Militares colombianos involucrados en violación y asesinato de niños

Jenny Torres Jaimes, de 14 años, fue violada, torturada y asesinada el 14 de octubre. Para ocultar este crimen, también fueron asesinados sus hermanos Jimmy y Jefferson de 9 y 6 años respectivamente. Esto ocurrió en Arauca, uno de los departamentos más disputados por todos los actores armados del conflicto colombiano. Por estos hechos está detenido un oficial del ejército y seis más fueron destituidos.

Desde que los cadáveres de los niños fueron encontrados, su padre expresó las sospechas que tenía sobre los miembros del ejército que patrullan ese sector. Había mucha prevención en la zona. Otro caso se abuso sexual había ocurrido el 3 de octubre, también en momentos en que hombres uniformados y armados transitaban por la región.

No hubo tiempo para que los ciegos defensores de las estrategias de guerra saltaran de sus escritorios para negar las acusaciones y atribuirlas a campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas. En pocos días las pruebas fueron apareciendo. Seis militares adscritos a la unidad operativa de la zona fueron destituidos. Luego, fue capturado el teniente Raúl Muñoz, quien confesó su participación en este crimen. Las investigaciones continúan.

La sociedad reaccionó indignada por estos hechos y el presidente Juan Manuel Santos con varios ministros y militares de alto rango manifestaron su rechazo por estos crímenes, a la vez que empeñaron su palabra para garantizar la investigación y sanción a los culpables. Por su parte, el Senado de la República conformó una comisión de seguimiento a las investigaciones.

A pesar de la información suministrada por algunos medios de comunicación, los militares no han pedido perdón. José Torres, padre de los menores asesinados, dijo que lo que escuchó en una reunión privada con altos oficiales, fue una serie de explicaciones, entre ellas la conocida expresión “se trata de manzanas podridas”. Sigue pendiente el arrepentimiento público por los actos de hombres que se aprovecharon de su condición de militares para cometer estos horrendos crímenes.

Como complemento a la determinación de responsabilidades, por acción u omisión, de todos los militares que estuvieron en el lugar y momento de los hechos, es indispensable saber por qué sucedió esto. ¿No hay un filtro para la selección de los hombres que usarán las armas del Estado? ¿En qué va la salud mental de los militares? ¿Cuántas manzanas podridas hay?

Es inadmisible que además de padecer los abusos de combatientes sobre civiles, se agregue la carga de temer por el desequilibrio mental de algunos de los que tienen el deber constitucional de defender la vida de los colombianos.

NOTAS AL MARGEN

El caso de la violación de dos niñas y el asesinato de tres menores de edad en el departamento de Arauca obliga a la sociedad colombiana a hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la debilidad o indiferencia para juzgar los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en el conflicto armado interno.

¿Cómo asumir la pronta reacción del gobierno y militares? Podría suponerse que se trata de la reacción de un gobierno que a pesar de venir de la misma corriente política de Álvaro Uribe Vélez, no quiere cargar con el lastre de dos periodos (8 años) de violaciones a los derechos humanos e impunidad. ¿Estrategia política o intenciones verdaderas? Sólo el resultado de las investigaciones por cada hecho que se denuncie y el establecimiento de políticas eficaces en torno al respeto a los derechos humanos darán la respuesta.

También podría leerse un mensaje implícito del gobierno de Juan Manuel Santos a la comunidad internacional. Se trata de la proyección de una nueva imagen que no de espacio para cuestionamientos por la participación de Colombia en su recién electo papel como nuevo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, la eficacia y rapidez de la respuesta de los mandos militares y de los poderes públicos contrasta con el sinsabor que queda por la indiferencia o en el peor de los escenarios, autoría o complicidad, de altos funcionarios con las más de dos mil ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos». La sociedad no puede permitir que se le deslumbre con manifestaciones públicas de rechazo por este crimen y mientras tanto dilatar los juicios por los crímenes sin resolver, cuyos principales sospechosos son funcionarios públicos –políticos y militares–.

Hasta ahora, la deplorable capacidad de olvido sobre los “falsos positivos” no ha permitido que la sociedad colombiana dimensione la realidad de esta tragedia: civiles asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, para que los militares obtuvieran recompensas y ascensos. Muchos de los que denunciaron estos hechos han enfrentado amenazas, persecuciones y la estigmatización por parte de los defensores de la gestión del expresidente Uribe.

Hasta el momento no hay una cifra exacta del número de desapariciones seguidas de asesinato de civiles, pero sigue la vinculación judicial de militares a las investigaciones penales.

