El viernes 29 de abril la Superintendencia de Educación emitió con destino a colegios y liceos, una circular con acciones para resguardar el derecho a la educación de niños y jóvenes transexuales. El documento se ampara en la propuesta de orientación que sugiere modos a través de los cuales integrar a niñas y niños de modo lúdico y a propósito de la diversidad de temas que pudieran generar complejos, en particular con niñas y niños trans.
El superintendente de Educación, Alexis Ramírez, expresó en el lanzamiento de los documentos que “esta circular constituye una herramienta de apoyo a la acción de los establecimientos en este tema”.
Admitió, sin embargo, que la política adoptada podría generar fricciones. “Eso es parte de la sociedad en la que vivimos, es parte de la democracia, lo que nos parece muy bien, pero no podemos perder de vista un principio fundamental que es la dignidad y el interés superior de los niños y niñas”, señaló en la ocasión.
Críticas de la Iglesia y colegios privados
La prensa recogió dos críticas desde la sociedad civil: los colegios privados y la Iglesia. Ambos beneficiarios del proyecto de inclusión en términos de asignación de recursos.
Rodrigo Díaz es abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular. Él interroga qué pasará con los colegios confesionales que “entienden que ciertas conductas no se ajustan a la visión que ellos tienen». «Si un sostenedor no está de acuerdo -advierte- tendrá que recurrir a tribunales”.
Por otro lado la Conacep (Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile) señaló a La Tercera que se puede generar un problema con los apoderados, “sobre todo cuando estamos hablando de un niño trans que entre a un baño que desde el punto de vista morfológico no le corresponde”. Junto a eso planteó que faltó debate, pues estas políticas “deben ser trabajados con equipo de psicólogos, apoderados, profesores, y en un contexto consensuado llegar a un acuerdo, no debe ser algo impuesto”.
Del lado de la Iglesia Católica, un conjunto de obispos expresó sus reparos frente a la iniciativa. El presidente del área de educación del Episcopado, Héctor Vargas, relevó que «el comunicado del Gobierno fue totalmente inconsulto. Nunca se conversó con los colegios. No hubo posibilidades de reflexionar sobre el tema». Por su parte, Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo, afirmó que el documento «impone por la vía administrativa a todos los colegios de Chile una serie de prácticas que ni siquiera están aprobadas por la ley», tras la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal en Punta de Tralca.
Respuesta del mundo trans
El director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, Diego Poblete, participó de la elaboración de las orientaciones, cuyas medidas mínimas fueron concretadas a través de la circular. En conversación con El Ciudadano, el dirigente de la diversidad apunta que el Mineduc actualmente “no tiene instrumentos técnicos para asegurar que estas políticas sucedan, más allá de que las circulares efectivamente son obligatorias”.
Poblete se pregunta lo mismo que se planteó al Mineduc: “¿cómo asegurar que estas políticas sucedan en establecimientos particulares?”. Y responde: “Nuestra fundación tiene un trabajo de capacitación de profesores, orientadores, personal docente y administrativo. Hemos hecho esos talleres en el Liceo 1, en donde capacitamos a la comunidad para prevenir temas de bullying y eventuales suicidios”.
Sobre las críticas levantadas, en particular por la Iglesia Católica, Poblete levanta una interpelación: “invitamos al Arzobispado a que reflexione y considere un camino de paz y reconciliación con la comunidad trans para que podamos no discriminar a niños, niñas y adolescentes al interior de los establecimientos educacionales”.