El periodista maya Pedro Canché Herrera, fue detenido el 30 de agosto de 2014 tras tomar fotografías durante una protesta y acusado de organizar bloqueos junto con pobladores indígenas, a los cuales se les había impuesto el uso de un medidor de agua y alza en el costo del servicio 500 veces superior.
Ante tales argumentos emitidos por las autoridades municipales junto con el presidente del Consejo de la Judicatura en Quintana Roo y el gobierno estatal, culparon y llevaron preso durante más de nueve meses,
Así mimo, fue acusado de sabotaje por el gobierno de Quintana Roo, delito grave en la entidad, sin derecho a fianza ni a solicitar amparo, según el artículo 204 del Código Penal local.
El periodista, aseguró que a los pocos días fue amenazado y el 22 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública estatal pidió orden de aprehensión en su contra, por lo que fue remitido siete días después, luego de ser golpeado y amenazado por otros presos, dictándole el 5 de septiembre auto de formal prisión.
Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación a las autoridades municipales de Carrillo Puerto, al presidente del Consejo de la Judicatura en Quintana Roo, así como al gobierno estatal, solicitando frenar el hostigamiento y las amenazas contra el periodista para ponerlo en libertad, tras las pruebas presentadas que gracias su defensa demostró las irregularidades cometidas ante un tribunal colegiado.
Señalaron que el alcalde violó los derechos de libertad de expresión, después de que el consejero del estado acudiera a las instalaciones del periódico Noroeste para exigir que dejara de publicar su columna Punto Cardinal.
Finalmente, el alcalde aceptó reparar el daño, sin embargo manifestó no estar de acuerdo con los argumentos de la investigación que hizo la CEDH, ya que menciona que nunca tuvo la intención de generar incertidumbre o temor a sus familiares, ni atentar contra la libertad de pensamiento y de expresión.
Por Ricardo Ortiz
El Ciudadano