Basados en datos recopilados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, entre los meses de junio de 2008 y agosto del 2010 han sido asesinados/as en Venezuela 122 sindicalistas y defensores/as de los derechos laborales.
La gravedad de esta situación no ha sido en su complejidad comprendida por las autoridades, por tanto, las condiciones que hacen posible los crímenes, como la existencia de una alta impunidad, se mantienen hasta el día de hoy.
Provea, utilizando el concepto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que los/as sindicalistas son defensores/as de los derechos humanos. La ONU, y otras organizaciones del sistema internacional de protección como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) consideran que “toda persona que de cualquier forma promueva la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos”.
La inmensa mayoría de las víctimas corresponden a la violencia relacionada con la obtención de puestos de trabajo bajo la modalidad de sicariato, principalmente en los sectores construcción y petróleo. Esta modalidad diferencia la situación de Venezuela de los crímenes contra los sindicalistas denunciados en otras partes del mundo, por ejemplo Colombia.
En un estudio sobre ataques a defensores/as de derechos humanos en Venezuela, entre los años 1997 y 2007, elaborado conjuntamente por Provea y la Vicaría de Derechos Humanos, se registró que la primera víctima por esta modalidad, Wilmer Velásquez, falleció en julio del año 2001 en Coloncito estado Táchira. A partir de ese momento se inició una espiral de violencia que tuvo un primer momento álgido en el año 2006, cuando se registraron 23 asesinatos, sumando un total de 52 casos para mayo de 2007. De esta cifra el 42.2% de los ataques ocurrieron en el estado Bolívar. De continuar con las tendencias reflejadas hasta el momento, se proyecta que para el año 2011 se superarán las 200 víctimas.
El Estado ha incumplido sistemáticamente su deber de investigar y sancionar estos crímenes. Según el estudio realizado por las dos organizaciones de derechos humanos en 10 años, de los 52 casos apenas 3, es decir, en sólo el 5,7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esto revela la existencia de una situación de alta impunidad y la ausencia de investigaciones sobre las denuncias que involucran la presunta participación de funcionarios policiales en los crímenes, así como de diferentes organizaciones sindicales como autoras intelectuales de los asesinatos.
Para Provea son varias las causas de esta espiral de homicidios. En primer lugar la situación general de violencia e impunidad existente en el país, donde según cifras oficiales del CICPC para el año 2008 ocurrieron 14.467 homicidios en el país, 3 asesinatos cada dos horas en Venezuela. En segundo lugar, la existencia de la cláusula 53 en la Convención Colectiva del sector construcción, la cual estipula que “el empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco (75%) de los trabajadores que requiera”, la cual ha ocasionado que las organizaciones gremiales prioricen atribuciones patronales sobre la defensa de los derechos de sus agremiados.
El denominado “paralelismo sindical”, mediante el cual se han creado, de manera artificial y por motivaciones políticas, organizaciones gremiales que rápidamente han desnaturalizado sus funciones. Por último, y relacionado a lo anterior, la actual debilidad del movimiento sindical en el país, que a pesar del aumento de la cantidad de organizaciones no posee incidencia real en el diseño y ejecución de políticas públicas para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. La fragmentación, poca autonomía, débil capacidad de presión política y polarización de las centrales sindicales existentes, han influido en que la violencia sindical por la obtención de puestos de trabajo, no se encuentre entre las principales preocupaciones y exigencias de las movilizaciones obreras en Venezuela.
Provea solicita a los poderes públicos, tanto al Presidente de la República, al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo un explícito reconocimiento de la gravedad del problema; el inicio de un debate amplio con la participación de los/as diferentes actores involucrados/as, sobre sus causas, y el diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para revertir esta situación que ha enlutado a decenas de familias venezolanas.
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