Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y el territorio en México han ido en aumento gracias a la corrupción, la falta de protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso de su territorio, alerta Ben Richard Leather, uno de los autores del último informe de Global Witness.
De acuerdo con el análisis “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017”, el año pasado 15 activistas medioambientales fueron asesinados en México. Las cifras se quintuplicaron en comparación con el año pasado, cuando la organización documentó tres homicidios.
En entrevista para SinEmbargo, Leather explicó que “la raíz” del problema es la corrupción, esencialmente la que permite el mutuo acuerdo entre autoridades y empresas para imponer los proyectos.
«El Gobierno antepone los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, los habitantes son orillados a defender sus territorios y recursos naturales, y son acallados ya sea por las empresas o por propios funcionarios», dijo Leather.
Otras manifestaciones de la corrupción, subraya, se visualizan en la falta de actuación para combatir al crimen organizado y la impunidad, la implementación de sanciones contra los agresores y la nula protección para los activistas que denuncian amenazas, ya que, asegura, en muchos casos el asesinato pudo ser evitado si las autoridades hubieran actuado a tiempo.
“La raíz de este problema es la corrupción que permite que empresas y actores estatales se colidan para imponer los megaproyectos sobre las comunidades. Si no fuera por eso, muchos conflictos se hubieran evitado y esas vidas nunca se hubieran puesto en esta situación de riesgo”, manifiesta. Agrega que “el Estado suele favorecer los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades”, sentenció el activista.
En todo caso los defensores indígenas son los más vulnerables a los ataques, pues 13 de las 15 personas asesinadas pertenecían a alguna comunidad que se encontraba defendiendo su territorio ancestral.
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