“No sacamos nada con etiquetar si no hay soberanía alimentaria”

El pasado 3 de agosto la Comunidad Organizada y el Comité de Defensa de Paine presentaron en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso judicial en contra de la expansión de la planta que la transnacional Monsanto Bayer S.A. posee en la mencionada comuna para producir semillas transgénicas.

La instancia sirvió además para exigir a los parlamentarios legislar para obligar a las empresas a rotular los alimentos transgénicos, tal y como sucedió con los alimentos con altos contenidos de azúcares y grasas. Sin embargo, el lobby es feroz, se sabe que el Gobierno no va a apoyar y, por sí solo , el etiquetado no apunta al problema de raíz.

“Lo que verdaderamente se necesita es que el Estado entregue alimentos sanos a la población, por ejemplo, de los jardines infantiles. Que compren a los productores -a la agricultura familiar campesina- sus productos sin químicos. Que los hospitales y toda compra pública, como se hace en Bolivia o se hacía en Brasil, esté asegurada de ser sana. Es decir, que tengan un mercado porque ahora quien produce sano tiene que buscar sus mecanismos de venta y es bastante difícil”, afirma Lucía Sepúlveda Ruiz, de la Red de Acción en Plaguicidas Chile, además de activista y vocera de la campaña ‘Yo no Quiero Transgénicos en Chile’.

Soberanía Alimentaria

La Red de Acción en Plaguicidas está en contacto con comunidades campesinas, con gente que trabaja en la recuperación de semillas nativas, personas que comparten sus demandas den torno a que su rol no es denunciar sino producir. Sin embargo, están cansados porque necesitan ayuda para poder vender sus productos. Afirman que mientras no haya apoyo de los sectores de la sociedad que buscan alimentarse de manera sana y protejan la biodiversidad, sólo los sectores altos de la población -que pueden pagar un alto precio en tiendas exclusivas- podrán acceder a estos productos.

Por su parte, la campaña ‘Yo no quiero transgénicos en Chile’ exige el etiquetado de alimentos afirmando que los ciudadanos tienen el derecho de saber qué comen, para poder tener la opción de elegir. Mientras ello no ocurra, han tenido que hacer listas caseras – no oficiales- de alimentos que pueden contener transgénicos. “Si llegásemos a hacer una lista que diga ‘estos alimentos son transgénicos’, la industria te demanda porque detrás de nuestra afirmación no va a haber una prueba de laboratorio. Porque ninguna organización ciudadana podría financiar estudios de todos los alimentos que se venden en un supermercado”, denuncia Sepúlveda Ruiz

Por ello, afirma la vocera, “lo más provechoso que consideramos es difundir y apoyar la agroecología. El Parlamento, el Gobierno y el Estado debieran apoyar – así como han subsidiado a las plantas de transgénicos- la agricultura limpia, la producción de gente que quiere producir alimentos sanos sin usar químicos ni agrotóxicos. Ellos también necesitan asesoría para hacer estos cambios, para pasar de un proceso de producción con químicos a uno de producción limpia. Necesitan apoyo y, sobretodo, que el Estado les asegure un mercado. Es decir, mas allá del etiquetado, lo que verdaderamente se necesita es que el Estado se haga cargo de entregar alimentos sanos a la población”

“¿Cómo aseguramos que el Estado de facilidades para ferias de productos agroecológicos, en lugares visibles, permanentes, sin multas, sin impuestos?”, se pregunta la representante de la Red de Acción en Plaguicidas. Es decir, ¿cómo se favorece la producción agroecológica?. “En Chile eso no existe, aquí se invierten millones en investigaciones transgénicas o en biotecnología pero prácticamente nada en recuperación de semilla tradicional o en organizar mercados que puedan recibir la producción de alimentos sanos para la población”, critica la también periodista.

Problemas de enfoque

El concepto de soberanía alimentaria define que la población, en general, pueda tener acceso a decidir qué come y a decidir cómo se produce lo que quiere comer. Como hoy sólo hay una voluntad, en algunos sectores de la población que luchan por eso -hay gente que se va a vivir al campo o que hace huertos urbanos- todos son esfuerzos fragmentarios.

El problema es el enfoque, afirma Lucía Sepúlveda: “¿Cómo podemos incrementar y entender que todo está unido? No sacamos nada con etiquetar si no hay soberanía alimentaria, que nosotros produzcamos lo que necesitamos comer para estar sanos y no para tener cáncer o malformaciones. Si tú etiquetas, nada más, no avanzamos mucho. Es necesaria una mirada más integral”, afirma.

“En los temas ambientales a veces se forman bancadas transversales. Eso es lo que ha permitido que en este país no hayan prosperado las leyes de transgénicos. Tenemos semilleros para afuera pero no está permitido cultivar transgénicos para el mercado interno. Los alimentos transgénicos que tenemos – para no incurrir en algún error- no son frutas ni verduras producidas en Chile. Lo que se vende en los supermercados son alimentos procesados que vienen de Argentina, EE.UU., Brasil u otros países que cultivan transgénicos. Una pequeña consciencia de estos temas ha permitido que cada vez que el Gobierno ha intentado pasar leyes como la de Monsanto o la de bioseguridad, nunca hayan podido pasar. Y eso es porque más allá de las posiciones políticas en otros temas, hay gente que converge en estos asuntos”, analiza la activista de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP).

“En Brasil, en tiempos de Dilma, hubo encuentros donde ellos mismos (los campesinos) definieron que le pedían al Gobierno. Y se hizo un plan de apoyo a la agroecología. Es decir, se buscaba la forma de conseguir una semilla verdadera, no con patentes. Luego, hubo asesorías para la producción, desde el agro. Aquí el INDAP dice que lo va a hacer pero termina repartiendo semillas híbridas”, denuncia quién ha entregado parte de su vida a la defensa de la tierra y sus trabajadores, en contra del ecocidio impulsado por las transnacionales y su agronegocio.