OEA posterga para el 2014 el debate sobre políticas de drogas

Tibia es la declaración final de la última Asamblea de la OEA respecto al cambio en las fracasadas políticas de drogas. La propuesta de Guatemala de repensar las actuales políticas prohibicionistas y los argumentos dados por organizaciones de la sociedad civil, lograron que se llamara para el próximo año a una asamblea extraordinaria para analizar el tema. Otro tema abordado fue una polémica propuesta de la CIDH contra gobiernos progresistas de la región.

De madrugada culminó este viernes la XLIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pese a las demandas de la sociedad civil y el ánimo de algunos gobiernos, la esperanza de un cambio en las políticas de drogas se postergó para “profundizar” el debate, según la declaración final suscrita por las 34 delegaciones presentes en la cumbre..

La Declaración de Antigua reconoce que el tema de las drogas “se ha convertido en un desafío cada vez más complejo, dinámico y multicausal” y requiere “un abordaje integral, equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de derechos humanos y libertades fundamentales”.

Pese a la presión de EE.UU. por mantener el actual status quo de políticas centradas en la represión, la propuesta de la sociedad civil de celebrar el próximo año una asamblea general extraordinaria que analice las políticas de drogas, fue aprobada, lo que da cuenta de que cada vez son más gobiernos los que reconocen el fracaso a la guerra a las drogas,  promovida por EE.UU. desde hace 40 años

Fernando Carrera, canciller de Guatemala, país que es impulsor de discutir las actuales políticas de drogas, contó que se acordó en la plenaria avanzar hacia la renovación de la lucha contra el narcotráfico a partir del año 2016, año en que se tendría una propuesta concreta ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según Carrera la nueva política deberá incorporar el respeto a los derechos humanos, la salud pública, educación, e inclusión social, junto a acciones contra el crimen organizado.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció que en la cita “no se abordó la discusión sobre la despenalización ni la legalización porque no era objeto de esta Asamblea”. Insulza espera que “en 2014 y 2015 se den cosas concretas para que en 2016 se tomen decisiones” para que los países del continente lleguen a la asamblea de la ONU con un planteamiento para discutir las convenciones sobre drogas.

“Yo, a la luz del informe y toda la gente que consultamos, no veo mucho ánimo para la legalización (…) No hay que confundir nunca despenalización con legalización, eso es un error, la despenalización supone que la droga sigue estando prohibida, sigue siendo ilegal su venta, su tráfico, su comercialización, su cultivo, etcétera”- sostuvo Insulza.

Para el presidente de Guatemama, Otto Pérez Molina, la Asamblea fue “muy productiva”, al haber promovido el debate sobre las políticas de drogas y dar cuenta de que existe apertura para buscar nuevas alternativas en el combate de las drogas a nivel regional. “Hay coincidencias en la necesidad de establecer nuevos mecanismo en la lucha antidrogas”- sostuvo.

LA NUEVA ESTRATEGIA PROMOVIDA POR GUATEMALA

Desde el año pasado que el gobierno de Guatemala viene promoviendo el debate de las actuales leyes prohibicionistas. El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, sostuvo el año pasado que “creemos que después de 25 años de estar en lucha contra el narcotráfico, es importante abrir un debate para encontrarle una forma mucha más efectiva para combatirlo”.

En la reunión el presidente colombiano y el jefe de la OEA presentaron un informe sobre alternativas a las políticas de drogas, tarea encomendada por los presidentes en la Cumbre de las Américas 2012, luego de que pese a que no estaba agendado el tema se tomó la discusión y muchos presidentes reconocieron su frustración por la ineficacia y los altos costos de las actuales políticas prohibicionistas.

En la discusión sobre políticas de drogas se juntan prejuicios y presiones políticas que cruzan el arco ideológico. Así países con gobiernos de izquierdas como Nicaragua y El Salvador están más cerca de la postura prohibicionista de EE.UU. y Panamá; en cambio, gobiernos de derecha, como el de Colombia y Guatemala, reconocen la necesidad de la discusión. Países como Venezuela, Brasil y Bolivia no se han pronunciado en contra de la postura de EE.UU., en tanto en Uruguay no se concretó una propuesta de legalización del cannabis propuesta por el gobierno de José Mujica y en Argentina hace años se esperan los resultados de una comisión que revisaría la legislación de drogas.

Varios ex presidentes, como los mexicanos Vicente Fox y Ernesto Zedillo, el brasileño Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria o el norteamericano, Jimmy Carter, han apoyado una carta que pide la regularización de las drogas.

Pérez Molina, por su parte, dijo en la reciente sesión de la OEA que seguirá insistiendo  en su propuesta de despenalización de las drogas, pero que no habrán cambios en su política interna antes de llegar a un consenso al interior del organismo latinoamericano. “La propuesta que hemos hecho ha ido avanzando. La despenalización de las drogas es una de las alternativas que no puede dejarse de lado”- sostuvo el mandatario guatemalteco.

LA LIBERTAD DE PRENSA DE LA CIDH

Pero el tema que prolongó la discusión de la OEA no fueron las políticas de drogas, sino el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el apoyo a los conglomerados mediáticos de la región.

