televisión continúan llenando sus parrillas de noticias policiales.

Ayer se dio a conocer la investigación, basada en una muestra de 4.040 personas encuestadas de 25 comunas de la Región Metropolitana y 16 de otras regiones, entre el 15 de abril y el 8 de junio de 2011 y los resultados más importantes indican que el porcentaje de hogares víctimas de delitos de robo o intento de robo en los últimos 6 meses sube de 33,0% a 37,9%, es decir, un alza de 4,9 puntos porcentuales, entre diciembre de 2010 y junio de 2011.

Javiera Blanco, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, calificó las cifras como «un dato preocupante», ya que muestran un quiebre de la tendencia a la baja exhibida en los estudios desde junio de 2007 a la fecha y ponen a la victimización en los niveles que había en 2008 y 2009.

Además, Blanco y Roberto Méndez, presidente de Adimark GFK, coincidieron en que se debe avanzar en la implementación de políticas de seguridad, control, prevención y rehabilitación, y en que un programa que no ataque las causas del fenómeno no tendrá resultados.

Según los investigadores, la baja experimentada el año pasado podría explicarse por el discurso confrontacional con la delincuencia que tenía el nuevo Gobierno y el efecto del terremoto, pero se hacen necesarias herramientas técnicas que permitan evaluar con precisión los efectos de los recursos y planes programados.

El mandamás de la cartera de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter (en la foto), señaló que la encuesta no les pone contentos, “pero que tampoco debilita nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia y por hacer de Chile un mejor lugar para vivir. Esta lucha siempre tendrá alzas y bajas», indicó, durante la ceremonia de traspaso de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desde el Ministerio de Defensa al de Interior, pidiendo no sacar “dividendos políticos” de dichas cifras.

Sin embargo, no era esta la actitud con que el Gobierno recibió en abril pasado los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), donde se estipuló que los hogares víctimas de delitos se redujeron un 28,2% en un año, mientras que la percepción del aumento de la delincuencia bajó un 19,7%.

Sobre victimización, el estudio mostró un cumplimiento de las metas propuestas para los cuatro años de gobierno, según aseguró esa vez el propio Hinzpeter.

“Debíamos, al cabo de cuatro años de gestión del Presidente Piñera, tener una victimización del 28,6%. Quiero decirles que esta meta era ambiciosa, superior en un 50% a lo que la administración anterior se había comprometido para sus cuatro años de gobierno. Afortunadamente, la victimización para el 2010 se redujo a un 28,2%. Esto significa que en un año de gobierno, logramos cumplir la meta que nos habíamos propuesto para los cuatro años de gobierno del Presidente Piñera”, declaró el ministro.

Pero hoy las cosas son distintas y, una semana atrás, el presidente Piñera –casi augurando los resultados hoy conocidos- afirmaba que “no hemos ganado y tal vez nunca vamos a ganar la batalla contra la delincuencia, porque la delincuencia está un poco en la naturaleza humana”, demostrando una vez más sus dotes de filósofo social.

Para Lucía Dammert, académica y directora ejecutiva del Consorcio Global por la Transformación de la Seguridad, “es evidente la falta de creatividad para generar programas o políticas que impacten sobre las raíces profundas del problema” y considera preocupante que el 24,9% de los hogares concentran más del 87% de los delitos y que sean en comunas que invierten altos presupuestos en sus servicios de patrullaje.

Además considera que habrá que esperar una nueva medición para ver si se mantiene la tendencia de crecimiento o si se estanca en lo que se podrían llamar los “valores promedio”.

LOS ESTUDIANTES TIENEN LA CULPA

Igualmente sorprendente fue la explicación que el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, dio a las cifras, afirmando que las movilizaciones estudiantiles influyen en la efectividad del trabajo policial, tanto en la prevención de delitos en el centro como en dotación policial en los barrios, lo que provocó la respuesta de parlamentarios de oposición que criticaron declaraciones que calificaron de ‘políticas’.

Sin embargo, Cristóbal Lira, subsecretario de Prevención del Delito, apoyó a Gordon (así como el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett), señalando que durante el semestre pasado las alteraciones del orden público les han llevado a ocupar un alto número de carabineros que podrían estar controlando a los delincuentes. Pero ¿por qué Carabineros que debiesen estar controlando delincuentes deben ser ocupados en controlar las marchas: Acaso en las marchas hay una alta concetración de delincuentes?

Además, aprovechó de decir que “no es bueno para la lucha contra la delincuencia que la sociedad pierda el respeto a las policías”, refiriéndose a las minoritarias agresiones que han afectado a efectivos policiales en el marco de las movilizaciones.

Ante esto, Dammert explicó a Radio Universidad de Chile que “la presencia de movilizaciones sociales aumenta la sensación de inseguridad en la población, un fenómeno que ocurre en muchos países, porque aparecen infiltrados que generan violencia y obligan una presencia policial. Me costaría creer que son las movilizaciones sociales las responsables de un aumento de la victimización”.

Varios son los expertos que han criticado la justificación de las autoridades , señalando la irresponsabilidad de dichas afirmaciones mientras no hayan estudios serios que las confirmen.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

Bien sabido es por los televidentes que de un tiempo a esta parte, las noticias policiales ocupan un lugar privilegiado en las pautas de los noticiarios, lo que tiene importantes consecuencias sociales, si atendemos a que según cifras del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el 75% de los televidentes los sintonizan a diario y son la principal fuente de información (81%) de los ciudadanos chilenos.

