Está previsto que hoy miércoles a las 12 horas se realice la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de un teniente 2° y un cabo 1° de la Armada de Chilea, acusados de causar la muerte del comunero mapuche Yordan Llempi Machacán, luego que el juez de Garantía de Cañete, Cristián Rosenberg, acogiera el requerimiento de la defensa.
La entrega de los marineros se concretó 23 horas después de la orden de detención emanada de la Fiscalía Regional del Bíobio contra el teniente de la Armada Luis Videla y el cabo Ricardo Seguel San Martín, como imputados, en calidad de autores, del homicidio del joven comunero de 23 años, ocurrido el 3 de noviembre de 2021, durante el Estado de Excepción.
El juez acogió los argumentos de la defensa que dijo que no contaban con todos los antecedentes necesarios para defender a los imputados, incluso afirmó que no recibió la copia de la orden de detención previo a la audiencia ni tampoco tuvo acceso al informe policial ni a la evidencia del Ministerio Público.
“El tribunal, estimando que las defensas tienen derecho a contar con todos los antecedentes necesarios a fin de fundamentar sus peticiones, en específico, también incidentar la legalidad de la detención, más allá de que esta haya sido ordenada por un tribunal, se hizo lugar a posponer la audiencia de control de la detención hasta el día de mañana (miércoles) a las 12 horas, a fin de que las defensas correspondientes puedan acceder a los antecedentes que entregó el Ministerio Público al tribunal para las respectivas órdenes de detención”, explicó el magistrado Rosenberg de la Fuente.
La Fiscalía del BioBío señaló que la orden de retener a los aludidos fue fundada «en los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI».
De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por la fiscalía, a cargo de Nelson Vigueras, el comunero falleció después de recibir un impacto de proyectil de arma de fuego cuando estaba en su domicilio en el sector San Miguel, a un costado de la ruta P 72-S, en Cañete.
Funcionarios de la Policía de Investigación (PDI) llegaron este martes al Fuerte O’Higgins, base naval dependiente de la segunda zona naval en Talcahuano, para detener a los dos marinos, pero este procedimiento fue resistido por la Armada y solo se concretó pasado el mediodía, después de 23 horas de emitida la orden.
No obstante, según informó @larevuelta_cl, el comandante de la base Naval Talcahuano habría ordenado el acuartelamiento con el fin de no respetar la orden de detención en contra del teniente Luis Felipe Videla y el cabo segundo Ricardo Seguel.
Según consignó Radio U de Chile, el responsable de la demora en la entrega de los marinos habría sido el removido jefe de la defensa del Estado de Excepción en el Bío Bío, Jorge Parga, quien estuvo a cargo de las operaciones el día del asesinato de Llempi.
Por su parte, Radio Bío Bío,consignó que desde la Armada argumentaron que la policía civil no tendría competencia al interior de la Base Naval para efectuar la detención de alguna persona ya que dicha competencia le correspondería a la policía naval.
No obstante, fuentes consultadas por Interferencia señalan que los efectivos militares no se encontraban la noche del lunes en el recinto militar. Según esta versión, los infantes de marina se encontraban en la localidad de Los Álamos, a unos 30 kilómetros de la base naval. Con ello, Parga acordó con los policías que al día siguiente tanto Videla como Seguel se encontrarían en el recinto militar y así concretar el procedimiento.
De esta forma, la PDI volvió a la base naval al día siguiente y cerca de las 11:00 de la mañana comenzó la detención de los infantes de marina, proceso que se extendió hasta cerca de las 12:30 de la tarde.
Según Interferencia es probable que la audiencia de los infantes de marina sea realizada vía telemática, pues los sindicados como autores del delito de homicidio están siendo procesados por el Juzgado de Garantía de Cañete, lo que dificulta su traslado hasta las dependencias de dicho establecimiento, pues se resguarda la integridad de los presuntos homicidas.
Videos incriminatorios
La decisión del fiscal Vigueras de proceder con la formalización por el delito de homicidio se basó en los antecedentes que aportaron los videos de las cámaras GoPro que portaban los marinos al momento de disparar contra el comunero mapuche en Cañete.
Según un comunicado de la Fiscalía regional del Bío Bío, la solicitud de detención se fundamenta en los resultados de las diligencias desarrolladas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI que apuntaría a Videla y Seguel como responsables del homicidio.
En concreto, se trataría de videos y audios recopilados de las cámaras Go Pro que los efectivos militares usaron durante su procedimiento, en el cual se apreciaría el momento en que efectúan unos 170 disparos con munición de guerra.