Es hora de citar a Hannah Arendt: la “banalidad del mal” no es otra cosa que la ausencia de reflexión moral, que conduce a que determinadas acciones rechazables moralmente, se incrusten en la cotidianidad de la vida y se pueda vivir con ellas como si nada estuviera ocurriendo”.(1)

SUBTENIENTE DEL EJÉRCITO CONFESÓ HABER VIOLADO A DOS NIÑAS EN ARAUCA

Raúl Muñoz admitió ante las autoridades la violación de dos niñas, incluida Jenny, la niña asesinada junto con sus dos hermanos el pasado 14 de octubre.

La noticia fue dada a conocer por el el comandante del Ejército, general Navas, quien señaló, en diálogo con Caracol Radio, que el subteniente Muñoz, en su primera confesión, dijo que “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”.

Los hechos hacen referencia al asesinato y la violación de Jenny, la pequeña de 14 años que desapareció junto a sus dos hermanos de 11 y 6 años, quienes luego fueron encontrados muertos en una fosa, y al de una niña de 13 años, quien fue violada el 2 de octubre en una vereda de Tame, y que según la denuncia de su madre, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.

El subteniente, que ha sido destituido junto otros 8 militares presuntamente comprometidos con las violaciones y los asesinatos, ahora está bajo custodia de la Fiscalía.

OTROS CASOS RECIENTES

– «El día de 2 de octubre del año 2002, en la vereda Las Bancas del municipio de Arauquita, uno de los soldados encargados de custodiar el tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, Jhon Jairo Florez Rojas, miembro del Batallón 46 Héroes de Saraguro, adscrito a la Brigada 18, asesinó al campesino Francisco Guerrero y posteriormente violó a la compañera sentimental de éste, Inocencia Pineda Pabón«. Caso documentado por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

– «…el jueves 15 de julio de 2004 hacia las 7 de la noche, cuando dos niñas, con edades de 16 y 17 años y cuyos nombres se omiten por respeto, se dirigían hacia el Parque Principal del municipio de Sonsón, fueron abordadas por miembros del personal militar adscrito a la IV Brigada del Ejército Nacional, quienes les manifestaron que tenían que subirse a una camioneta negra carpada (con techo de lona). Según las informaciones, como las niñas se negaron a abordar el vehículo, les taparon la boca para que no fueran a gritar, las cogieron de pies y manos y las ingresaron violentamente al automotor. Inmediatamente las trasladaron en el mencionado vehículo hasta las afueras del municipio, y en un lugar despoblado procedieron a quitarles la ropa y a violarlas sexualmente. Posteriormente las subieron de nuevo a la camioneta y las condujeron hasta la entrada de la zona urbana del municipio en donde las abandonaron…» . Caso documentado por la Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT

– «La Consejería de Mujer de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y su consejo de gobierno condenan la violación sexual contra una niña indígena por parte de un miembro del ejercito colombiano adscrito al batallón de la X brigada en Santa Bárbara departamento de la Guajira, quien violó a la niña de 13 años, disparó y amenazó a familia». Caso documentado por la ONIC en noviembre de 2009.

– «Pero los militares del Batallón Calibio están siendo investigados por otros delitos cometidos contra la población civil. A la vereda San Francisco, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), a las cinco y media de la tarde del sábado 14 de marzo de 2009, arribó un soldado de apellido Carreras, integrante de las tropas del Batallón Calibío que operan en el lugar bajo el mando del cabo Sarabalí. El militar Carreras se presentó encapuchado ante la comunidad y afirmó que era de las autodefensas (grupos paramilitares) y se dirigió a la casa de Alix Contreras Henao, de 25 años, amarrándola junto a sus dos hijos, de 8 y 2 años respectivamente. En la misma casa también amarró y se llevó por la fuerza a dos niñas menores de edad que se encontraban allí en el momento de los hechos. A las cuatro de la mañana del día siguiente, la comunidad conformó una comisión para buscar a las dos niñas, de 15 y 16 años de edad respectivamente, encontrándolas en la zona boscosa de la vereda. Las niñas sufrieron maltratos físicos y fueron violadas». Caso documentado por una comisión de verificación conformada por organizaciones sociales del Magdalena Medio.

* Con Información de Caracol Radio, revista Semana y El Espectador

NOTAS:

1. ARENDT, HANNAH, EICHMANN en Jerusalén. Estudios sobre la banalidad del mal, Lumen, Madrid, 1999, Cap. 1.. Tomado de Marrero Avendaño, Danny “La responsabilidad moral como mecanismo de impunidad”. En Vniversitas. Bogotá (Colombia) N° 111: 245-278, enero-junio de 2006

Por Andrés Monroy Gómez

7 de noviembre de 2010

Fuente: prensarural.org