Mazmorras Corporation S.A.

Al igual que los productos de un supermercado o las raciones de comida infantil, los presos chilenos son una variable para un buen negocio. No por nada el Estado pagó el 2008 medio millón de pesos mensuales por mantener a alguien preso en Puerto Montt.  Los clientes aumentan y, como en la salud o la educación, la infraestructura del Estado es mínima. Todo un éxito de la Concertación en crear un nuevo nicho de negocios: La población penal en Chile pasó de 23 mil internos a inicios de los ’90 a más de 50.386 personas el 2008. Con la Reforma Procesal el negocio se ve promisorio.

El Ministerio de Justicia deberá pagar 353 millones de pesos de multa al concesionario de la cárcel Santiago Uno, según establece el contrato con la empresa Vinci, por el sobrepoblamiento del penal durante el segundo semestre del 2008.

La actual política penitenciaria deja en manos de privados la construcción y gestión de las futuras cárceles, modelo copiado de Estados Unidos. El Estado se limita a pagar una boleta al concesionario por mantener a los internos.

Según la información proporcionada por Gendarmería, a junio del año pasado los costos de mantener a alguien preso en estos establecimientos privados superaban la inversión del Estado en cualquier otro ciudadano. En el Complejo Penitenciario Alto Hospicio, el fisco desembolsó $349.037 por interno en un mes; en La Serena el costo fue de $381.842; en Rancagua, $299.213; en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, $170.908. En tanto que en Valdivia fue de $475.886.

El top ten se lo llevó el Complejo Penitenciario Puerto Montt, que pasó la boleta al fisco por $539.608 por cada interno al mes.

Chile es el país con mayor porcentaje de población recluida en toda Latinoamérica. Entre el 2007 y 2008 aumentaron un 20% los reclusos en Chile (8.353 personas), aumentando de 42.033 internos a 50.386. De estos 11.609 son imputados (23%) y 38.777 (77%) los condenados. Es decir, un 3,29% de la población chilena está recluida. Por cada 100 mil habitantes Chile tiene 240 recluidos.

Al 30 de noviembre, 10.275 de internos se encontraban en cárceles concesionadas, un  18,9% del total. En el Complejo Penitenciario Alto Hospicio había 1.810 internos; en la cárcel de La Serena, 1.616; en Rancagua, 1.928; en Santiago 1, 2.936; en Valdivia, 1.019; y en Puerto Montt, 966 presos.

GENDARMERÍA S.A.

La idea de privatizar las cárceles es otra herencia de Ricardo Lagos. Al igual que las carreteras, autopistas y el Transantiago, se consideró que la gestión de las cárceles quedaría mejor en manos privadas.

El 2004, pese a que el fisco ya se habían construido las cárceles Colina 2, Arica y Valparaíso, el ministro de Justicia de la época, José Antonio Gómez, anunció que serían 10 las prisiones proyectadas a lo largo del territorio, las que albergarían a 16 mil internos.

Marcos Lizana, jefe del Departamento Jurídico de Gendarmería, cuenta que se acordó entonces un modelo de operación que mantendría en Gendarmería la vigilancia de las cárceles y se entregaría a privados el diseño y construcción de los penales; además del mantenimiento, alimentación, lavandería, salud, aseo y reinserción social de los reclusos.

Se construyeron los penales de Iquique, La Serena y Rancagua; adjudicadas a un consorcio formado por Besalco, Sodexho y Torno Internazionale (Bas). La gestión de los penales sería por 20 años; en tanto que  Santiago I y Valdivia se entregó al grupo francés Vinci.

Pero la construcción de los penales proyectados en Concepción y Antofagasta terminó siendo un desastre. A medio construir fueron abandonados por Bas, la concesionaria. En julio del 2007 el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, anunció que los penales serían terminados por el fisco y cuando estén listas serán licitadas nuevamente.

Miguel Cornejo Rallo, jefe de la Unidad de Concesiones de Gendarmería, dijo a El Ciudadano que la cárcel de Concepción “se encuentra en ejecución de obras, las que se espera concluyan en diciembre de 2009”. Respecto del penal de Antofagasta, Cornejo señaló que “el decreto que adjudica el contrato de término de construcción se encuentra para Toma de Razón en la Contraloría General de la República, y se espera que las obras comiencen en los meses de febrero o marzo de este año, teniendo un plazo de 18 meses para finalizar”.

Ambos establecimientos penales no se han vuelto a licitar, llamado que se haría en el primer trimestre de este año. Cornejo adelantó que ya existen 4 empresas precalificadas para participar en dicha licitación y que el proceso está a cargo del MOP.

Los otros proyectos, Santiago II y Talca, aún no empiezan a ser construidas.

MAYORES COSTOS

Claro que la experiencia en privatizar las cárceles no ha sido de lo mejor en los países en que se ha aplicado. En Estados Unidos, pionero en este tipo de fórmulas y en donde se transan en la bolsa de valores las acciones de los penales, el Departamento de Justicia estimaba el 2004 que los costos del sistema correccional aumentó de $9,5 mil millones en 1982 a $60,3 mil millones en 2001: Un aumento del 535%.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental y de Análisis de Políticas de Programas de la Oficina Estatal del Estado de Florida, realizó un estudio comparativo de los costos de las cárceles de la Corrections Corporation of America y de la Cárcel Estatal de Lawtey, en 1997, concluyendo que las instalaciones privadas costaban 10 centavos más por día/por preso al estado.

A juicio de la criminóloga Doris Cooper, esto se conecta con una tendencia mundial que “termina por vender al tercer mundo. Si se privatizaron los servicios básicos primero, luego otras áreas del Estado, la cárcel es el punto final del ajuste. Este sistema ha fagocitado todas las necesidades básicas de nuestros países”.

Lucía Damert, directora del Programa de Seguridad de Flacso, acusa que la información de los costos a pagar por el Estado a las concesionarias es reservada. “Necesitamos una total transparencia del gasto que se hace en ellos y, sobre todo, compararlo con la calidad de vida dada a los internos y si es que efectivamente se logra su rehabilitación”.

Cooper agrega que “la elite en Chile no va a la cárcel. En mis investigaciones de 22 años en cárceles puedo concluir que los niños de nuestro país empiezan a robar a los 6 años y meterlos a prisión a esa edad, o a los 18, es definirlo como un futuro delincuente”.

“Las políticas debe ser repensadas, porque los estudios señalan hace tiempo que no es solución al problema de la delincuencia meter más y más gente presa. En vez de rehabilitarlos, se termina por generar una hipersocialización en un ambiente de criminalidad de muchas personas que delinquieron”-concluye Damert.

El Ciudadano