Organizaciones presentan querella por la muerte de adolescentes en centro educativo

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentaron, ayer, querella adhesiva criminal por homicidio doloso contra los presuntos responsables de las muertes de dos adolescentes en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), el pasado 21 de abril: Juan Carlos Saucedo Jara e Ignacio Franco Fernández, ex guardia cárceles; Julio César Bogado Giménez , ex director interino del CEI; y Fidelino Falcón, ex jefe de seguridad. La querella fue presentada ante el Juzgado Penal de Garantías de Capiatá, y será llevada adelante por el equipo jurídico de la Codehupy, encabezado por el abogado Dante Leguizamón, y la abogada. Karina Cuevas, por la CDIA, en representación de los familiares de las víctimas.

La búsqueda de justicia es uno de los ejes del litigio estratégico planteado por ambas organizaciones, cuyo objetivo es que se investigue y determine el grado de responsabilidad penal de los imputados, y su posterior sanción; por otro lado, el acompañamiento psicológico y comunitario a los familiares de los adolescentes fallecidos, y por último, la instalación de políticas públicas integrales y efectivas en lo que respecta a los adolescentes en conflicto con la ley que garanticen sus derechos humanos así como la no repetición de este tipo de hechos.

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El 21 de abril del 2014 aproximadamente a las 17:30 horas, varios adolescentes recluidos en el CEI habrían iniciado una acción de protesta en reclamo a constantes situaciones de maltratos físicos y verbales, mala calidad de la alimentación, falta de insumos básicos, entre otros. Para llamar la atención de los funcionarios administrativos del CEI, habrían quemado colchones en el interior de sus pabellones.

Cuando ya la tensión había mermado, varios guardias, entre ellos los dos citados más arriba, se habrían acercado hasta uno de los pabellones y, una vez que llegaron a las rejas, entre los barrotes estos últimos habrían realizado disparos a quemarropa con armas de fuego contra los adolescentes que se encontraban dentro del pabellón. Como consecuencia de dicha acción fallecieron dos adolescentes y otros resultaron heridos.

En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había condenado al Estado Paraguayo por el «Caso Panchito López”, debido a las condiciones carcelarias infrahumanas a las que fueron sometidos cerca de 4.000 adolescentes, entre los años 1996 y 2001. En su sentencia, la Corte IDH determinó la «declaración de una política de Estado en materia de adolescentes en conflicto con la ley consistente con los compromisos internacionales del Paraguay”, que contemplara «estrategias, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para que los adolescentes privados de libertad se encuentren separados de los adultos; así como para la creación de programas de educación, médicos y psicológicos integrales para todos los adolescentes privados de libertad”.

Fuente: Kaosenlared.net