Un documento promovido por la CIDH sobre acceso a la información fue objetado principalmente por Ecuador, país que cuestiona la actitud de la comisión respecto a la  libertad de expresión. Pese a que el texto terminó siendo aprobado, Ecuador acusa su falta de credibilidad.

El analista ecuatoriano Roberto Follari acusa que “bajo la idea de que quien siempre es sospechado de atropellar los derechos humanos sería el Estado (como sucedía efectivamente con las dictaduras), la CIDH se hace eco de acusaciones curiosas, como la pretendida falta de libertad de prensa en vigencia de gobiernos democráticos. Lo curioso es que siempre tal pretendida «falta de libertad» se da cuando hay gobiernos progresistas instalados. Los gobiernos votados, pero de derecha, «no afectan la libertad de prensa» en tanto, como es obvio, la gran prensa está de acuerdo con ellos, cuando no son exactamente los mismos personajes los que se ubican en ambos lados del mostrador (gobierno y medios)”.

Follari agrega que “cuando cuasi-monopolios mediáticos denuncian una inexistente falta de libertad de prensa como ariete político contra los gobiernos populares, la CIDH se pone del lado de las derechas y los grandes empresarios en contra de los gobiernos. Se pronuncia contra la población, que es la que apoya a esos gobiernos; y en pro de pequeñas élites privilegiadas en lo económico. Desconoce así el derecho a la libre información de la población (que tiene acceso sólo a unos pocos medios hegemónicos) e ignora la paradoja semigrotesca de que quienes denuncian que no habría libertad de prensa cuentan con toda la libertad que permite denunciarla en los medios, lo que inhabilita el significado de esa denuncia”.

LAS PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

La organización pro despenalización argentina Intercambios aplaudió el llamado a profundizar el debate sobre política de drogas, aunque lamentó que faltara “una definición más concluyente en el sentido de despenalizar la tenencia para consumo personal en las legislaciones del hemisferio”.

Pablo Cymerman, responsable del área de Incidencia Política de Intercambios, quien estuvo en la asamblea de la OEA como invitado de la sociedad civil, sostuvo que “el tono del debate ha cambiado: todos los participantes admitieron que las políticas aplicadas hasta el momento no han dado resultados y coincidieron en la necesidad de encontrar una estrategia alternativa”.

Cymerman en una reunión previa a la declaración final sostuvo que “esta Asamblea General de la OEA nos ofrece la oportunidad histórica de cerrar la era de sufrimiento causado por la ‘Guerra contra las Drogas’”. Respecto de la declaración final sostuvo que “no tomó en cuenta los conceptos que se manejaron en instancias previas, tendientes a impulsar la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal en las legislaciones del hemisferio”.

Otras organizaciones que estuvieron atentas al encuentro son el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Para el TNI “este momento representa una oportunidad única para que países de toda América revisen seriamente sus políticas de drogas a nivel nacional y regional”. Entra las salidas a las actuales leyes prohibicionistas, destacan la opción de tener mercados de cannabis regulados y legales.

El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) envió una carta a los gobiernos en la que los llamaba a que “refuercen sus compromisos en materia de derechos humanos frente a las políticas de drogas, y en esa medida, discutan y replanteen las iniciativas existentes, con el fin de ubicar los derechos humanos en el centro del debate”.

En el Décimo Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y Actores Sociales, organizado por OEA en mayo pasado se recomendó (VEA EL INFORME ACÁ) la necesidad de considerar el consumo problemático de drogas como un problema socio-sanitario, lo que implica una mejora de los servicios de salud pública en respeto a los derechos humanos; asegurar la proporcionalidad justa de las penas distinguiendo entre narcotráfico y otros tipos de delito; delitos violentos y no violentos o tipos de drogas; y crear mercados regulados para cannabis.

Coletta Youngers, experta en política internacional sobre drogas y consultora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y del IDPC, sostuvo que “creemos necesario que los informes sean discutidos a nivel hemisférico, para ser el puntapié inicial para un debate reflexivo más profundo sobre las políticas de drogas vigentes. En la Carta abierta, recalcamos la necesidad de que el debate tenga como eje la protección y el respeto de los derechos humanos en el continente.”

Un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, dado a conocer a mediados de año, tras monitorear la cruzada contra las drogas en las últimas cuatro décadas concluyó que ésta creó una “amenaza para la seguridad internacional”. El documento ‘Drogas, inseguridad y Estados fallidos: los problemas de la prohibición’,  acusa que la prohibición no han impedido la producción, el tráfico y el consumo de drogas, en cambio, aumentó la violencia y la inestabilidad en el planeta.

La próxima asamblea de la OEA, a realizarse en Paraguay en 2014, se enmarca en un contexto de fracaso de la prohibición y cambios en algunas legislaciones. En EE.UU., pese a las posturas del gobierno federal, los estados de Colorado y Washington votaron a favor de legalizar y regular el cannabis, y en Uruguay, el Parlamento está debatiendo un proyecto de ley por el que se legalizaría y regularía el mercado nacional de cannabis en el país.

Mauricio Becerra Rebolledo

@kalidoscop

El Ciudadano

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