En materia de derechos humanos está todo pasando. La reapertura del “Caso Quemados”, las sentencias en el “Caso Berríos”, el suicidio del ex director del DINE del Ejército, Hernán Ramírez Rurange y la rebeldía (y posterior entrega de uno) de dos ex mayores que prefieren estar prófugos que cumplir la condena por el crimen de Eugenio Berríos, ex químico de la DINA, terminaron por convencer al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PR) para crear la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Para quedar a la cabeza de esta institución fue nombrado el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Solís, quien ya es conocido de los uniformados por su rigurosidad y celo en las causas de delitos de lesa humanidad, quien, además es un convencido de que en las Fuerzas Armadas sí existen los pactos de silencio.
Sin duda, esta medida es una jugada maestra para presionar a las instituciones armadas para que entreguen toda la información relacionada con derechos humanos.
El ex juez Solís en 2014 denunció: “Mi designación causó malestar en los militares y fueron a reclamar”, su cargo como abogado externo en apoyo a los ministros que tramitan causas de violaciones de derechos humanos, duró desde el 11 de febrero hasta el 11 de marzo de ese año. Solís abandonó el Poder Judicial por límite de edad en 2012.
La semana pasada el ex magistrado en el programa “El Informante” de TVN, el ex juez Solís reafirmó su denuncia hecha el año 2014, donde señaló que su cargo como abogado externo, en apoyo a los ministros que tramitan causas de violaciones de DDHH, duró desde el 11 de febrero hasta el 11 de marzo de ese año “Mi designación causó malestar en los militares y fueron a reclamar”. De esta forma explicó que su salida del cargo se debió a presiones del Ejército sobre la Corte Suprema.
Según Solís, su arribo a este nuevo cargo, no sólo se trata de agilizar los procesos que se encuentran pendientes, que son más de mil. También podrían reabrirse antiguas causas. Así al menos lo planteó el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago .
Lo que mejor da cuenta del trabajo de Solís en el pasado, son los procesos que sacó adelante contra la cúpula de la DINA. Entre los que destacan, el homicidio del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, ocurrido en la ciudad Buenos Aires en 1974 por la colocación de una bomba. Además llevó personalmente las causas contra el ahora fallecido Manuel Contreras a quien calificó como el hombre que “sin duda más banalizaba el mal”.
Sin embargo, y según informa Radio.UChile desde las organizaciones de derechos humanos tienen la certeza de que el actual escenario de ocultamiento de información no cambiará.
“Ellos pueden, deben y debieran exigirle a las Fuerzas Armadas que rompan el pacto de silencio y que pongan toda la información que tienen oculta a disposición del Poder Judicial”, exige Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
Pero no sólo eso. Además apunta a la ausencia de disposición y voluntad política, donde incluso, asegura, podrían existir “actitudes soterradas para buscar los medios de cómo sacarlo de ese puesto”.
“Nos parece más una actitud comunicacional, como lo han hecho en varios temas. Dan a conocer una noticia que queda en el aire como que se va a avanzar. Nos parece realmente una forma escurridiza de enfrentar a las Fuerzas Armadas”, critica la dirigenta.
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tampoco muestran mucho optimismo. Su presidenta, Lorena Pizarro, anticipa que las nuevas funciones de Alejandro Solís se verán limitadas por falta de instrumentos, información, autoridad y poder para avanzar en su trabajo.
“Las agrupaciones de Derechos Humanos y las agrupaciones de familiares en particular tenemos una profunda conciencia de lo riguroso y profesional que es el ex ministro Alejandro Solís. Pero si el ministro José Antonio Gómez asegura que las Fuerzas Armadas ya entregaron toda la información, entonces no entiendo cuál es el rol de Solís”, sentencia.
Estas preocupaciones y suspicacias se levantaron luego de las propias palabras de Solís, en su presentación con Gómez, quien manifestó que “el desafío que tengo ahora con este compromiso que estoy asumiendo obviamente que es altísimo. Pero si voy a actuar bajo el ámbito del gabinete del Ministro, haré una labor de colaboración y no tomaré iniciativas que vayan en contra del programa ni en contra de su voluntad política”.
A este respecto, José Antonio Gómez fue claro en señalar que “Nosotros no somos investigadores”. Así mismo, insistió en que “hay que entender que estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, lo que nosotros podemos y vamos a hacer es todo aquello para que cuando los ministros de fuero soliciten la información, facilitemos su entrega”.
Con todos estos antecedentes, finalmente quedan más interrogantes que certezas frente al quehacer y al campo de acción de Solís y el verdadero aporte que pueda resultar de su nuevo cargo en materia de Derechos Humanos.
Lamentablemente, si miramos de forma proyectiva, da la impresión de que la realidad futura se parece más a lo que vaticinan las agrupaciones de las víctimas de la dictadura. Si el ejército ya realizó presiones para que Solís se alejara del trabajo en materia de DDHH nada nos permite avisorar que volverán llano el camino, aunque sea exclusivamente de «facilitar información» como ha señalado Gómez. Y es a partir de esta premisa, que más bien parece un título «ad honorem» reconociendo su trayectoria con un sueldo para que se mantenga lejos de «donde se cuecen las habas». Ojalá que, una vez más, Alejandro Soliz nos sorprenda y sepa encontrar la forma de seguir construyendo patria, agilizando procesos, antes de que los torturadores y asesinos se sigan muriendo o suicidando.
Lamentablemente, luego de la triste participación del comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, sabemos que no la tendrá nada fácil.