Sin embargo, también hay una masa crítica frente a los contenidos recibidos. Así lo señalaba Herman Chadwick Piñera, presidente del CNTV, en febrero de este año, al informar que de las 519 denuncias ciudadanas recibidas el 2010, 117 se relacionaron exclusivamente con el tratamiento informativo de los noticiarios de televisión, haciendo ver situaciones ligadas al sensacionalismo, la dignidad de las personas y la truculencia.

Además, reconocía que “claramente existe una alta concentración temática —deportes y policial— y de actores sociales y políticos relevantes, lo que genera que la construcción de contenidos informativos tienda a ser más de orden testimonial, emocional e incluso a veces anecdótico”.

El estudio de 2010 del CNTV respecto a las denuncias indicaba que el 58% de los televidentes considera excesiva la intrusividad periodística con personas de estrato bajo en situaciones de conflicto con la ley, a diferencia del trato que reciben otros sectores. El género que más críticas tiene es el informativo, con casi el 50%, principalmente referidos a la discriminación referida, por ejemplo, en la estigmatización de poblaciones.

Según el último estudio del mismo organismo, sobre seguridad ciudadana presente en los noticieros -publicado en 2006- la cobertura de temas se concentra en un 28,2% en deportes, y un 24,3% en seguridad ciudadana asociada a delincuencia, frente a un 4,7%, por ejemplo, de cultura y entretención.

Chilevisión se posicionaba como el que más porcentaje dedicaba (31,5% en 2006) y los canales en un 34,2% se dedicaban a cubrir delitos comunes o de alta connotación social, frente a un 9% que dedicaban a los llamados delitos de «cuello blanco».

De los delitos comunes o de alta connotación, un 44,3% se dedica a los delitos contra la integridad física de particulares, seguido por un 21,9% de delitos contra la propiedad.

Otro elemento que hizo su entrada hace algunos años –de mano de docurealitys de Carabineros y la PDI, como 133 y Policías en Acción– fue la figura conocida como Periodismo 133. Este tipo de programas –y labor periodística- replicaría el guión de la autoridad, sin indagar en las causas de los fenómenos abordados ni en las implicancias sociales y éticas de dicha puesta en escena.

Los efectos sociales de estas prácticas periodísticas son evidentes. Según un informe de la OCDE, sólo el 13% de los chilenos tiene confianza en sus conciudadanos, y según la actual encuesta de Paz Ciudadana, las personas han aumentado significativamente todas las conductas para evitar ser víctimas de delito, tomando medidas de autoprotección como “dejar de salir a ciertas horas”, “dejar de ir a ciertos lugares”, “ha reforzado la seguridad de su casa (seguros, chapas, alarma)” y “se ha puesto de acuerdo con los vecinos para protegerse de la delincuencia”.

La política del miedo y la seguridad, instaurada como bandera en las campañas políticas de la Alianza en los últimos años, hoy se percibe ineficiente e irreal en cuanto a los otros tipos de delitos que son perpetrados en el país por empresas, a nivel económico, medioambiental o tributario.

Por eso, por ejemplo, hoy el discurso de “la puerta giratoria” no se escucha con la misma fuerza de antes y, aunque el juego de las sillas musicales del Gabinete no haya incluido a Hinzpeter, su labor sigue en tela de juicio no sólo por los inciertos resultados en seguridad ciudadana, sino también por los casos político-judiciales (Saif Khan, caso bombas, Manuel Olate…)  en los que la posición del Ministerio se ha visto fracasada o debilitada.

La remoción de este ministro de su cargo hubiese significado transparentar que tras la actitud de sheriff del Gobierno, había solo retórica e incomprensión de la profundidad de un fenómeno que no se resuelve con medidas superficiales y de corto plazo.

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OTRAS  CIFRAS DE LA ENCUESTA

En Santiago, el porcentaje de hogares víctimas es significativamente más bajo en comunas del área nororiente en comparación con las del área Surponiente (33,8% y 43,0%, respectivamente).

La encuesta también muestra que la mayoría de los hechos delictuales se producen en la vía pública y no son violentos.

Asimismo, el porcentaje de denuncia llega a su máximo histórico —62,8%—, con lo que la “cifra negra” se reduce a 37,2%.

Hay una alta concentración de la re-victimización (víctimas de robo más de una vez), pues el 24,9% de los hogares en Chile concentra el 87,8% de los delitos.

En cuanto al temor, el 13,9% de la población tiene un nivel “alto”, sobre todo en el nivel socioeconómico de mayores recursos, en los hogares de la Región Metropolitana y en quienes han sido víctimas de delito. En tanto, el 66,4% de la población tiene un nivel “medio” de temor y 19,7% “bajo” temor.

En comparación con junio de 2010, se observa una disminución significativa del “alto” temor en el nivel socioeconómico bajo (de 20,2% a 18,6%). Al contrario, en el nivel socioeconómico alto se observa un aumento significativo del temor (de 9,7% a 11,1%).

En la evaluación a las instituciones de seguridad, el índice muestra que ambas policías siguen siendo las mejor evaluadas por la ciudadanía. El Gobierno y el alcalde alcanzan notas superiores a 4, de 4,3 y 4,4 respectivamente. Luego vienen fiscales del Ministerio Público (3,8), jueces (3,4), senadores y diputados (3,3).

En general, la percepción del desempeño policial no ha variado significativamente. En junio de este año, el 40,5% de las personas que denuncian califica como “bajo” el desempeño, mientras el 35,5% lo evalúa como “alto”. Las evaluaciones de las personas sobre la actuación policial varían según si han tenido o tomado contacto con algún miembro de la policía. A mayor contacto con las instituciones policiales, peor es la evaluación sobre su desempeño.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano