Montaje del Ejército: 5 efectivos simularon ataque para encubrir ejecución de sindicalista, fisco pagará $100 millones

El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100 millones por concepto de «daño moral» a la familia del dirigente sindical Manuel Hernán Hurtado Martínez, ejecutado hace 50 años por una patrulla militar en Quillota (Región de Valparaíso), en 1974, en plena dictadura.

Hurtado fue ejecutado en el caso conocido como el falso «Asalto a patrulla militar», un montaje del Ejército que terminó con la vida de nueve dirigentes socialistas a manos de cinco efectivos, quienes fingieron haber disparado a los militantes como respuesta a un ataque a su patrulla.

En el fallo (causa rol 12.078-2023), la magistrada Rocío Pérez Gamboa rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por el Fisco, tras establecer que las demandantes -cónyuge e hijas de Hurtado- fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad por repercusión.

Según la sentencia, “no consta que la detención y privación de libertad de que fue objeto la victima» durante la dictadura de Pinochet, haya estado respaldada por algún acto jurisdiccional, sino que se enmarca en un protocolo de persecución y represión que se instauró en el país, coetáneo y en las postrimerías del golpe militar, en diversas ciudades y pueblos del país».

«Además, del relato de las demandantes, aparece que Hurtado Martínez, estuvo detenido en más de un lugar, fue trasladado al menos a 2 o 3 recintos de detención, para finalmente ser asesinado», señala.

De acuerdo con el tribunal, los antecedentes del caso dan cuenta de la comisión de actos ilegales y arbitrarios, «que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, integridad física, libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad».

«Tratándose en la especie de daño moral, pueden demandar su reparación la víctima inmediata o directa, entendida como la persona en quien recae la lesión jurídica y los que, sin tener esa calidad, también la sufren en razón de que el daño inferido a aquella los hiere en sus propios sentimientos o afectos», indica la resolución.

De esta manera, la magistrada Rocío Pérez Gamboa dictó que el Fisco debía indemnizar a la cónyuge de Hurtado con 50 millones de pesos y a sus hijas con los 50 millones restantes.

«Tratándose en la especie de daño moral, pueden demandar su reparación la víctima inmediata o directa, entendida como la persona en quien recae la lesión jurídica y los que, sin tener esa calidad, también la sufren en razón de que el daño inferido a aquella los hiere en sus propios sentimientos o afectos», indicó en la resolución.

“Que según se viene razonando, teniendo presente lo declarado, reconociendo desde luego las limitaciones y falencias de una indemnización solo por vía de compensación, a falta de mejores antecedentes, llevan a esta juez a regular prudencialmente el quantum indemnizatorio en las sumas de $50.000.000 para doña Silvia Elena Zoila Pedreros Riveros; la suma de $30.000.000 para doña Eda Isolina Hurtado Pedreros, y la cantidad de $10.000.000 para doña Andrea Magdalena Hurtado Pedreros y doña Claudia Lorena Hurtado Pedreros”, concluyó.

 Ver el fallo de Primera Instancia

Víctimas del falso “Asalto a la Patrulla”

La comuna de Quillota fue escenario de diversos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinohet, entre los que se cuentan algunos bullados casos, como el falsamente llamado “Asalto a la Patrulla”.

A pocos meeses del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, el 18 de enero de 1974, los caminos de San Isidro fueron escenario de la una cruel matanza y un vil monataje, que ocurrió en horas de la madrugada en las proximidades del paso bajo vehicular bajo la vía férrea.

Simulando el asalto a un convoy militar que trasladaba prisioneros entre la ex Escuela de Caballería y el Regimiento de Ingenieros, y fingiendo la posterior fuga de ellos, tres dirigentes sociales y políticos fueron hechos desaparecer y otros seis, ejecutados a manos de militares. Todas las víctimas estaban vinculadas con el gobierno de la Unidad Popular.

Según la versión oficial que argumentó este montaje de encubrimiento, tres de los prisioneros habrían huido en medio de la confusión y otros seis detenidos, habrían intentado escapar, por lo que fueron «dados de baja».