La mayoría de quienes ejercen la defensa de las libertades fundamentales en Colombia corren un creciente riesgo, advirtió en un informe la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El «informe del relator especial Michel Forst sobre la situación de defensores de derechos humanos en Colombia determina que la mayoría de las personas defensoras en Colombia están en peligro y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años«, señaló la oficina en su cuenta de Twitter junto al reporte del funcionario.
El informe, elaborado a partir de una visita de Forst a Colombia tres meses después de la asunción del presidente Iván Duque en agosto de 2018, señala que las zonas que controlaba la ahora disuelta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) concentran la mayoría de los crímenes contra los defensores de derechos humanos.
«Los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos y los acuerdos de paz en las zonas rurales más afectadas por el conflicto son el principal blanco de asesinatos, ataques y otras violaciones de derechos humanos», señala el reporte de 20 páginas.
Colombia es el país de la región en el que más se cometen asesinatos contra defensores de derechos humanos, con una elevada impunidad, añade la investigación.
«Desde 2016 la fiscalía ha decidido priorizar la investigación de los asesinatos de defensores documentados por el ACNUDH, es decir 302 casos», dice el informe de Forst.
Sin embargo, «esta cifra no representa el universo total de asesinatos ocurridos y excluye aquellos que sucedieron antes del Acuerdo de Paz (firmado entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016)», señala el reporte.
Al respecto expone que, según información de la fiscalía, en agosto de 2019, de los 302 asesinatos documentados por el ACNUDH desde 2016, 33 contaban con sentencias firmes, 55 estaban en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y tres concluyeron por muerte del acusado.
«Estas cifras sitúan en un 11% los casos esclarecidos, frente a un 89% que todavía no tienen una determinación de culpabilidad, si bien en el 54% de estos últimos se están dando avances en la investigación», indica el documento.
La ACNUDH hizo un llamado al Gobierno para que amplíe la protección a los defensores de DDHH y avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz.
El retraso en este proceso es una de las causas estructurales del riesgo que soportan los defensores, según la ONU.
Cortesía de Sputnik
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