Organizaciones y parlamentarios exigen regreso del prefecto Sandro Gaete a Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones

Joan Jara, viuda de Víctor Jara, afirmó en conferencia de prensa, que cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), perjudican avances en verdad y justicia

Organizaciones y parlamentarios exigen regreso del prefecto Sandro Gaete a Brigada de Derechos Humanos de Investigaciones

Autor: Cristobal Cornejo

Joan Jara, viuda de Víctor Jara, afirmó en conferencia de prensa, que cambios en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), perjudican avances en verdad y justicia.

“No es posible que los criminales, a treinta y siete años, sigan caminando impunemente por las calles de nuestro país”, afirmó la viuda frente a la prensa, en representación de la Fundación Víctor Jara y otras agrupaciones, en referencia a los cambios ocurridos al interior de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Acompañada, también, por los diputados Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló y el abogado querellante en el caso del cantautor, Nelson Caucoto, Jara aseguró que el desmantelamiento de dicha Brigada “afecta gravemente no sólo al caso de Víctor, sino a todos los casos de violaciones de los derechos humanos que demandan verdad y justicia en nuestro país”. Calificó de “incomprensible exilio interno” el alejamiento del subprefecto Sandro Gaete, quien fue sacado de la jefatura de la unidad y enviado a la ciudad de Puerto Aysén.

Para Joan Jara y las agrupaciones allí presentes, el traslado de Gaete implica “un grave retroceso en la investigación de este horrendo crimen de lesa humanidad que ya lleva treinta y siete años esperando su esclarecimiento”. A su vez, criticaron la decisión de nombrar al subprefecto Luis Nieto, pues éste proviene de la Brigada de Delitos Medioambientales, y no tiene experiencia en casos de Derechos Humanos.

Ante esta situación, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos , afirmó que en una reunión sostenida con Marcos Vásquez, Director de Investigaciones, le solicitaron la reincorporación de Sandro Gaete a la Brigada, reiterando el retroceso que ello significa para el avance de la justicia.

Coincidieron con esta opinión los parlamentarios, miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Para Aguiló, la presencia de Gaete en las causas de delitos de lesa humanidad llevadas por la Brigada es fundamental, advirtiendo que “mientras más se busque verdad y justicia, mayor paz social existirá en Chile (…) El Estado de Derecho debe funcionar”, dijo, criticando de paso la permanencia de la llamada Ley de Amnistía de 1978.

Gutiérrez dirigió sus críticas al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, por no insistir en la búsqueda de los culpables del crimen de Víctor Jara, e hizo un llamado a investigar todas las muertes ocurridas durante la dictadura.

Por su parte, Nelson Caucoto, abogado querellante en la causa del asesinato de Jara, hizo un reconocimiento a la labor ejercida por Sandro Gaete al interior de la Brigada, en el sentido de haber permitido el avance en muchos casos de delitos de lesa humanidad, calificando a esta unidad policial como un “baluarte en la defensa de los DDHH”. Por eso, el abogado calificó su alejamiento como un hecho contradictorio, justo en el momento en que se presentan ante el Poder Judicial cerca de 800 querellas por violaciones y crímenes ocurridos durante la dictadura, entre ellas, la relacionada con la muerte del ex presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

“Esto no se puede improvisar”, afirmó Caucoto, refiriéndose a los nuevos nombramientos en la Brigada. “Se necesita gente capacitada para dirigir esta investigación. Probablemente la opinión pública no tiene muy claro que detrás de estos éxitos judiciales está la Policía de Investigaciones”, afirmó.

El abogado comentó, también, que es muy importante la apertura de causas cerradas; en especial, las relacionadas con muertos y desaparecidos en el período 1973-1990, que suman unos 5 mil.

Por Christian Armaza Benavides

El Ciudadano

Fotografía: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos


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