El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó una orden de detención en contra el exjuez Juan Poblete tras no presentarse a la audiencia de cautelares por el caso de espionaje y escuchas telefónicas por parte del Ejército, en el marco de la denominada Operación Topógrafo.
El otrora magistrado estaba citado para este lunes para ver las medidas en torno a la investigación judicial en su contra por haber autorizado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) del Ejército a efectuar interceptaciones telefónicas a cuatro funcionarios: capitán Rafael Harvey, exsargento Juan Pablo Díaz, exteniente Carlos Farías Ramírez y el cabo primero Sergio Tudesca; además del periodista Mauricio Weibel.
Tanto Weibel como los ex militares habían denunciado casos de desfalco en la institución y hechos de violaciones a los derechos humanos.
El exjuez Poblete se excusó a través de un correo electrónico que le envío al tribunal.
“Incluso, el fiscal dijo en la audiencia que había hablado directamente con él (Poblete) por la importancia de la audiencia de hoy, y no se presentó y mandó un mail al tribunal pidiendo que lo dejaran ausentarse por cosas que no corresponden”, declaró a CNN Chile la abogada querellante Karinna Fernández.
El exjuez también comunicó que cambió de abogado defensor.
“Nos parece que es claramente una ofensa a la fe pública”, agregó Fernández.
Mauricio Weibel se refirió vía redes sociales a la orden de detención contra el exjuez Juan Poblete, y valoró la decisión del tribunal asegurando que es “un gran avance para el periodismo y la libertad de expresión”.
“Operación Topógrafo”
Los hechos se remontan a los años 2017 y 2018 a raíz de presuntos hechos de corrupción ocurridos al interior de la institución castrense. Durante al menos seis meses en 2017 se ejecutó la operación que habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
El caso detonó en agosto de 2019, cuando La Tercera destapó la “Operación Topógrafo” e informó que las comunicaciones de estas cinco personas fueron interceptadas por el Ejército de forma ilegal, luego de que la Dine pidiera autorización al Poder Judicial ocultando el nombre de los verdaderos propietarios de las líneas telefónicas.
En este sentido, por ejemplo, para intervenir el teléfono del periodista Weibel, aseguraron que ese número pertenecía a una ciudadana boliviana que supuestamente recababa antecedentes estratégicos del Ejército.
De acuerdo a Ciper, del total de documentos con que la Dine solicitó autorización judicial para las 17 intervenciones telefónicas, solo uno contenía el nombre real del usuario de la línea interceptada.
Vale acotar que todos los documentos involucrados llevan la firma del entonces jefe de la inteligencia militar, Schafik Nazal, y fueron autorizados por también entonces ministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, Schafik Nazal y Juan Poblete se habrían coordinado para interceptar los teléfonos con el argumento de que estaban filtrando información reservada “que ponía en riesgo la seguridad nacional”, se pidió seguir sus comunicaciones.
Todas las solicitudes de autorización judicial y las órdenes enviadas a las compañías telefónicas, se hicieron al margen de la ley, a través de un procedimiento especial de interceptaciones telefónicas.
Sin embargo, según el Consejo de Defensa del Estado, estos requerimientos se hicieron utilizando fundamentos y nombres falsos que permitieron interceptar a personas que eran denunciantes de irregularidades dentro del Ejército.
Además, el Consejo expuso que antes de que Nazal finalizara su periodo como director de la DINE, solicitó el término de todos los procedimientos especiales autorizados, con el fin de no dejar evidencia para el mandato de su sucesor, Guillermo Paiva Hernández.
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