Por su parte Radio Bio Bío consignó que en uno de los registros audiovisuales incluso se aprecia cuando el cabo Seguel le señala al teniente Videla haber alcanzado con un disparo a un comunero. Si bien estas versiones apuntan a que el disparo fue realizado por Seguel, Videla también es señalado como responsable pues dio la orden que terminó por cobrar la vida del jóven mapuche.
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Llempi fue asesinado durante la acción bélica de infantes de marina y unidades militarizadas de Carabineros; mientras que al menos tres personas, incluido un menor de edad, resultaron heridas por disparos.
El comunero recibió impactos de bala cuando se encontraba en el patio de su casa. Según el relato de la familia, funcionarios dispararon sin motivos a los vehículos particulares y de transporte público que pasaban por la carretera.
Danitza Herrera, pareja del joven, denunció que Yordan «se encontraba en su domicilio, estaba afuera del patio de su casa cuando los milicos empezaron a disparar como locos y le llegó la bala».
La mujer acusó además que no se le brindó la ayuda necesaria, lo que a su juicio le podría haber salvado la vida.
La muerte del comunero de 23 años, fue repudiada por diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos el INDH, quienes pidieron de forma urgente una reconstitución de los hechos.
“Militares de la Armada dispararon ráfagas de balas»
Sobre la detención de los dos marinos, el padre del joven mapuche, Rolando Llempi , señaló que esperan que se haga justicia .
“Dentro de todo igual es una buena noticia, nos sorprendió que los hayan detenido. Nosotros como familia esperamos que digan la verdad, porque está más que claro lo que pasó, las imágenes no podrán discutirlas. Espero que se haga justicia”, dijo a Interferencia.
Destacó que los familiares del joven presenciaron su asesinato, a pocos metros del patio de la casa.
«Eran los militares de la Armada que disparaban ráfagas de balas, algunos arrancamos a la bodega, otros se tiraron al suelo, fue un lapso de como dos minutos y mi hijo gritó”, relató.
A juicio de Rolando Llempi el Estado de Excepción que fue decretado nuevamente el territorio “es un recuerdo terrible que vuelve para nosotros como familia, nosotros tenemos que salir adelante, pero ahora cotidianamente nos recuerdan ese terrible momento”.
Por su parte, el abogado querellante, Nelson Miranda, destacó que los hechos ocurridos ayer ofrecen una doble señal.
“En primer lugar, resulta importante que el Ministerio Público en un plazo no tan extenso haya decidido pedir la orden de detención en contra de un teniente y de un suboficial de la infantería de marina por su responsabilidad en el crimen en contra de Yordan Llempi. Pero por otro lado, tenemos la señal extraña de las cosas que ocurren en este país, es que demoraron casi 24 horas en hacer cumplir la orden de arresto, con toda una serie de situaciones completamente anómalas y fuera del supuesto estado de derecho”.
“Finalmente, se dio cumplimiento casi con un día de atraso la orden de arresto y pasaron a control de detención los marinos, pero la audiencia se suspendió hasta el día de mañana por petición de la defensa, porque esta vez sí se concedieron el tiempo adecuado para revisar los antecedentes, cosas que tendría que ser lo común, para todos los imputados, como no ocurre con los imputados mapuche”, dijo a Interferencia.
«Parga estaba a cargo de la Marina al momento del asesinato en un estado de excepción, y hoy el presidente Boric envía a las misma fuerzas al territorio”, dijo al tiempo que criticó el actual Estado de Excepción que vive la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío y que fue prorrogado el lunes 30 de mayo por otros 15 días más.
“Parga estaba a cargo de la Marina al momento del asesinato en un estado de excepción, y hoy el presidente Boric envía a las misma fuerzas al territorio”.
Respecto al resultado de la investigación, el abogado indicó que esperan que la condenas estén enmarcadas dentro de lo que es el reglamento jurídico.
«Acá hay muchos jóvenes mapuche que ha estado presos dos años en prisión preventiva por muchas veces delitos que no son de sangre a veces son condenados a más de 10 años”, planteó.
«Por lo tanto, esperamos una condena justa que entienda al final de este proceso que es un homicidio calificado, que las fuerzas armadas las pusieron ahí para controlar no se sabe bien qué, y que ocurrió este crimen alevoso. Estamos temiendo que algo así vuelva a ocurrir dado que la situación es básicamente la misma, la ocupación militar que hay en el Wallmapu, e inclusive hasta con mayor apoyo político”, dijo Nelson Miranda.
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