«Pacogate»: Los antecedentes que justificaron la prisión del general Flavio Echeverría

Una extensa jornada se vivió este domingo durante la formalización de ocho ex oficiales de Carabineros y un civil por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos, ocurridos al interior de la Dirección de Intendencia a cargo del general Flavio Echeverría Cortez.

En prisión preventiva quedó el uniformado experto en gestión empresarial que abandonó su puesto a inicios de marzo, cuando el general director Bruno Villalobos convocó a una conferencia de prensa para anunciar detalles de la investigación por fraude encabezada desde Punta Arenas por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.

Villalobos señaló entonces que Echeverría salía de la institución por responsabilidad de mando y no por estar involucrado directamente en el desfalco, versión discordante con la exposición de antecedentes que el Ministerio Público realizó este domingo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De entrada, los abogados del general en retiro pidieron que la detención efectuada el sábado contra su cliente – quien permaneció esposado en la sala junto al coronel (r) Jaime Paz Meneses; los tenientes coroneles (r) Ramiro Martínez Chiang, Robinson Carvajal Leyton y Héctor Nail Bravo; los capitanes (r) Felipe Ávila Paz y Francisco Estrada Castro; el mayor (r) Nelson Valenzuela Aravena; y el civil Gonzalo Carrasco Quintana -, fuera declarada ilegal.

El magistrado rechazó la solicitud, descartando así la posibilidad de repetir lo ocurrido una semana antes, cuando un tribunal objetó la privación de libertad de 17 imputados y el ministro del Interior, Mario Fernández, lanzó duras críticas a la Fiscalía.

Empoderado esta vez con la declaración de competencia del tribunal capitalino, que desde ahora asumirá el control de la causa iniciada en el sur del país, el fiscal Campos dio paso a la formalización, ubicando temporalmente los supuestos hechos delictivos en el período 2010-2017. Junto con ello, aumentó la cifra estimada del robo a 10 mil millones de pesos.

Campos afirmó que todos los detenidos se asociaron para cometer crímenes contra el orden público y el patrimonio fiscal, realizando maniobras ilícitas con la base de datos contable de Carabineros a través de depósitos millonarios que hacían pasar por remuneraciones, viáticos y otros emolumentos, destinados a funcionarios activos y en retiro, y a familiares de éstos.

En el proceso, explicó, se identificaban las personas captadoras y se las reclutaba. Luego se adulteraban archivos bancarios para incorporar como beneficiarios a miembros de la organización, pagando comisiones a quienes facilitaban sus cuentas y ocultando el origen de los fondos, ya sea a través de la adquisición de instrumentos financieros, bienes o constitución de sociedades.

El fiscal Campos individualizó al general Flavio Echeverría como el máximo líder, quien presuntamente instruía a los demás miembros a cometer ilícitos y a tapar los déficit generados por la defraudación. Además, habló de un total aproximado de $416 millones de pesos sin justificar, invertidos en propiedades y fondos mutuos por el alto oficial.

Por su parte, el fiscal oriente Miguel Ángel Orellana recordó que el caso partió cuando un banco reportó a la Unidad de Análisis Financiero movimientos sospechosos en las cuentas del jefe de la SIAT de Punta Arenas, Felipe Ávila, quien declaró haber sido contactado desde la capital para explotar las «debilidades» del sistema informático institucional y participar en la sustracción de dinero.

A través de una declaración prestada en enero de 2017, el general Echeverría admitió haber conversado con el ejecutivo bancario que denunció el traspaso de dinero a la UAF e intentó justificar la situación. Asimismo, dijo que tomó la decisión de asignar como instructor del sumario interno al coronel Jaime Paz, quien – por sus aparentes lazos con el fraude – «no era la persona más idónea para investigar», opinó el fiscal Orellana.

Sumado a lo anterior, el Ministerio Público reveló al juez una serie de mensajes de WhatsApp que demostrarían las presiones ejercidas por el coronel Paz a testigos, en las que éste dictaba lo que debían declarar tanto en la investigación interna como en la penal.

Otro punto importante fue la mención de reuniones captadas en video entre varios imputados. Según el testimonio de Ávila, en ellas le aconsejaron «echarse la culpa» ya que Paz tenía «todo arreglado» con la indagación administrativa que él mismo dirigía, respaldado por el general Echeverría.

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses de investigación.