El pasado miércoles, la filial salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso realizó un seminario virtual donde fue abordada la situación actual de las ejecuciones extrajudiciales en el mencionado país centroamericano, llegando a la conclusión de que este tipo de muerte fuera de la ley aún existe en El Salvador.
En el evento virtual estuvo presente la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), el Centro por la Justicia y el Derecho (Cejil), la Open Society Justice Initiative (OSJI), el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (LAV-UER) y la Oficina para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Oacnudh.
La delegada de la Ormusa, Silvia Juárez presentó un informe que reflejaba cualitativa y cuantitativamente la realidad que enfrenta El Salvador en lo que respecta a las ejecuciones extrajudiciales. “Hay que evitar el empleo de las Fuerzas Armadas” concluyó Juárez.
La representante del Cejil, Claudia Paz denunció que la debilidad de las leyes aplicadas en El Salvador a los agentes de las fuerzas del orden público, que cometen ejecuciones extrajudiciales “envían un mensaje fuerte y severo para que estos hechos ocurran”.
Paz aseguró además que es norma mantenerles el puesto de trabajo a los oficiales involucrados en este proceder ilegal e incluso, ocultar los nombres de los miembros de las fuerzas del orden público que se ven implicados en estas muertes al margen de la ley.
“La falta de disponibilidad de armas no letales ayuda al aumento de la mortalidad policial”, argumentó por su parte el integrante del LAV-UER Emiliano Rojido.
Rojido agregó que las instituciones policiales tienden a responsabilizar a los agentes que cometen ejecuciones extrajudiciales librándose así de la posibilidad de ser enjuiciadas, algo que permite que estas entidades continúen cometiendo dichos actos ilícitos.
Por su parte, la comisionada de la Oacnudh en México, Ina Zoon recomendó que una de las formas en que El Salvador pudiera disminuir las ejecuciones extrajudiciales sería cuantificar la letalidad policial es decir, calcular el índice de decesos civiles por policías fallecidos en cada enfrentamiento armado.
Con información de Telesur
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