Mujer violada y torturada por la CNI durante la dictadura recibirá indemnización del Estado

El fisco deberá pagar una indemnización de $100.000.000 por concepto de daño moral, a X.A.C.G., quien fue detenida, violada y torturada por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en 1985, en plena dictadura.

Así lo ordenó, el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, tras la demanda por indemnización de daños y perjuicios presentada por la víctima.

En el fallo, la magistrada Daniela Royer Faúndez rechazó las excepciones de prescripción y reparación integral planteada por el fisco, tras establecer que la demandante fue víctima de un crimen de lesa humanidad.

Violada y torturada por la CNI durante la dictadura

Según el dictamen del tribunal, la demandante se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, qe fue establecida por el Decreto Supremo Nº 1.040, del año 2003, Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech II,

Según el fallo, para el año 1985 la vivía en la ciudad de Santiago, tenía 21 años, se dedicaba a las labores del hogar, estaba casada y tenía un hijo.

Un domingo en la madrugada llegaron personas de la CNI a su casa, en la que estaban su esposo, su hermana con su hija, y ella con su pequeño. Estas personas comenzaron a darles golpes y posteriormente la detuvieron junto con su esposo, su hermana y su sobrina.

Fueron vendados todo el camino, hasta que fueron recluidos en el mismo lugar, pero en diferentes celdas.

Indicó que mientras estuvo detenida le hicieron cosas atroces, inhumanas y asquerosas, desnudándola, violándola, recibiendo incontables golpes y malos tratos, la insultaban y humillaban siempre.

Fisco deberá pagar indemnización

Tras la revisión de los antecedentes, el Trigésimo Juzgado Civil de Santiago determinó que la demandante rindió prueba documental para acreditar su detrimento, «destacándose en este punto el informe sicológico, elaborado por el psicólogo Javier Castro Alfaro y por la médico internista doña Pamela Jeria Ortiz, del PRAIS SSMSO, agregado a folio 29, quienes indican que la actora presenta sintomatología asociada a un trastorno de estrés postraumático, con la presencia de síntomas perteneciente a este cuadro: reacción de comportamientos evitativos ante estímulos externos que ella vincula a la situación de violencia, distanciamiento y desapego de otras personas, sueños de carácter traumático y una percepción negativa ante la vida», consignó el fallo.

La resolución agrega: “Que a la misma conclusión arriba el informe sicológico elaborado por la psicóloga Massiel Cerna Cuevas, acompañado a folio 21, quien afirma que doña (…) está atravesando por síntomas asociados a un trastorno de estrés postraumático, en relación a la vulneración de sus derechos humanos fundamentales a contar del mes de abril de 1985, donde fue detenida, violentada y torturada de diversas maneras; lo que perjudicó de forma significativa la vida de la evaluada y de su núcleo familiar, sufriendo daños físicos y adicionales, como trauma psicosocial, aislamiento de su familia, amedrentamiento, persecución sostenida y exilio en Australia”.

“Agrega dicho documento que también se puede valuar el daño moral en función a la afectación somática que sufre la víctima: pérdida de sueño o apetito, automedicación, enfermedad en la piel, músculos, articulaciones, entre otros; unido a ser víctima de daño moral sexual, sufriendo perjuicios relacionados a esta esfera íntima”, añadió el fallo dado a conocer por el Poder Judicial.

El tribunal, luego de analizar los informes, concluyó que posible dar por acreditado que «producto de la prisión política y torturas sufridas, la vida de la actora sufrió un cambio radical y profundo, dado que dicha experiencia traumática afectó y alteró todos los ámbitos de su vida en forma permanente, llevándola a radicarse por más de veinte años en Australia, con el consecuente desarraigo y desmembramiento familiar y social».

“Que correspondiendo avaluar prudencialmente el daño moral padecido por la actora, considerando las secuelas mencionadas, las repercusiones psicológicas profundas y persistentes a lo largo de los años y la reparación pecuniaria ya recibida por parte del Estado, este será estimado en la suma de $100.000.000 (cien millones de pesos)”, ordenó el tribunal.

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