El depuesto presidente boliviano denuncia categóricamente la criminalización de sus denuncias sobre la violación de los derechos humanos en el país andino, por parte del gobierno de facto.
En un tuit, exigió que cesen la violencia, las persecuciones políticas y las detenciones ilegales e injustas, tras el golpe de Estado en su contra, perpetrado por la extrema derecha.
Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también cuestionó una vez más el golpe contra Evo y defendió el asilo político que se le ha concedido.
No obstante, el gobierno interino en Bolivia sigue con dura postura. La presidenta interina, Jeanine Áñez, firmó el domingo la norma que permitirá el llamado a nuevos comicios generales, luego de un día de su aprobación en el Congreso bicameral. La fecha de las elecciones todavía no se ha determinado. Lo hará la nueva autoridad electoral del país.
Morales denuncia ser víctima de un golpe de Estado, en el que participaron militares, policías y grupos de la oposición que desconocieron los resultados de las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado, las cuales ganó el depuesto mandatario. Sin embargo, Morales renunció el 10 de noviembre a la presidencia por la paz de su país y para evitar la violencia generada por la oposición.
Por otra parte, al menos 9 campesinos de la provincia de Chapare murieron y otras 115 personas resultaron heridas por las fuerzas de seguridad a principios de noviembre durante una marcha pacífica.
Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas van a investigar las circunstancias de la muerte de 9 personas en la ciudad de Sacaba (Bolivia) durante la represión de policías y militares de la masiva marcha pacífica de cocaleros de Cochabamba del pasado 15 de noviembre.
Miembros de estos organismos internacionales se trasladarán a la ciudad de Cochabamba «para escuchar testimonios» correspondientes y «el informe oficial se conocerá el martes 26 de noviembre».
De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, además de las víctimas mortales, resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, al menos 115 personas resultaron heridas ese día durante la citada marcha.
Los campesinos de la provincia de Chapare, que apoyan al depuesto presidente Evo Morales, intentaron atravesar el puente Huayllani, que une la ciudad de Sacaba con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial que les impidió el paso. Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes.
El defensor del Pueblo de Cochabamba, Nelson Cox, confirmó previamente a medios locales que los uniformados usaron armas de fuego contra los manifestantes.
Cortesía de HispanTV y RT
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