Los presuntos vínculos con narcos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México detenido en EE.UU., reviven las advertencias de violaciones a derechos humanos y corrupción cometidas por militares, como consecuencia de involucrar a las FFAA en el combate al crimen organizado, estiman analistas.
«El Ejército comenzó desde 1996 a la fecha en labores de seguridad pública, son prácticamente 25 años en los que los militares han sido vinculados a violaciones graves de derechos humanos», dijo el director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), Edgar Cortez.
El especialista que defiende a víctimas de graves abusos de fuerzas castrenses en operativos señala que un análisis de largo aliento extendería esa cadena de crímenes, desde la masacre de universitarios del 2 de octubre de 1968 hasta la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero (sur) en septiembre de 2014, sin esclarecer todavía.
«Una característica en la mayorías de estos casos que involucran a militares es que hay una realidad de impunidad e imposibilidad de acceso a la justicia para la víctimas», dice el especialista que ha ofrecido cursos de derechos humanos a mandos policiales.
La detención del general Cienfuegos muestra la otra arista del asunto: «la participación del Ejército en tareas de seguridad pública ha supuesto una intensa interacción de los militares con grupos delincuenciales y carteles de la droga, que ya preveíamos del riesgo de problemas de corrupción como hoy aparecen».
El escándalo muestra que no solo hay una penetración del narcotráfico en la tropa, sino que llega hasta la cabeza de la Defensa Nacional.
Este proceso abierto contra el general Sandoval, «deja fuera por completo la justicia para las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos en los que está involucrado el Ejército, hay un gran pendiente de resarcir el daño y garantizar el acceso a la justicia negada y poner un alto a la impunidad,», señala Cortez.
El especialista lamenta que «no existe una propuesta clara del Gobierno que apunte en esa dirección», aunque reconoce que sí hay «un mensaje claro de justicia en el caso Ayotzinapa».
El general Cienfuegos se negó en forma categórica a que sus soldados fueran interrogados por expertos de la Comisión Interamericana de DD.HH. en ese caso emblemático.
Hora de la Corte Penal Internacional
Si las autoridades del Estado no tienen capacidad de investigar, «se requiere que la Corte Penal Internacional comience una investigación por crímenes atroces de lesa humanidad cometidos por militares o expresidentes», dijo José Antonio Guevara, quien durante seis años, hasta agosto pasado, fue director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La CPI investiga y lleva a juicio a los más altos responsable de crímenes de guerra contra la humanidad de un Estado, no a funcionarios menores, «porque las instituciones nacionales no resisten presiones políticas locales», dice Guevara, quien habla a título personal, aunque preside desde 2016 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Para complementar ese proceso, los defensores de víctimas «exigimos un mecanismo del sistema internacional contra la impunidad en investigaciones complejas, para llevar a juicio a mandos involucrados, para depurar a las Fuerzas Armadas mexicanas», agrega el experto.
Los juicios internacionales por narcotráfico podrían ser investigados por altos funcionarios de la CPI «por las torturas y asesinatos perpetrados en el supuesto combate a la delincuencia organizada».
Guevara indica que la fiscalía del estado de Nayarit jamás habría investigado al fiscal general Edgar Veytia por proteger a narcotraficantes hasta que fue detenido en 2017, cuando intentaba fugarse por la frontera norte y todavía estaba en el cargo.
En septiembre de 2019, Veytia fue condenado a 20 años de prisión en EE.UU. en el caso que hoy involucra al general Cienfuegos: la protección del «Cartel H2», heredero del clan narcotraficante de los hermanos Beltrán Leyva.
«El exfiscal de Nayarit estaba involucrado en la desaparición forzada y torturas, pero no fue investigado porque los funcionarios trabajaban con él, lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas», prosiguió el experto en derecho internacional.
El jurista y consultor independiente señala que «es posible que toda la institución armada haya actuado al servicio de los carteles y que antes ocurriera algo parecido con los generales de la Defensa nacional».
Por esa razón considera urgente «una depuración de las Fuerzas Armadas, que pasen a retiro de las tareas de seguridad, información e investigación de delitos de narcotráfico, porque ha habido infiltraciones del crimen organizado en las Fuerzas Armadas».
Ante esa encrucijada inédita para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que «aun en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe culparse a todas las Fuerzas Armadas» de esos crímenes.
Cortesía de Sputnik
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